Los primeros 23 mil 640 muertos de Enrique Peña Nieto

A pesar de la narrativa triunfalista del Gobierno de la República y la impactante propaganda anunciando una supuesta “disminución” en homicidios dolosos relacionados con delitos federales, a la administración de Enrique Peña Nieto se le acumulan los muertos, por miles, en sus primeros 14 meses de gestión, tanto como en su momento se le apilaron a Felipe Calderón. Apenas el 21 de febrero de 2014, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, presumió que en enero de este año, el Gobierno Federal registró 567 homicidios dolosos ligados al crimen organizado. El funcionario sospechó una disminución en las ejecuciones, debido a que en meses anteriores sucedían “entre mil 400 y mil 700 fallecimientos que tenían que ver con la delincuencia organizada; el mes de enero se llegó a 567, mil menos. Graves los 567, pero mil menos, eso habla de por qué la disminución de la violencia”. Lamentablemente, las suposiciones del secretario de Gobernación no estuvieron sustentadas en datos duros, ni reflejan la cruenta realidad que se vive en el país; al contrario, sus dichos evidencian el discurso triunfalista, y lo más grave, la manipulación de las estadísticas sobre homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en México. ZETA documentó, nada más en el mes de enero de 2014, la cantidad de mil 425 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, que incluye “Ejecuciones”, “Enfrentamientos”, “Homicidios-Agresiones”, y los que son producto de ajustes de cuentas entre narcomenudistas pertenecientes a diversos cárteles de la droga o células de estas estructuras criminales en todo el país. Los porcentajes imaginarios Enrique Peña Nieto inició su gobierno el 1 de diciembre de 2012, con la promesa de que “en un año” se empezarían a ver resultados de la estrategia contra el crimen organizado, tanto que se disminuiría la violencia e inseguridad. Catorce meses después, como al inicio del gobierno peñista, el secretario de Gobernación volvió a presumir, el 21 de febrero de 2014, una imaginaria “disminución” de la violencia: “El primer compromiso que hizo el Presidente, el primero de diciembre de 2012, era que la violencia tenía que disminuir. Y esa violencia ha disminuido a la mínima expresión”, pregonó a todo pulmón durante el encuentro “Gobernabilidad y Estado de Derecho como Estrategia de Desarrollo”, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). Lo cierto es que en los primeros 14 meses de gobierno, lo que abunda en el discurso peñista es una disparidad en los porcentajes de la supuesta disminución en las ejecuciones que a diario ocurren en el país; obviamente, los porcentajes de “disminución” varían según la opinión del funcionario federal con micrófono en mano, cada quien sugiere promedios diferentes: El 30 de octubre de 2013, Monte Alejandro Rubido García, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), presumió en entrevista con ZETA una conjeturada disminución en homicidios dolosos relacionados con delitos federales del 12%. También en 2013, el Presidente supuso un aparente descenso en los homicidios dolosos relacionados con delitos federales, del 18 y 20 por ciento. La disparidad en los porcentajes que cada funcionario federal presume sin aportar datos duros, evidencia una manipulación en las estadísticas, o por lo menos, una descoordinación en el supuesto porcentaje de “disminución”. Los estados más violentos Como en los últimos sexenios federales y estales, ZETA documentó los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en los primeros 14 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ya se ha informado, se recurrió como metodología a la confrontación de las estadísticas oficiales de las procuradurías estales, secretarías de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la información recopilada por asociaciones civiles, institutos de Ciencias Forenses, registros hemerográficos en las entidades federativas y funcionarios de gobierno. En catorce meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2014, el Estado de Guerrero (gobernado por Ángel Aguirre Rivero, priista que ganó la gubernatura en la alianza PAN-PRD), continúa en primer lugar, con 2 mil 457 ejecuciones. El segundo sitio es para el Estado de México, con 2 mil 367 ejecuciones, por cierto, entidad natal de Enrique Peña Nieto, que éste gobernó entre 2005 y 2011, y que actualmente administra el también priista Eruviel Ávila. El tercer puesto lo ocupa el Estado de Chihuahua, con 2 mil 005 ejecuciones, entidad gobernada por el también priista César Duarte Y Jalisco, gobernado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del partido tricolor, se ubica en cuarto escaño, con mil 766 ejecuciones. Michoacán, en quinto lugar, con el gobierno del “panista” Fausto Vallejo, llegó a mil 738 ejecuciones; mientras tanto, Sinaloa, gobernado por Mario López Valdés, sumó mil 516 muertes relacionadas con el crimen organizado; y en Baja California, con el panista Francisco Vega de Lamadrid, la cantidad ascendió a 986 ejecuciones. En total, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2014, este