A petición del Síndico Social de Ensenada, Félix Francisco Ojeda Ortega, el director general del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada (FIDUE), Osias Gibrán Ruiz Durazo, compareció ante el Cabildo del XXI Ayuntamiento de Ensenada la tarde del miércoles 18 de marzo, durante una sesión ordinaria celebrada en la delegación de San Antonio de las Minas. Ojeda esperaba que el funcionario aclarara ante los funcionarios dudas referentes a esa dependencia. Ruiz Durazo explicó ante el Cabildo que recibió la dependencia el 30 de diciembre del 2013 y revisó los documentos que entregó a la Sindicatura Municipal con un listado de irregularidades, que resumió de la siguiente manera: 1) La venta de un terreno en contrato de compraventa de fecha 15 de abril del 2013, por la cantidad de 124 mil 665 pesos. 2) Instalación directa de beneficiarios a toma de agua de CESPE, en Colonia Popular 1989 segunda etapa, desde fecha del mes de noviembre de 2013. 3) Convenio de participación entre FIDUE e Inmobiliaria del Mar para cárcamo definitivo, que no se ha finalizado en la Colonia Popular 1989. 4) Cartera vencida por 5 millones 415 mil 621 pesos, debido a falta de seguimiento de la paramunicipal para atacar el problema. 5) Venta de terreno de contrato de compraventa de fecha 15 de abril del 2013 por la cantidad de 2 millones 149 mil 794 pesos. 6) Al revisar diferentes pies de casa ya entregados, encontraron una propiedad ubicada en el fraccionamiento Salvador Rosas Magallón, consistente en pie de casa de 21 metros cuadrados de construcción, que se entregó a una beneficiaria de manera formal, quien ha estado abonando a su cuenta de crédito. El FIDUE con posterioridad, entregó la propiedad a una tercera persona, quien posee el inmueble actualmente, anexando en observaciones ante la Sindicatura Municipal, que contiene video, en donde la poseedora acusa al anterior asesor jurídico del FIDUE de entregarle el bien inmueble sin contrato de compraventa con reserva de dominio, y/o un acta formal de entrega-recepción. 7) Encontraron diversos lotes unifamiliares disponibles del FIDUE, con pie de casa en el fraccionamiento Salvador Rosas Magallón, que fueron entregados a los ciudadanos sin formalidad de acta de entrega-recepción y/o contratos de compraventa con reserva de dominio. Esto ha derivado en denuncias ciudadanas en contra del anterior asesor jurídico del FIDUE, turnadas a Sindicatura Municipal. Asimismo, el actual director del FIDUE refiere que en cuanto a obra las irregularidades son: – Ampliaciones de viviendas sin autorización de obra oficial. – Viviendas colindantes a taludes sin guarniciones de protección. – Calles con obstrucciones por material abandonado, falta de aceras y muros de contención derrumbados por mala calidad en sus materiales. – Registros de drenajes sin tapaderas. Un muro de contención sostenido con barrotes de madera. – La pila de una planta de recepción de aguas residuales, no cuenta con fase de cimentación de sólidos, ni tratamiento aeróbico y con un cárcamo de bombeo provisional al descubierto que podría ocasionar accidentes. Todas estas irregularidades fueron entregadas el 28 de enero del 2014 ante la Sindicatura Municipal, incluyendo documentos que respaldan lo dicho por Ruiz, como son copias cotejadas de actos de sesiones del comité técnico, contratos originales de compraventa de terrenos, fichas de depósito originales por compraventa de terrenos, copias cotejadas de estados de cuentas bancarios mensuales del FIDUE, etcétera. En la manzana 207 de la Colonia Popular 89, con una superficie de 59 mil 148.084 metros cuadrados, la administración anterior tenía programada construcción de 301 pies de casa de 33 metros cuadrados (y 8 viviendas en el Fraccionamiento Salvador Rosas Magallón) a través del FIDUE, utilizando recursos federales que habían obtenido a través de un convenio con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); y el fideicomiso Pro-Viva. Sin embargo, 28 de estas viviendas no fueron construidas y hubo un recurso millonario no ejercido, que fue detectado por Ruiz Durazo. ¿Cuál es el monto de la aportación que no se invirtió en el proyecto de las 309 viviendas?, preguntó el Síndico Social al titular del FIDUE durante su comparecencia. “Aproximado, 2 millones 300 mil pesos”, respondió Ruiz. “En total fueron 2 millones 300 mil pesos que no se ejecutaron, aproximadamente son 90 mil pesos invertidos por pie de casa, la aportación FONAPO y Pro Viva”, agregó. ¿Y si no se invirtió al 100 por ciento esa aportación, en dónde se invirtió, dónde está ese dinero?, preguntó el Síndico Social. Ruiz solo atinó a decir que la FIDUE no cumplió con el convenio, y tuvo que ver con la preparación del terreno para la construcción de las viviendas que requería el FONAPO para colocar el pie de casa, y agregó que el rastreo del dinero correspondería a Sindicatura Municipal. “Sí nos tiene preocupados primero como administración, porque a final de cuentas la responsabilidad de la paramunicipal (FIDUE) es aplicar ese recurso, y lo está haciendo, consiguió recursos propios para poder ejercerlos”, comentó el Síndico Procurador respecto a ese problema. “La parte de sindicatura es investigar, hacer los arqueos, las auditorías correspondientes para ver dónde quedó ese dinero realmente”, agregó Barbosa. Cabe mencionar que de los reportes emanados del FIDUE surgieron también los documentos de compraventa de terrenos al yerno del ex alcalde Enrique Pelayo Torres, que evidenció semanas atrás el Síndico Social Félix Ojeda y fueron publicados por ZETA, mismos que terminaron en una denuncia penal por parte de Barbosa