Enrique Plancarte Solís estaba identificado en el organigrama criminal en poder de la Federación, como segundo al mando de Los Caballeros Templarios. En el cártel del crimen organizado con sede en Michoacán, Plancarte era el encargado del dinero. La información que tenía de lavado de dinero, socios criminales, funcionarios de seguridad o administrativos de gobiernos corruptos, así como de políticos involucrados, era por fuerza, estratégica. Sin embargo, el Gobierno de la República de Enrique Peña Nieto, lo “abatió”. Así se dio a conocer el asesinato de Plancarte a manos de uno o varios Marinos, quienes, se supone, lo detendrían para procesarlo. Pero su “abatimiento”, registrado el lunes 31 de marzo de 2014, evitará que los nombres de sus cómplices y la red de corrupción que los sostenía, se mantengan en la impunidad. Había una recompensa de 10 millones de pesos, y existen 30 averiguaciones previas en su contra por homicidios, secuestros, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de usos exclusivo del Ejército y delitos contra la salud por los que ya no será juzgado, pues al morir, causa extinción la acción penal; salvo que haya sido procesado y sentenciado a pagar reparación de daño, situación que no se dio. Por lo tanto, tras su muerte, las víctimas no encontrarán justicia, no habrá información que permita llegar a sus socios criminales, tampoco posibilidad de que repare económicamente el daño causado a cientos de familias michoacanas. En febrero de 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a Plancarte en una lista de control de bienes en el extranjero, prohibiendo a sus ciudadanos hacer negocios con él y con otros traficantes identificados como parte del Cártel de La Familia Michoacana. La alerta incluyó al también abatido Nazario Moreno González “El Chayo”, a los detenidos José de Jesús Méndez Vargas “El Chango” y Dionisio Loya Plancarte “El Tío”; así como el actual líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez “La Tuta”, y uno de sus principales operadores, Nicandro Barrera, pero no hubo mayores consecuencias. Ni siquiera en la empresa de camiones Transportadora Purépecha, señalada directamente. El aseguramiento del Rancho Plancarte en 2012, ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), donde se decomisó una Barrett 106, granadas y decenas de armas, no afectó a ninguno de sus parientes o del grupo criminal. El delincuente ya no existe, así que sus cuentas no serán congeladas ni sus bienes incautados. Tanto la esposa, Nereida Bustos Valencia y sus hijos, Enrique, Melissa y Jazeth Plancarte Bustos, seguirán gozando de las cuentas millonarias cuya procedencia honesta no tiene manera de probar la familia de un supuesto comerciante de la construcción. Sus cuñadas, registradas como propietarias de las empresas Aceros del Río y Materiales del Río, tampoco se verán afectadas por la investigación que con su muerte quedó coartada. Menos su controvertida cuñada Teresa Bustos, quien continuará como síndico de Nueva Italia (Mujica) Michoacán, sosteniendo una pugna publica con su jefe, el alcalde, a quien también acusa de criminal. El oportuno deceso de Enrique Plancarte -aplaudido por un sector de la población y representantes de partidos políticos- se dio en condiciones extrañas, en el domicilio ubicado en la calle Prolongación Puebla, Colonia Las Cruces, Colón, Querétaro, donde “opuso resistencia” a balazos y fue abatido por un operativo de la Marina. Ninguno de los capacitados y entrenados 200 Marinos que lo perseguían, pudo incapacitarlo con un tiro certero en lugar de acribillarlo, además, los supuestos escoltas de Plancarte fueron asegurados sin el menor rasguño, mientras que en la escena del homicidio, los inmuebles no presentaban los múltiples orificios que caracterizan un enfrentamiento. Nada siquiera parecido a aquel 16 de diciembre de 2009, cuando Marinos mexicanos abatieron al líder del Cártel del Pacífico, Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, Morelos. Como no era objeto de interés de los Estados Unidos, poco se sabe de su enriquecimiento y los alcances de los negocios michoacanos o en otros estados ligados a él. La misma impunidad rodea la presunta muerte del líder del Cártel de Sinaloa, Gonzalo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”, supuestamente caído bajo balas de la Marina en diciembre de 2013, en Puerto Peñasco, Sonora; el abatimiento de otro cabecilla de Sinaloa, Germán Ceníceros Ibarra, el 28 de marzo de 2014 en Navolato, Sinaloa; y la caída de Nazario Moreno “La Chayo”, el 9 de marzo en Apatzingán, Michoacán. Y como el Gobierno Federal maneja una política de comunicación discrecional, lo único que conocen los mexicanos de la captura, es la versión oficial: algunos tuits y las declaraciones del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, indicando el martes 1 de abril, conforme a pruebas dactilares y periciales, se confirmó que Enrique Plancarte Solís sí era el hombre sorprendido en calles de Querétaro, el cual se defendió con disparos al ser rodeado y, por tal razón, fue abatido.
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