Protección de papel a periodistas

El horizonte no es muy alentador para la libertad de expresión en México. Al menos no para la prensa, uno de sus principales usuarios. Las agresiones a periodistas y medios de comunicación continúan, ante la falta de garantías por parte de las autoridades y la huella de impunidad que genera. La nueva víctima es Adrián López Ortiz, director del periódico Noroeste de Sinaloa, baleado por criminales la noche del 2 de abril de 2014 en Culiacán. El año no pinta bien. Ya fue asesinado un reportero en el estado más violento para el ejercicio de la libertad de prensa: Veracruz. También fueron agredidos reporteros y fotógrafos del referido diario sinaloense en las manifestaciones pro “Chapo” Guzmán. Las oficinas de Darío Ramírez, director de Artículo 19, fueron allanadas, y Balbina Flores Martínez, corresponsal de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), fue amenazada. Ahora ocurre el ataque a López Ortiz. Los últimos hechos han puesto a prueba, una vez más, el llamado Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que opera desde octubre de 2012, presuntamente para brindar medidas especiales a los comunicadores, pero eso y nada es lo mismo. Al reportero Gregorio Jiménez de la Cruz lo mataron sus victimarios, y en los casos de Darío, Balbina y los periodistas de Noroeste, se convirtieron en estadísticas de personas y medios “atendidos”. La suerte de Adrián El atentado contra el director del diario Noroeste de Sinaloa, Adrián López Ortiz, ocurrió cuando éste circulaba en su automóvil, procedente del aeropuerto de Culiacán con destino a su casa. Una serie de extrañas circunstancias y coincidencias se confabularon esa noche. Primero Adrián regresaba de la Ciudad de México. En el mismo vuelo comercial viajaba el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez “MALOVA”. Al llegar a la terminal aérea, el directivo sube a su automóvil y circula rumbo a su casa, sobre el Bulevar Pedro Infante. Para esos momentos el conductor ya era seguido por una camioneta. Al llegar al cruce de la calle Juan M. Zambada, a la altura de las vías del ferrocarril, en el sector Las Flores, otro vehículo le entorpeció la circulación y enseguida los ocupantes de una camioneta le dieron un “cerrón”. Dos sujetos jóvenes y armados obligaron a López Ortiz a bajar de su automóvil y tenderse en el suelo. Mientras uno de los tipos lo golpeaba, el otro se apoderaba de sus pertenencias y de su vehículo. Se llevaron un maletín, la computadora portátil, el teléfono móvil y la cartera de la víctima. Cuando los criminales ya se retiraban, uno de ellos se regresó para dispararle sobre las piernas. La bala penetró en el muslo derecho de Adrián, le atravesó la pierna y se incrustó en el muslo izquierdo. A bordo de un taxi fue presentado a recibir atención médica en un hospital. Aunque las heridas son de cuidado, el directivo del diario está fuera de peligro, informó a ZETA el reportero Francisco Cuamea Lizárraga. “Anímicamente Adrián está bien. Es un tipo muy lúcido. Tiene una mente muy revolucionaria y eso le está ayudando a estar de buen ánimo”, señala Cuamea. Los ataques a Noroeste La presión negativa sobre los periódicos de Sinaloa y sus reporteros no es nueva. Tanto El Debate como Noroeste han sido víctimas de atentados armados en sus instalaciones, agresiones físicas y amenazas frecuentes a sus periodistas. El nuevo suceso no acobarda a los compañeros de Adrián López Ortiz. Por el contrario, “eso nos saca el coraje y no tenemos miedo para seguir informando”, asegura Francisco Cuamea. “Ahora todos los colegas periodistas, no solamente del Noroeste, sino de los demás medios de comunicación, estamos trabajando en el seguimiento de lo que le pasó a Adrián, en investigaciones de campo y buscando pistas y líneas de investigación”, aseguró el reportero. Cuamea Lizárraga recordó que los “avisos” al periódico y sus integrantes datan de tiempo atrás, como cuando las oficinas fueron baleadas en 2010 y las frecuentes amenazas incrementaron de febrero de 2014 a la fecha, a raíz de la detención del narcotraficante Archivaldo “Joaquín El Chapo” Guzmán Loera. En las marchas pro “Chapo”, sobre todo la segunda de ellas, cuando se registró un caos operativo y policías municipales dispararon sus armas de fuego al aire, uno de los reporteros gráficos del rotativo captó con su cámara a uno de los gendarmes con su arma en todo lo alto. Al fotógrafo le quitaron, destruyeron y robaron la cámara. Además de agresiones físicas, las amenazas a los reporteros de esa casa editorial, no solo en Culiacán, sino en Guamúchil y otras regiones, arreciaron por las investigaciones que realizan sobre los posibles vínculos que había entre policías municipales y el narcotraficante Guzmán Loera. El asesinato de “Goyo” Apenas transcurrieron unos días del segundo mes del año cuando un comunicador se convirtió en noticia. “Levantan a reportero en Veracruz, Federales lo buscan”, publicó