Ochoa, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de Pelayo Torres y personas involucradas en el tema, incluyendo al ex director general del FIDUE, Marco Antonio González Aréchiga, quien avaló esos negocios irregulares con su firma en varios documentos. Ahora, tras el reporte ante el Cabildo por el titular del FIDUE, una nueva cifra sale a la luz pública, y es la de más de 2 millones de pesos perdidos. Opacidad en el manejo de recursos El 18 de marzo de 2014, en sesión ordinaria del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC), los consejeros ciudadanos titulares determinaron que el gobierno municipal de Ensenada había omitido información, que por Ley está obligado a proporcionar, referente al destino del recurso del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) durante los años 2011 y 2012. El recurso de revisión enviado al ITAIPBC por un ciudadano, inconforme con la respuesta original del gobierno ensenadense, llevó a que el tema fuese abordado en la tercera sesión ordinaria del pleno de dicho instituto el martes pasado, quedando registrado bajo el título “proyecto de resolución de Recurso de Revisión RR/82/2013 presentado en contra del XX Ayuntamiento de Ensenada”. Adrián Alcalá Méndez, uno de los consejeros del ITAIPBC, explicó en entrevista con ZETA, que en efecto, el gobierno municipal no había respondido correctamente a la petición ciudadana y el Instituto demandará al nuevo gobierno, modificar la respuesta y que “de manera fundada, motivada y exhaustiva”, le responda al recurrente cuál fue el monto que recibió y que ejerció en los años 2011 y 2012 por el SUBSEMUN. La petición ciudadana no iba enfocada a conocer exclusivamente la cifra global del recurso asignado al municipio, sino que el gobierno local debe anexar información pública, como la copia de los convenios de adhesión con la federación y sus archivos anexos, el desglose de los productos y servicios adquiridos por el Ayuntamiento con el fondo SUBSEMUN, y el listado de los proveedores de dichos productos y/o servicios. Precisamente, lo que no entregó. La Ley de Transparencia vigente en Baja California establece como información pública los listados de proveedores a las entidades gubernamentales o sujetos obligados. Y los convenios también son información pública. Alcalá explicó que los lineamientos del propio SUBSEMUN establecen un catálogo de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a través de ese fondo, y entre sus artículos incluye los productos específicos. La petición ciudadana dirigida al gobierno de Ensenada, va enfocada a conocer cuánto dinero fue destinado a qué productos dentro del catálogo de bienes para el equipamiento de las corporaciones de seguridad pública de los beneficiarios del SUBSEMUN, sin especificar la cantidad unitaria. Con ello, el ciudadano busca evitar que el Ayuntamiento se niegue a responder, aludiendo a cuestiones de seguridad, y su petición encaja dentro de la información pública, algo que el mismo ITAIPBC confirmó tras la sesión del martes. “Nada más, por chalecos, se invirtió tal cantidad de dinero, o por municiones tanta cantidad de dinero. No puede establecer cuántas municiones se compró, ni tampoco qué tipo municiones, nada más el capítulo de municiones, si es que se compraron municiones de acuerdo con el catálogo. El sujeto obligado nos dirá qué fue lo que se compró sin cantidades unitarias, pero sí cuánto se gastó en ese rubro”, explicó el consejero del ITAIPBC. A mediados del año 2013, policías municipales en activo a través de la Asociación de Policías de Ensenada, encabezada por su entonces presidente el oficial en retiro Jesús Eduardo Hernández Vélez, quien en diciembre sería nombrado como director de policía y tránsito municipal en el XXI Ayuntamiento, denunciaron haber recibido uniformes (chamarras, botas, pantalones, entre otras cosas) de mala calidad. La denuncia además de hacerla pública, incluyó una petición a la Sindicatura Municipal para que investigara el origen del equipo “patito”, pues ni siquiera tenía marcas de fábrica, pero al término del XX Ayuntamiento, el entonces Síndico Carlos Fidel Escobar Hernández no llegó a nada. El asunto fue retomado por el nuevo Síndico Procurador, Carlos Iván Barbosa Ochoa, quien comentó a ZETA estar investigando el manejo del recurso. “Dan información de los montos, pero no en qué se invirtió y se gastó. Nosotros tenemos acceso a toda esa información en cuanto a lo que se gasta dentro del SUBSEMUN, estamos en la investigación por supuesto también, y en auditorías normales”, expuso Barbosa. — ¿Hay algo que indique hacia alguna irregularidad?, se le preguntó. “Hay irregularidades en el tema de los útiles escolares a los policías donde aparentemente el valor de factura que se paga en su momento no es el correspondiente al valor real de los útiles que se entregaron…el de las botas, uniformes, prácticamente muy parecido al tema de los útiles escolares y estamos haciendo una investigación también”, explicó Barbosa. Aunado a esto, luego de su arribo como director de la policía, Hernández Vélez, aseguró haber heredado de su predecesor, el ex general de la Secretaría de la Defensa Nacional, Florencio Raúl Cuevas Salgado, una corporación en malas condiciones, con motocicletas y patrullas “yonkeadas”, delegaciones descuidadas, y necesidad de nuevo armamento y uniformes. Alcalá Méndez, del ITAIPBC, estimó que el gobierno municipal de Ensenada estaría recibiendo formalmente la resolución del Instituto, el miércoles 19 de marzo, donde le pedirían que respondiera correctamente sus gastos en SUBSEMUN, conforme a lo solicitado por el ciudadano.
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