Los cargos de primer nivel en la Dirección del Registro Público y de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPC) al parecer se guardan para militantes del Partido Acción Nacional, siempre y cuando se tenga padrino político y recomendación azul. En la delegación Tijuana, se despidieron a los registradores públicos para relevarlos por militantes de partido e integrantes de grupos panistas. Empleados acusan anónimamente, que los nuevos funcionarios carecen de conocimiento en el cargo. El mismo delegado, José Antonio Morán Rangel admite que hubo un rezago de trabajo debido a las destituciones y a las nuevas contrataciones, el cual –asegura– ya está resuelto. El funcionario justifica los despidos: “La cuestión de la administración pública estatal es de ciclos”. De hecho, Morán Rangel desconoce la causa de la contratación de su nuevo personal pues se hicieron antes que asumiera la responsabilidad. Aun así alega que los recientes ingresos de personal cuentan con la preparación necesaria. Contrario a la versión del delegado, empleados señalan que los panistas que fueron puestos como registradores, sub-registradores y en barandillas, no cumplen ni siquiera con los requisitos mínimos que la Ley especifica, lo cual pone en riesgo de nulidad todos los trámites que se realicen. Antes que Morán, desde que arrancó la administración de Francisco Vega de Lamadrid, se colocó en Tijuana como delegada a Silvia Álvarez Hernández, militante del PAN, hermana del actual diputado Gerardo Álvarez y el primer caso a mencionar en el favoritismo panista. Araiza; primero panista, antes que nada Al arranque del gobierno de Vega de Lamadrid, José Antonio Araiza Regalado fue nombrado como el director general del Registro Público de la Propiedad. Araiza fue panista antes que funcionario. Se afilió al partido en 1989, año en que cursaba la preparatoria y año triunfal del partido en Baja California. El currículum de Araiza afirma que terminó la licenciatura y especialidad en derecho en 1993, pero la Secretaría de Educación Pública tiene marcado el 2004 la fecha que se le expidió su cédula profesional. Aun así, ya había sido delegado municipal en Tijuana en la administración de Kiko Vega (1998-2001) y diputado local (2001-2004). La trayectoria profesional del panista siempre ha sido bajo el cobijo del gobierno, en el 2006 como subdirector comercial en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y en el gobierno de Jorge Ramos, de nuevo como delegado municipal en Zona Centro (2007-2010). Panistas novatos De las nuevas adquisiciones en el Registro Público delegación Tijuana, todo el personal es panista. Los despedidos –con presunción de experiencia en el ramo– fueron al menos 3 sub-registradores con antigüedad. De hecho, uno de los requisitos de la Ley del Registro Público establece que para desempeñarse como registrador o sub-registrador es necesario “ser licenciado en derecho con título profesional y cédula profesional”… y acreditar “al menos dos años de experiencia en materia registral, inmobiliaria notarial o de correduría pública”. Empleados quienes piden el anonimato por temor a represalias, aseguran que los nuevos contratados carecen de la experiencia mínima. Señalan que además del favoritismo, la novatez en tan importantes cargos, pone en riesgo la funcionalidad de la dependencia. Como registradora, una de las responsabilidades más altas, se colocó a Laura Verónica Grijalva Tellado, egresada del Derecho de la UABC desde 1998 y activa en el PAN desde el 2006. En la nómina del Registro Público aparece como “sub registradora” con un sueldo de 25 mil 446 pesos, sin embargo, si se actualiza la plantilla deberá aparecer con un sueldo de 33 mil 500 pesos mensuales. Rosa María López Aguilar es sub-registradora, igualmente miembro activo en el PAN, David Vázquez Valles es otro abogado, con cédula profesional de 1999 y activo dentro del partido, acomodado en la dependencia con sueldo de 25 mil pesos. Ivonne Andrea Armenta Laguna a sus 24 años fue contratada como sub-registradora, egresada en el 2014 de la UABC en derecho, según la base de la Secretaría de Educación y también miembro activo de Acción Nacional desde 2011. Además, inconformes señalan a Gustavo Frausto e Iván Pérez Torres como recién contratados en atención en barandillas y quienes “no tienen la capacitación requerida para llevar a cabo la función de la atención y asesoría al público”. Ambos veinteañeros miembros activos en el partido. Gobierno partido En general, el Registro Público de la Propiedad, como otras entidades de gobierno, ha servido para acomodar a familiares y amigos dentro del PAN. Salta a la vista como sub-director general en Mexicali, el ex síndico de la ciudad, David de la Rosa Anaya, hermano del secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, y del diputado federal, Andrés de la Rosa. Otro caso es la nuera de Héctor Magaña