Semanario registró, en la administración de Enrique Peña Nieto, 23 mil 640 ejecuciones, producto de la guerra contra el crimen organizado que mantiene el Gobierno Federal y los enfrentamientos entre cárteles de la droga en el país. 2013, igual de sangriento que 2012 El ritmo de ejecuciones en México no ha variado entre el último año de gobierno de Felipe Calderón en relación con el primero de Enrique Peña Nieto. En los últimos dos años, las ejecuciones se mantuvieron en el mismo nivel: 20 mil 571 ejecuciones registradas en 2012, por 20 mil 156 documentadas en 2013. Cabe señalar que el Gobierno Federal reconoció 21 mil 728 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2012, mientras que en ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) documentó 26 mil 037 defunciones por homicidio doloso. Mientras tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto, solo reconoce 18 mil 147 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2013; hay que recordar que el INEGI, en los próximos meses de 2014, dará a conocer la cantidad real de defunciones por homicidio doloso correspondiente a 2013, que se espera superior a los “expedientes” de homicidios dolosos difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tijuana, la tercera ciudad más violenta En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el puerto de Acapulco sigue siendo la ciudad más violenta, con 883 averiguaciones previas por homicidio doloso registradas solo en 2013, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Mientras tanto, el Distrito Federal ocupó el segundo lugar, con 753 “averiguaciones previas” por homicidio doloso, también en 2013. Tijuana, la “ciudad modelo” en cuanto seguridad tanto del gobierno de Calderón como de Enrique Peña Nieto, ocupa el tercer lugar con 564 homicidios dolosos sucedidos en 2013; incluso, en todo el estado, ZETA documentó 865 ejecuciones en el mismo año. Tijuana se perfila para superar la cantidad de ejecuciones de 2013, tomando en cuenta que en los primeros dos meses, este Semanario registró 105 ejecuciones en solo 64 días. Culiacán ocupó el cuarto sitio con 479 “averiguaciones previas” por homicidio doloso en 2013, mientras que Ciudad Juárez se ubicó en el quinto escaño, con 453 en el mismo periodo. Gobierno cuenta expedientes, no víctimas El gobierno de Enrique Peña Nieto registra “averiguaciones previas” y no víctimas; la administración dio a conocer recientemente que en 2013 registró 18 mil 147 “averiguaciones previas” por homicidio doloso; por lo tanto, la cantidad real de víctimas está muy lejos del número de averiguaciones, pues un expediente puede tener más de una víctima. En su oportunidad, en ZETA se preguntó a Monte Alejandro Rubido, del Sistema Nacional de Seguridad, cuándo se modificará el formato para registrar víctimas por homicidio y no el número de expedientes, y prometió: “Estamos platicándolo con cada una de las procuradurías, porque precisamente lo que necesitamos es que tengan una capacidad homogénea para responder; no nos podemos dar el lujo de que unas entidades puedan estar respondiendo en tiempo y forma, y otras no, porque entonces generamos distorsión en la base de datos que hay en el Secretariado”. Hasta la segunda semana de marzo de 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública continuaba registrando “averiguaciones previas” y no víctimas. Ciudades más violentas en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2013 LUGAR CIUDAD HOMICIDIOS 1 Acapulco, Guerrero 883 2 Distrito Federal 753 3 Tijuana, Baja California 564 4 Culiacán, Sinaloa 479 5 Ciudad Juárez, Chihuahua 453 6 Ecatepec, Estado de México 312 7 Guadalajara, Jalisco 297 8 Monterrey, Nuevo León 266 9 Zapopan, Jalisco 258 10 Chihuahua, Chihuahua 251 FUENTE: Procuradurías estatales La muerte de “El 300” “Purga” de narcomenudistas Las primeras líneas de investigación ubican a los hermanos Roberto y Rafael Toscano Rodríguez,  identificados como “Los Cuates” y parte de una célula del Cártel Arellano Félix, como los presuntos responsables del homicidio de Rogelio Alonso Castillo González “El 300”, presunto controlador de la venta de droga al menudeo en la Zona Norte de Tijuana, para una fracción del Cártel de Sinaloa. El informe oficial indica que el mafioso estaba amenazado por otros criminales, y la madrugada de su muerte, le avisaron que iban por él al bar Las Pulgas, que por eso se fue al hotel hasta donde llegaron los homicidas a matarlo. De acuerdo a la versión oficial en poder del Grupo Coordinación, recabada en declaraciones de testigos y familiares, el hombre asesinado a las 05:20 horas del lunes 10 de marzo, a las puertas de la habitación 14 del hotel Segovia, ubicado en el callejón Pío Pico en Tijuana, es el apodado “El 300”. Hasta antes de esos dichos, las autoridades adjudicaron durante tres años ese apodo a otra cara, la de un hombre que ha sido detenido con el nombre de Raúl Miranda Ordaz, incluso en su ficha oficial de ingreso al sistema carcelario bajacaliforniano, está identificado como “El 300” o “El Rulas”. Ante el evidente error, las corporaciones lo ubican