ZETA el 5 de febrero de 2014. Un comando interceptó a Gregorio Jiménez de la Cruz antes de llegar a su domicilio, en la colonia Villa Allende del municipio de Coatzacoalcos. “Goyo”, como le conocían su familia y amigos, era reportero de los diarios Notisur y Liberal del Sur. Escribía principalmente notas policiacas. Su desaparición generó un movimiento importante en redes sociales. “Queremos vivo a Goyo” se retuiteaba y publicaba en los siguientes días. Hubo enérgicas protestas contra el gobierno de Veracruz. La infausta noticia llegó el 11 de febrero. Encontraron a Jiménez de la Cruz sin vida, en una fosa clandestina en Las Choapas. En otra tumba contigua había otros dos cadáveres. Lo mandó matar su vecina Teresa de Jesús Hernández, dueña de una cantina que fue calificada en una nota por el reportero como “de mala muerte”. Y sí lo fue. Veinte mil pesos fue el precio que se puso a la vida de “Goyo”. Aunque en este asunto fueron detenidos la autora intelectual y algunos de los matarifes, dudas sobran sobre el móvil del crimen. El saludo para Darío Faltaban dos días para que Artículo 19 diera a conocer las cifras que se detallan líneas arriba. El 16 de marzo último, la vivienda de Darío Ramírez, director de la organización defensora de la libertad de expresión, fue visitada por criminales que se llevaron documentos, un ordenador y otros objetos. Toda la casa fue esculcada, principalmente el área de oficina donde Darío dedica horas a estudiar los fenómenos y denunciar las agresiones a los representantes de los medios de comunicación. Los cajones quedaron fuera de sus lugares y todo revuelto. La organización emitió un comunicado señalando que esta incursión al domicilio del directivo “es el quinto incidente de seguridad que personal de la organización ha tenido desde que, en abril de 2013, se recibió una amenaza de muerte contra Darío Ramírez y los defensores que laboramos en ARTICLE 19”. Como antecedente, Ramírez señaló que un mes antes se difundió una alerta sobre el hostigamiento del que ya eran objeto, tanto él como los demás integrantes de la organización. En abril de 2013 también fue recibida una amenaza de muerte en las oficinas de Artículo 19. Lo más angustiante no fue solo el último caso, sino que “ninguno de estos incidentes ha sido investigado para dar con el paradero de los responsables. La impunidad es un mensaje de permisividad y, por lo tanto, pone en mayor riesgo a quienes defendemos los derechos humanos”, finalizó el comunicado de Darío. Las amenazas a Balbina El 14 de marzo, ZETA publicó “Amenazan a corresponsal de Reporteros Sin Fronteras”. El organismo fundado en 1985, lucha para que se garantice el derecho de la libertad de prensa,  e informó del suceso en su página web. La periodista Balbina Flores Martínez, corresponsal de RSF en México, recibió una amenaza, vía telefónica, el miércoles 12 de marzo de 2014. Fueron tres telefonemas a su oficina, compartida en las instalaciones de la revista Zócalo, en Saltillo. “Es una llamada de una persona que se identifica con el nombre que ahí se da (Omar Treviño), y obviamente pregunta directamente por mí, no duda en el nombre, es muy directo: ‘¿Es usted la licenciada Flores?’, yo le contesto ‘sí’. Dice, ‘yo la vengo investigando hace quince días, sé quién es usted, qué hace, a qué se dedica, y cómo trabaja’; en ese sentido, es una llamada muy directa”, señaló Balbina. La corresponsal venía de efectuar investigaciones para su organización y colaboraciones para la revista en los conflictivos estados de Veracruz, Michoacán, Guerrero y de la zona Centro, además de su cobertura frecuente en el Norte del país. Flores Martínez no precisa de dónde provienen las amenazas, pero no minimiza la posibilidad de que éstas se relacionen con el ejercicio periodístico que desarrolla en temas álgidos como la inseguridad y violencia que campean en los territorios visitados. Como es su deber, Balbina Flores interpuso la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de  Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y solicitó las medidas de protección de la Secretaría de Gobernación. Mecanismo ineficiente Las denuncias formuladas por el diario Noroeste de Sinaloa no han sido atendidas desde hace varios años, ni por la Procuraduría General de Justicia del Estado, ni por las comisiones de los Derechos Humanos, nos confía el reportero Francisco Cuamea Lizárraga. “Nosotros no nos hemos acercado al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, más bien la Fiscalía Especializada se ha acercado a nosotros. Han iniciado averiguaciones, pero el proceso es lento, no tiene pies ni cabeza, y pues no hay resultados”, asegura el periodista Francisco Cuamea. Balbina Flores Martínez, Darío Ramírez y algunos periodistas que han sido amenazados por entes anónimos, delincuentes con y sin charola, han denunciado los hechos ante el Ministerio Púbico. Quienes están más cerca del país lo han hecho directamente ante