Mosqueda, Diana Alejandra Suarez Lujano, quien se desempeña en el Registro Público en Tijuana como “analista registral de inscripciones” con un sueldo de más de 19 mil pesos mensuales. A Diana Suarez la reconocen por ser la esposa de Héctor Jair Magaña Cázares, hijo del panista, ex síndico procurador de Tijuana en la administración de Jorge Ramos. Magaña júnior, por su cuenta, aparece en la nómina del Estado como “coordinador de área” en el Departamento Jurídico de las Unidades Ejecutorias de la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad de Mexicali con un sueldo de 21 mil 858 pesos. La dirección de Registro Público también alberga en su plantilla de personal a Héctor Antonio Luévano Ruiz, hermano del dirigente del PAN en el Estado. El hermano del líder panista cobra como como “sub registrador” en la delegación Tijuana, devengando 25 mil pesos mensuales. Gustavo David Rodríguez es militante activo en el PAN, fue diputado por el PAN y trabaja en el gobierno del PAN. Cobra 22 mil 726 pesos al mes, según la nómina consultada, en el Registro Público como “Coordinador de área” en la Oficina Registral de Tijuana. Ya estaba ahí Efectivamente, José Antonio Morán Rangel, actual delegado del RPPC en Tijuana lleva poco más del mes en el despacho. De hecho, el periodo de Silvia Álvarez duró menos de 4 meses. “Yo llego el 21 de febrero –explica Morán–, los cambios de sub-registradores y analistas fueron antes de mi llegada y los compañeros a quienes se les pidió el espacio…”. El funcionario aclara: “No a todos se les despidió, otros empleados se fueron por decisión propia…Llegué a una dependencia totalmente, incluso la anterior delegada duró poco, desconozco por qué. Entró el primer día (1 de noviembre), hasta cuando yo llego”. Algunos ex empleados han optado por la demanda laboral buscando la reinstalación y la indemnización, muchas veces terminan siendo laudos de varios cientos de miles de pesos. El delegado lo sabe. Dice: “tienen (los despedidos) las facultades de acudir ante el Órgano Jurisdiccional Competente, si consideran que se les ha vulnerado alguna garantía o derecho laboral. Algunos de ellos, han acudido a los Tribunales de Arbitraje”. Morán no negó que la dependencia se vio rezagada y entorpecida por los relevos de gente experimentada: “El retraso se debe a los cambios de la oficina, pero no fue fatal. Fueron situaciones subsanables”. Y para ello, asegura, él mismo tramitó su autorización para poder firmar los registros oficiales: “Mi firma electrónica fue dada de alta el jueves 27 de marzo, trabajé el sábado para poder avanzar, porque hubo un poco de retraso, pero actualmente en esta semana, se estabilizó todo”. De hecho, la firma electrónica que presume el delegado en Tijuana, ni Silvia Álvarez contaba con ella ni el anterior delegado, Álvaro Acosta. El RPPC en Tijuana cuenta con 24 mujeres y 22 hombres entre ellas las 10 personas panistas de nuevo ingreso”. Eso sí, jura el encargado de la dependencia: “todos los abogados tienen experiencia probada”. Ser panista no es requisito, no necesariamente Antonio Araiza, director general de la dependencia explica que las renuncias fueron firmadas “en todo el estado…desde a el 30 de octubre, cuando yo llegué ya estaban las renuncias”. “En demandas laborales –sigue el panista– hay una sola, no hay ninguna persona que no haya renunciado, a una sola persona le pedimos la renuncia en Tijuana”. Se refiere a renuncias firmadas por los registradores y funcionarios de confianza, son firmadas en blanco antes de ser despedidos. Sin embargo, asegura que las personas que han salido del Registro Público lo han hecho por voluntad: “Algunas personas consiguieron promociones y se fueron a otras dependencias, algunos presentaron la renuncia por asuntos personales”. La misma ex delegada en Tijuana, anuncia, Araiza renunció por asuntos personales: “Es muy amiga mía y yo por más que le insistí no quiso…”. Sobre los despidos, el director alega que ante “dudas” mejor prefirió correrlos: “hay unas personas que tienen procedimientos administrativos en la contraloría, esos temas no te puedo hablar…le toca a la contraloría deslindar responsabilidades, como había unas dudas con algunas personas se les pidió la renuncia”. Y sobre la presunta “experiencia” que fue perdida junto con los movimientos Araiza plantea: “Eso de que tenían experiencia pues si es buena, pero a veces no sabemos si es bueno o malo”. Con los despidos ya hechos, el panista admite que durante 2 semanas batalló en la capacitación “Ahorita, actualmente en Tijuana no hay ningún problema”, remata. Por último, Araiza avisa que sus contrataciones no se dirigen exclusivamente a miembros activos del PAN. Concluye: “No es requisito, sí hay empleados que no son del partido, si le buscamos; hay de las dos opciones, pero no es requisito que sean del PAN necesariamente”.
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