como criminal, como parte del Cártel de Sinaloa, pero desconocen su apodo. Hoy las versiones dadas por la familia de Castillo González, son aceptadas por la autoridad: confirma que el muerto es el  hombre que controlaba la venta de droga en la zona de tolerancia de Tijuana, apodado “El 300”. En cuanto a sus jefes criminales, el Consejo de Seguridad de Baja California lo posicionaba originalmente en una de las células de René Arzate, sin embargo, en las nuevas indagatorias lo transfieren a otro organigrama delictivo, bajo la sombra de los hermanos Beltrán Cabrera, cuyo jefe directo es José Soto Gastélum “El Tigre”, el sinaloense que proveyó de droga a los hermanos García Simental en su pugna contra Fernando Sánchez Arellano (2008-2010). Los testimonios aseguran que gozó su mejor época como traficante en los años 2010 y 2011, en ese año, las fuerzas del orden  le atribuyen el intento de homicidio cometido en contra de Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”, líder del tráfico de drogas en la zona norte para el Cártel Arellano, que no había terminado por rendirse a los sinaloenses. Este hecho también es usado por la autoridad para identificar positivamente al criminal, ya que en declaraciones previas, otros delincuentes afirmaron que cuando “El 300”  creyó haber asesinado a “El Mono”, le puso los cuernos a la calavera que traía en el pecho, tatuaje que ostentaba el muerto del lunes 10 de marzo. Hasta ahí los elementos de prueba de identidad, según la autoridad. Los presuntos responsables de la muerte de Alonso Castillo son precisamente hermanos de “El Mono”, y los antecedentes que los implican en el homicidio, radican en que los testigos los identificaron con el apodo de “Los Cuates”, que corresponden a la media filiación y descripciones dadas, además, ellos lo habían amenazado de muerte semanas antes, en presencia de testigos. Según personas cercanas al occiso, les comentó que ya habían intentado asesinarlo en fechas recientes, cuando escapó de una balacera previa en la calle Primera y H de la Zona Centro -13 de febrero de 2014-, donde quedó muerto otro narcomenudista identificado como Vicente Reyes. Los testigos también aseguran que el traficante llevaba más de seis meses sin dinero y supuestamente bloqueado en sus actividades criminales, tiempo durante el cual había vivido en el hotel Segovia sin pagar. De acuerdo con las autoridades, oficialmente el homicidio es parte de las actividades de Toscano como líder de célula de lo que queda del CAF e intentan recuperar zonas, sin embargo, algunos investigadores lo consideran un “ajuste de cuentas” del Cártel de Sinaloa con su empleado criminal. Los presuntos homicidas estarían integrados a la célula delictiva de su hermano, Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono” (32 años, originario de Manzanillo, Colima), quien tras recuperarse del atentado en 2011, regresó a Tijuana. En 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó una orden de captura en su contra  por el secuestro de una mujer estadounidense liberada el 21 de julio del mismo año, orden que evadió con un amparo. Fue arrestado en octubre de 2013 por “detonar un arma”, el hombre que lo acompañaba se echó la culpa, él salió libre y, como la Procuraduría General de la República no acreditó que hubiera estado en posesión del arma 9 milímetros con la que fue consignado, fue puesto en libertad. Amenazan a corresponsal de Reporteros Sin Fronteras La periodista Balbina Flores Martínez, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, y que comparte oficinas en las instalaciones de la revista Zócalo, expresó a través de ZETA que recibió una amenaza, vía telefónica, el miércoles 12 de marzo de 2014: “Es una llamada de una persona que se identifica con el nombre que ahí se da (Omar Treviño), y obviamente pregunta directamente por mí, no duda en el nombre, es muy directo: ‘¿Es usted la licenciada Flores?’, yo le contesto ‘sí’. Dice, ‘yo la vengo investigando hace quince días, sé quién es usted, qué hace, a qué se dedica, y cómo trabaja’; en ese sentido, es una llamada muy directa. “No quisiera imputar a alguien directamente, lo único que te puedo decir es que sigo varios casos de distintos estados de la República, he estado viajando últimamente de forma más seguida a Veracruz, Michoacán, Guerrero, la zona Centro, que es como más sensible ahora, sin descuidar la zona Norte; pero sí son los estados donde he estado recientemente, zonas muy conflictivas. Estuve regresando de Michoacán hace dos días”. La periodista no minimiza la posibilidad de que la amenaza tenga que ver con el ejercicio periodístico que viene realizando en diversas zonas del país: “No lo descartaría en el sentido de que me muevo más sobre esa zona, la persona que llama, refiere venir de Michoacán; entonces, sin hacer una atribución directa, sabemos quién se mueve en Michoacán”. Balbina Flores expresó que ya puso la denuncia ante la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de  Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y que recibe las medidas de protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.