Quien quiera que haya extorsionado al alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, o que haya intentado hacerlo cuando le exigieron la mitad de los supuestos 80 millones de dólares que entran al Ayuntamiento, se irá en total impunidad. En medio de un conflicto con el síndico Arturo Ledesma, Astiazarán declaró en conferencia de prensa cómo el hermano de éste tomaba decisiones en Sindicatura Municipal y cómo habían enviado emisarios para extorsionarle o “le harían la vida de cuadritos”. La declaración a rajatabla del doctor calmó los ánimos del síndico, hasta casi borrarlo del mapa político administrativo. No se presentó denuncia alguna ni ante la propia Sindicatura, o la Agencia del Ministerio Público. Pero la organización 100 por Tijuana sí lo hizo. Sin embargo, no habrá consecuencias jurídicas del acta circunstanciada elevada a averiguación previa iniciada el 14 de marzo, por la denuncia “de oídas”, presentada como tercero perjudicado por José Alberto Escourido Moreno, de dicha asociación, por la presunta “extorsión en grado de tentativa” sufrida por el alcalde de Tijuana. El siguiente paso en la AP 677/14/204, con orden de investigación girada el 22 de marzo contra “quien resulte responsable”, es llamar a declarar -aún no lo hacen- a los dos señalados para que aporten lo que les convenga, pero como lo ha dicho desde el principio el presidente municipal, no tiene pruebas más allá de su palabra. Y si el afectado no tiene nada que aportar, la Procuraduría no tiene nada que indagar, y sin más diligencias que realizar tras las declaraciones, la PGJE declarará la improcedencia.
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