Las dos primeras renuncias en el Gobierno del Estado que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, son sintomáticas de lo que sucede en la administración pública, y se dan en la capa intelectual del organigrama. Efectivamente la primera semana de marzo de 2014, Salvador Morales Muñoz renunció a su cargo de asesor. Una semana después lo mismo haría Raúl Leggs Vázquez, también del equipo de asesores de Francisco Vega de Lamadrid. Extraoficialmente, revelaron motivos de descoordinación, precisamente, con la Coordinación de Gabinete que encabeza el académico Mario Herrera Zárate. Oficialmente y aun cuando no han sido dadas a conocer las dimisiones, en el caso de Morales dijo a ZETA que se retira por motivos de salud. Literalmente dice, por sus males físicos a sus 79 años; Leggs por su parte, aduciría propuestas en la iniciativa privada, en el sector educativo y la innovación tecnológica, para ser exacto. Mario Herrera por su parte, luego de aclarar que las salidas de Leggs y Morales no impactan al Gobierno del Estado, y aclarar que no estaba en su ámbito de competencia trabajar con alguno de ellos, adujo las renuncias a motivos económicos: “Esas renuncias tienen que ver con decisiones de carácter voluntario; lo que sí se hizo fue determinar tabuladores en los cuales se mueven los asesores y personal de este tipo, freelancers (agentes libres, en español), esos tabuladores –económicos, salariales– no pueden estar por encima de directores o subsecretarios y menos considerando a nivel de Secretarios; en función de esos tabulares, ambas personas determinaron salir, los dos cuentan con mucha trayectoria y podrán encontrar otra opción”. Remató Herrera: “Nadie somos indispensables, al gobierno no le afecta en nada, es pérdida pero en términos globales”. De hecho, Herrera dejó ver que estas renuncias no serán las únicas: “Tiene que ver, en el caso de asesores, es uno de los conceptos de programa de eficiencia que viene considerado de transición, identificamos alrededor de 160 personas que tenían funciones de asesoría, y se hizo una evaluación y hay un proceso de definición y achicamiento; revisar en el proceso de ingeniería las áreas de asesores y jurídicas. “La coordinación de asesores forma parte de la coordinación de gabinete, eso sí está previsto, pero desde que llegamos la manera como se distribuyeron las tareas, el área de Raúl Leggs no tenía relación conmigo, ellos coordinaban ciertas tareas y yo otras; no hubo discrepancia, son acomodos. Lo demás es especulación”. Otro de los asesores del Gobernador, quien solicitó no revelar su nombre, para “no sufrir represalias”, explicó a esta reportera que la situación al interior del gabinete y particularmente de los asesores, se ha vuelto un caos de incomunicación toda vez que, en efecto, Mario Herrera acapara los proyectos y obstaculiza el desarrollo de los programas de gobierno. Ejemplificó el asesor para este semanario: “Antes de los cien días de gobierno, se le planteó al Gobernador la oportunidad de hacer un alto e informar lo realizado, pero el coordinador de gabinete sugirió lo contrario. Una semana antes y después de la presión mediática por la ausencia de un primer balance de acciones de gobierno en los primeros cien días, quisieron convocar para elaborar un informe, pero ya era muy tarde”. También, y esto lo habían confirmado a este Semanario otros funcionarios de Vega, el retraso en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2019 ante el Congreso del Estado, se debe precisamente a que los documentos presentados por Secretarios y Directores se encuentran en la oficina de Herrera. En los últimos días empresarios y líderes sociales y activistas, reclamaron la falta de una convocatoria ciudadana para participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo; Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo a pregunta expresa, que no habían sido requeridos, ni considerados, ni tomados en cuenta, pero que de hecho los empresarios ya habían realizado su labor de elaboración de un plan de desarrollo empresarial, para presentarlo al gobernador: “Vamos a tomar la iniciativa; nosotros le vamos a presentar las políticas de desarrollo empresarial que logramos después de auscultar a los empresarios, de sondear en los clusters y los organismos”. Los empresarios lograron un documento de Políticas de Desarrollo Empresarial donde contemplan propuestas y proyectos en cuatro ejes: Desarrollo Económico, Mejora Regulatoria, Proyectos de Infraestructura y Proyectos Emblemáticos. El martes 18 de marzo en el portal electrónico del Gobierno del Estado, se informa de la Consulta Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 que llaman “Un plan de soluciones para Baja California”, y aseguran “durante los meses de febrero y marzo estaremos organizando las mesas de análisis y foros de consulta”, lo cual resultó una falsedad o una verdad a medias, pues al día siguiente, el miércoles 19 de marzo, en publicidad de media plana en el periódico Frontera, el Gobierno del Estado anunció los “Foros de Consulta Pública” para la “formulación del plan estatal de desarrollo 2014-2019” con las siguientes fechas: 21 de marzo en