la FEADLE, y han solicitado se aplique a su favor el mentado Mecanismo. Artículo 19 estima que las “medidas especiales” que brinda el dispositivo oficial “representan un conveniente elemento discursivo oficial que esconde una paradoja: el Mecanismo reproduce la incapacidad e inefectividad que lo generó”. La organización defensora de la libertad de prensa ha recurrido a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además del Mecanismo. Lo hizo después de que el 19 de abril de 2013 se recibieron amenazas de muerte contra Darío y sus colaboradores. Su experiencia no es alentadora para los demás. Las peticiones de seguridad de Artículo 19 fueron atendidas parcialmente, y a estas fechas “aún nos seguimos preguntando si nuestro caso fue considerado ordinario o extraordinario. La atención gubernamental a las condiciones de seguridad se fue diluyendo hasta llegar a su punto más álgido, cuando la Junta de Gobierno del Mecanismo decidió retirar las poquísimas medidas de protección brindadas a ARTICLE 19, basados en una evaluación de riesgo con severas imprecisiones e información faltante”, destaca su publicación a través del portal oficial. El Mecanismo, como en otros casos varios, determinó que el riesgo de un atentado real en contra de la asociación era bajo, pues “no nos había pasado nada grave”. ¿Y la Fiscalía “especializada”? Hasta el día último de febrero de 2014, la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de  Expresión dio inicio a 508 averiguaciones previas, que datan desde el 5 de julio de 2010. El delito que predomina es el de amenazas, motivo por el que iniciaron 178 de las indagatorias, seguido de abuso de autoridad con 90 denuncias, 45 por homicidio, 42 de privación ilegal de la libertad, 37 por lesiones y 36 robos. El resto se reparten entre daño en propiedad ajena, tentativa de homicidio y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, por citar algunos. En el referido lapso, el Distrito Federal fue el lugar donde más denuncias se presentaron. Ahí se iniciaron 84 de las averiguaciones previas por delitos cometidos contra periodistas. En Veracruz hay 47 investigaciones, 46 en el Estado de México, 32 en Coahuila, 30 en Quintana Roo y 28 en Chihuahua. En Baja California existen siete casos. Destaca la FEADLE que 492 de las indagatorias se han asentado por delitos cometidos en agravio de periodistas, y 16 han sido formuladas directamente por las compañías periodísticas como ofendidas. De los resultados, nada rescatable. Del cúmulo de 508 averiguaciones previas, solo en seis se ha ejercitado acción penal. En 32 asuntos, la Fiscalía especializada de la PGR se ha declarado incompetente, enviando la averiguación a procuradurías estatales. En un asunto se decidió el no ejercicio de la acción penal y archivar la averiguación, y en otras cinco pesquisas, se determinó la acumulación. Es decir, de 508 averiguaciones totales, solo en 44 asuntos el Ministerio Público Federal adscrito a la FEADLE ha realizado alguna determinación, lo que equivale al 8.66 por ciento de los casos. Conclusión: una pobre, muy pobre actuación, ineficiente e ineficaz investigación de la dependencia supuestamente especializada en los ataques cometidos contra miembros de medios de comunicación. En estadísticas de la misma institución, se hace referencia de que en poco más de 14 años, de 2000 al último de febrero, han asesinado en México a 102 periodistas. Hechos lacerantes, resultados indignantes. 2013, un año de retrocesos El anterior, fue un año de calamidad para las mujeres y hombres de la pluma, el micrófono y la lente en México. Artículo 19 documentó 330 agresiones a personas e instalaciones periodísticas, entre estas embestidas se cuenta a 59 compañeras dedicadas al oficio de informar y que fueron víctimas de amenazas, lesiones y robos, entre otros hechos. Se destaca que 2013 es el año con más atentados contra la libertad de prensa desde que la mencionada organización realiza sus investigaciones en el país (2007). Incluso se registraron 123 casos más que en el cercano año 2012. Hubo cuatro periodistas asesinados. Una agresión cada 26.5 horas es un dato revelador. Contundente. Más aún sintomático resulta conocer a los agresores: en el 59.3% de los casos, se trata de funcionarios al servicio del Estado. Más que el propio crimen organizado, que apenas representó el 6.7% de los ataques. De cada 100 atentados, 90 fueron enfocados hacia personas que laboran en medios de comunicación, y 10 se dirigieron contra instalaciones o inmuebles. De la actividad de las víctimas, se sabe que el 85% son reporteros, 10% directivos, y el porcentaje restante son columnistas, moneros o empleados diversos del gremio. En cuanto a las entidades federativas que concentran el mayor número de embates de los enemigos de la libertad de expresión, en 2013 despuntó Coahuila, con 14 de los incidentes, seguido de Quintana Roo y Durango, con cinco, y Veracruz -que no podía faltar- con cuatro.