De pocos temas habla con seriedad y compromiso el gobernador del Estado de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, o Kiko, como le gusta que le llamen en la informalidad de su investidura. De lo que poco o nada habla, es de la inseguridad, que está tomando un peligroso repunte en el estado. A 140 días de tomar posesión, Vega de Lamadrid no ha dado a conocer una estrategia sólida y formal contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en Baja California. Se dejó llevar por la continuidad que representó el ratificar en el cargo de secretario de Seguridad Pública del Estado a Daniel de la Rosa Anaya, y la tranquilidad que para él y solo para él, significa confiar la Procuraduría General de Justicia del Estado a su amiga y entrañable colaboradora, la magistrada con licencia Perla del Socorro Ibarra. Los síntomas del abandono gubernamental en materia de seguridad están comenzando a notarse. Descoordinación en las corporaciones policíacas de Estado y Municipio, abandono por lo menos físico de las Fuerzas Armadas, y una reorganización y rearme de las organizaciones criminales. La prueba fehaciente de este caos y de la ausencia de una estrategia conjunta para combatir a narcotraficantes y criminales, son las 177 ejecuciones que han sucedido en 79 días (hasta el día de ayer, jueves 20 de marzo), incluyendo menores de edad, en los cinco municipios de Baja California. A diferencia de anteriores gobernadores y muy cerca de la estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto, Francisco Vega no ha tomado el tema como su cruzada, lo cual se puede interpretar como insensibilidad social y por parte de la delincuencia como una indiferencia, que puede ser aprovechada para la rehabilitación de células criminales, el crecimiento de otras y el nacimiento de unas más, ante el clima de desinterés e impunidad que se respira. Cuando vemos y vivimos este escenario, es imposible no pensar en las palabras que dijo un narcotraficante cuando al ser detenido por Alberto Capella Ibarra en noviembre de 2011, y en respuesta a la pregunta de por qué había regresado al estado: “Porque ya no había gobierno”. Se refería al cambio de mandos en el Ejército, a la salida del Teniente Julián Leyzaola de las corporaciones locales, y a la ausencia de quien desde la Secretaría de Gobierno había coordinado a Generales, secretarios, directores y procurador: Francisco Blake Mora. El desgobierno en materia de seguridad trae caos, violencia de alto impacto, muerte, tráfico, extorsión, impunidad. Kiko Vega no ha dado un discurso profundo y comprometido en el tema. Ni ha asumido la posición de liderazgo en la delicada materia, tampoco ha instrumentado el Mando Único para la coordinación policíaca y de investigación, aunque las reuniones entre policías e investigadores que desconfían unos de otros, se siguen dando. Ni siquiera ha convencido a su procuradora de entrarle al tema del combate al narcotráfico y el crimen organizado, judicializando los casos de los muchos crímenes que suceden en la entidad, para generar órdenes de aprehensión contra los principales delincuentes que encabezan bandas de criminales, particularmente del Cártel de Sinaloa y del Cártel Arellano, que aun reducido, existe. La procuradora ha concentrado sus esfuerzos en abatir el rezago que encontró en las subprocuradurías y en el Ministerio Público, así como consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal; acciones que se le agradecen, que dan agilidad a los procesos, pero el siguiente paso debe ser investigar, judicializar y solicitar órdenes de aprehensión contra criminales, delincuentes, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores y asesinos que, de manera sistemática, han sido mencionados en averiguaciones previas por otros delincuentes que sí han sido aprehendidos. El gobernador, como la procuradora, no pueden ni deben voltear a otro lado en el tema de la inseguridad, hacerlo es proveer impunidad a los criminales y vulnerar más la seguridad e integridad física de los bajacalifornianos. Política, administrativa y socialmente, es obligación y responsabilidad de Francisco Vega, ordenar y supervisar una estrategia de combate a la inseguridad que investigue, persiga y detenga a quienes hacen daño a la sociedad; no hacerlo, evadir esa facultad como lo ha hecho hasta la fecha, solo contribuye a que el conteo de ejecutados siga creciendo. 177 ejecuciones en 79 días son muchos, gobernador. Ya es hora y es su obligación, o… ¿cuántos más necesita?
Publicidad