la Universidad Cetys de Mexicali, 22 de marzo en el Hotel Rosarito, 24 de marzo en la Universidad Cetys de Tijuana y 25 de marzo en la Universidad Cetys de Ensenada; no se incluyó foro en Tecate, al menos en la publicación. Y aun cuando no lo aclaran en la publicación en la que convocan a “ciudadanos en general, organismos sociales y privados, instituciones educativas y centros de investigación, dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno”, los foros que tienen un promedio de duración de cuatro horas por ciudad, los ejes del plan a tratar, son seis: Desarrollo humano y sociedad equitativa, sociedad saludable, desarrollo económico sustentable, educación para la vida, infraestructura para la competitividad y el desarrollo y seguridad integral y estado de derecho. Plan Estratégico, por encima de Plan de Desarrollo: Mario Herrera Sin embargo, el coordinador de gabinete de Francisco Vega, no coincide con la importancia del Plan Estatal de Desarrollo, de hecho, niega el retraso en la elaboración y la presentación del mismo: “Más que retraso es un planteamiento diferente; lo que hicimos durante la campaña y la transición fue integrar los compromisos del candidato ahora Gobernador, y recoger las principales propuestas ciudadanas y las integramos en catálogo de demandas y compromisos, alrededor de 360, revisamos todos los planes, el de desarrollo, el pacto por México, proyectos estratégicos, del sector privado y eso lo hicimos y los sintetizamos, cada uno ya tenía su consulta, y los sintetizamos –aquellos aspectos que a nuestro juicio eran relevantes o había una coincidencia– y con eso hicimos el Plan Estratégico de Baja California, que nos permite establecer un proyecto de desarrollo desde el primer día de gobierno. Este plan está previsto en la Ley de Planeación. “El plan Estratégico que es el rector, los ejes son obligatorios, y el plan de desarrollo se le dio otro nivel y un concepto diferente: que es un plan de desarrollo para regular de manera completa los proyectos y acciones de gobiernos. Es un instrumento de operación en segundo nivel”. Al referirle entonces para qué la convocatoria publicada el 19 de marzo, si se trataba de un acto de simulación, Mario Herrera simplemente refirió: “Es para dar cumplimiento a la ley”. Sin embargo en la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, en sus artículos iniciales de hecho, sí se menciona la obligatoriedad de consensuar con ciudadanos, alcaldes, congreso y organismos sociales, para elaborar y presentar –incluso hay un plazo de seis meses– un Plan Estatal de Desarrollo. En el artículo 4 de la citada Ley se lee: “Es responsabilidad del Ejecutivo del Estado a través del Gobernador, conducir la planeación estatal del desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, así como aprobar y coordinar la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, integrando a éste los planes municipales que formulen los Ayuntamientos y con la participación de los grupos sociales organizados”. De igual manera que se integrará el COPLADE, Comité para el Plan de Desarrollo del Estado, y que el Gobernador como Presidente del mismo, “representará a dicho Comité ante toda clase de autoridades y de instituciones públicas y privadas; presidirá las reuniones de la Asamblea Plenaria y someterá a la consideración del Ejecutivo Federal las resoluciones tomadas en su seno que por su naturaleza e importancia lo ameriten”. Roberto Karlo López, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, dijo a pregunta expresa, que el COPLADE no se había integrado. Otros dos artículos de la Ley de Planeación que señalan la obligatoriedad e importancia del Plan Estatal de Desarrollo que hoy ha quedado relegado en la administración de Kiko Vega: “ARTÍCULO 5.- El Gobernador del Estado remitirá el Plan Estatal de Desarrollo al Congreso del Estado para su examen y opinión, en un plazo no mayor de 6 meses a partir del inicio de su gestión constitucional. “ARTÍCULO 6.- Los Ayuntamientos aprobarán los planes municipales de desarrollo y los remitirán al COPLADE, quien los compatibilizará y actualizará con los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, antes de remitirlos al Congreso del Estado”. En ese punto, alcaldes consultados por ZETA, al igual que miembros de la sociedad civil, confirmaron no haber sido considerados para la elaboración del plan, aún. Iniciativa para empoderar al Coordinador de Gabinete A la redacción de ZETA llegó un documento que contempla una iniciativa para una reforma administrativa para otorgarle mayores facultades a la Coordinación de Gabinete. El texto, fundamentado como “Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador del Estado de Baja California, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 49 Fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y con fundamento en el Artículo 3, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California…”, considerando: Y aparecen los fundamentos para restar facultades a la Secretaría de Gobierno, que por cierto encabeza Guillermo Trejo Dozal, y otorgárselas a la Coordinación de Gabinete que titula Mario Herrera. En el reglamento de la oficina del Gobernador, aparecen como unidades administrativas las siguientes: Secretaría Particular del Ejecutivo (Salvador Morales Riubí), Coordinación General de Gabinete (Mario Herrera Zárate), Coordinación General de Relaciones Públicas e institucionales (Óscar Vega Marín, aunque le dieron nombramiento de Jefe de Protocolo), Coordinación General de Comunicación Social (Roberto Karlo López); y, Representación del Gobierno del Estado de Baja California en la Ciudad de México, Distrito Federal (Andrés Tapia Leyva). Y como atribuciones del Coordinador General de Gabinete se anotan 16 apartados en el artículo 13 del mismo reglamento, entre ellos: * Desarrollar la planeación estratégica para la ejecución de proyectos y programas de inversión prioritarios, definidos por el Gobernador del estado; * Coordinar las acciones de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, para el cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los proyectos estratégicos acordados por el Gobernador del Estado. * Coordinar las relaciones interinstitucionales de las diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal, con la Federal y los Municipales, relativo al desarrollo de proyectos estratégicos acordados por el Gobernador del Estado; * Gestionar las solicitudes que hagan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal al Gobierno Federal y, en su caso, representarlas informando sobre el avance de cada uno de los asuntos intersectoriales y los que el Gobernador del Estado indique. * Mantener la coordinación necesaria con los Coordinadores Generales de relaciones públicas e internacionales y de comunicación, respecto de la difusión de las acciones y proyectos estratégicos de Gobierno del Estado. * Dar seguimiento a la estrategias de eficiencia administrativa acordadas por el Gobernador del Estado; * Determinar líneas generales de acción y coordinación, políticas, valores, prioridades, objetivos y metas, así como evaluar la actividad de los gabinetes sectoriales. * Coordinar el trabajo de los asesores del Gobernador; * Mantener y supervisar el sistema de seguimiento de proyectos y acciones estratégicas; * Proporcionar oportunamente a la Dirección Administrativa la información relativa a las solicitudes de información que se reciban en materia de transparencia. En la iniciativa de reforma administrativa, en poder de ZETA, se agregan siete funciones más para facultad y responsabilidad del Coordinador de Gabinete, entre ellas, asesorar al gobernador y dictar las normas jurídicas de la administración, y validar incluso la entrega de notarías (facultades estas de la Secretaría de Gobierno): 1.- Coordinar los proyectos de modernización administrativa, así como los proyectos de innovación en los que se incorpore el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en la administración pública. 2.- Supervisar y coordinar los proyectos de reestructuración, redimensionamiento y eficiencia administrativa, en apego a los criterios de racionalización y optimización de recursos públicos. 3.- Evaluar e implementar metodologías y programas o proyectos orientados a la innovación y calidad gubernamental. 4.- Intervenir en acciones de coordinación de programas de normatividad jurídica, procurando la congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 5.- Revisar y validar los proyectos de instrumentos jurídicos administrativos como reglamentos internos, decretos, acuerdos, que sean sometidos a la consideración del Gobernador. 6.- Asesorar y prestar apoyo jurídico al Gobernador del Estado, y girar las instrucciones correspondientes a las diversas áreas jurídicas de la administración. 7.- Revisar y validar los instrumentos jurídicos relacionados con el registro civil y del notariado que sean sometidos a la consideración del Gobernador. Mario Herrera negó la elaboración de esa iniciativa de reforma administrativa, que personal de la Oficina del Gobernador hizo llegar a ZETA. “No hay propuesta de modificación. No lo conozco, no ha salido de nuestra oficina, ni está considerada por el gobernador en ese sentido. Así salen muchos documentos, pero de nosotros no salió, eso iría a contrapelo con lo que nosotros hemos ponderado, iría en un sentido diferente al nuestro”, se refiere al hecho de más facultades y por lo tanto más personal. Justificó con sus escasos colaboradores: “La coordinación de gabinete tiene un director de proyectos estratégicos, un coordinador programático presupuestal, una secretaria, un agente que hace labor administrativa, de asistente, chofer y hace de todo. Somos cinco gentes, tenemos dos prestados”. Pero no negó la parte de la reingeniería y la reducción de asesores y sueldos, bajo su responsabilidad: “Eso va contra el gobernador –otorgarle más facultades–, hizo un compromiso de reingeniería del gobierno, estamos haciendo revisión plaza por plaza para que queden aquellas que realmente justifiquen el trabajo. Vamos a insistir en una reducción de las plazas y el costo del gobierno. Reingeniería a fondo… el área que define y participa la reingeniería, que plantea reducir la estructura de gobierno es la coordinación”. Y se opuso a tener más facultades: “Sería el primero en oponerme en que crezca en presupuesto, en personal y en costo”. Por lo pronto, debido a –extraoficialmente– la descoordinación con la coordinación de Gabinete, renunciaron Salvador Morales y Raúl Leggs, mientras el Plan de Desarrollo se hará por cumplir con la Ley. El fraude de la Pensión Universal y el Seguro de Desempleo El martes 18 de marzo, el Congreso aprobó el proyecto de Ley donde se contempla crear la Pensión Universal y el Seguro de Desempleo. El documento pasará al Senado para su análisis y posterior ratificación, dijo a ZETA el diputado Juan Manuel Gastélum. Cabe recordar que como propuesta de campaña, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, propuso la creación de ambas figuras en apoyo del trabajador, sin embargo, nunca especificó que el peso recaería precisamente en los empleados mexicanos. La Ley de la Pensión Universal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de seguridad social para formar un seguro de desempleo, establece que el 66 por ciento de las personas de 65 años y más que carecen de una jubilación, podrán beneficiarse con la pensión universal. En un principio serán 580 pesos, gradualmente, el monto subirá cada año hasta llegar a mil 98 pesos. En tanto que el tan cacareado Seguro de Desempleo será otorgado en un lapso de seis meses, y solo se podrá acceder a dicho beneficio una vez cada cinco años. Los fondos provendrán en parte del monto que los patrones aportan para la cuenta de vivienda del empleado. En la actualidad, la cantidad que se otorga es de 5 por ciento del salario, pero con los cambios aprobados por los diputados, esa cifra se distribuye 2% para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y el 3% restante se asignará a una subcuenta mixta. El Gobierno Federal generará un fondo solidario con una aportación del 5% (9 mil millones de pesos al año), que será administrado por medio de un fideicomiso. De acuerdo a Gastélum Buenrostro, el partido al que pertenece está a favor de una pensión universal y un seguro de desempleo. Pero asegura, no están de acuerdo en la forma en que el gobierno pretende financiar y operar dichos programas. “El gobierno y el PRI afirmaron, en el marco de la Reforma Fiscal, que estos programas se financiarían con recursos fiscales, pero no es así. El PRI da marcha atrás a sus promesas de campaña y propone que estos programas sociales sean financiados por los trabajadores”. Agregó que en lo que se refiere a la Ley de Pensión Universal y Seguro de Desempleo, el partido en el poder ofrece una pensión de mil 92 pesos mensuales a los ciudadanos hasta dentro de 15 años, lo cual el diputado calificó como insuficiente. “Nosotros estamos proponiendo por lo menos el equivalente a un salario mínimo mensual, pero a partir de 2018. Al PAN le preocupa que solo se estén considerando en esta propuesta los trabajadores del apartado ‘A’ de la Ley Federal del Trabajo, vinculados al Seguro Social. Nos preguntamos, ¿qué pasará con el Seguro de Desempleo de los trabajadores del apartado ‘B’, los que trabajan en el Gobierno Federal y otras instancias, los que trabajan para los gobiernos de los estados y universidades? ¿Ellos no tienen derecho al Seguro de Desempleo?”, planteó. A decir del legislador, la pensión peñanietista es un fraude, ya que los recursos que se buscan recaudar, son dinero de los trabajadores, pues se trata de pasar el dinero del empleado de una bolsa a otra, lo que no cumple con la actitud solidaria y subsidiaria del Estado. “Es falso que las políticas en materia de seguro impulsadas por el gobierno, vayan en el sentido correcto. Lo único que hacen es dañar el bolsillo de los trabajadores”, apuntó Juan Manuel Gastélum. En tanto que el economista José Luis Contreras Valenzuela abundó que dichos apoyos serán insuficientes: “No juzgo el espíritu de la propuesta, qué bueno que se presente, pero hay otro elemento que es para preocuparse, que es la fuente de financiamiento, y esto va a ser el fondo de vivienda de los trabajadores. La presidencia está adornando esto como un gran logro, sin embargo, es con recursos nuestros”. A decir del consultado, será la población formal la que cargará con dicho programa de corte social, restándole capacidad de financiamiento o ahorro al trabajador. “Y si atendemos las cifras del INEGI, el 40 por ciento de la población está ocupada, el 60 por ciento en la informalidad, ellos son quienes van a estar soportando a los otros. Tendrán acceso a la pensión las personas que tengan ingresos por arriba del monto de la pensión universal fijada; si una persona tiene una pensión de 700 pesos, podrá acceder al diferencial, y por otro lado, si tiene pensión de mil 500 por otro conducto, no tendrá derecho”, ejemplificó Contreras, para concluir: “En cuanto al Seguro de Desempleo lo pueden solicitar las personas que hayan cotizado en el Seguro Social dos años. Se les otorgará un porcentaje del salario que hayan tenido durante el tiempo trabajado. Empieza en 60 por ciento el primer pago, el segundo en 50 por ciento, el tercero en adelante 40 por ciento. Solo se puede acceder durante 24 meses”. Francisco Navarro Fausto
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