“Extorsionagate”: muchos delitos se presumen y ninguno se investiga

En el “Extorsionagate” donde se metieron el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, y el síndico procurador Arturo Ledesma Romo, muchos delitos se presumen y ninguno se investiga: 1.- Extorsión.-El viernes 28 de febrero de 2014, Astiazarán citó a conferencia de prensa para denunciar públicamente que habían intentado extorsionarlo. Como autores intelectuales, señaló a los hermanos Miguel y Arturo Ledesma Romo, este último, síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana. En calidad de autores materiales, como emisarios del mensaje que catalogaría como extorsión, el alcalde ubicó a dos empleados de Sindicatura: Joel Guardado y Rubén Salazar. Éstos le dirían a un empleado de Astiazarán que los Ledesma querían una parte (el 50 por ciento) del dinero que entra fuera de ley y reglamento, a la administración pública. De lo contrario, y es cita textual: “Le harían la vida de cuadritos”. El delito de extorsión, como lo señaló Astiazarán, es un delito grave que se persigue de oficio. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) puede abrir una averiguación previa al momento en que tenga conocimiento de la acción; lo podría haber hecho luego de la conferencia, pero prefirieron mantenerse al margen del pleito que califican de “interno” en el Ayuntamiento de Tijuana Tres días después de la denuncia pública de Astiazarán, los Ledesma reaccionaron. A través de la Sindicatura enviaron un boletín donde notificaban el cese de los dos funcionarios que, según el alcalde, habían sido los emisarios de la extorsión, dando credibilidad a la denuncia de éste. Además, solicitaba el síndico que reconsiderara su actitud si no podía comprobar sus dichos en tribunales. Al siguiente día, Jorge Astiazarán se sostuvo en la denuncia de extorsión. 2.-Calumnia. En caso que los Ledesma sostuvieran su posición de ofendidos en su honor, estarían en facultad de denunciar al alcalde de Tijuana por delitos contra el honor. 3.- Cohecho. El “Extorsionagate” también podría encuadrarse en el cohecho. Según el Artículo 296 del Código Penal de Baja California, “comete el delito de cohecho, el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto, relacionado con sus funciones”. Lo que destapó el “Extorsionagate” fue la suspensión que Sindicatura Municipal le otorgó al secretario del ayuntamiento, Bernardo Padilla, a su vez, señalado de cometer algunos delitos. El jueves 27 de febrero de 2014, el síndico Arturo Ledesma Romo inició una guerra institucional que terminó por revertírsele, y hoy lo tiene neutralizado. En el enfrentamiento perdió a sus dos principales asesores, Joel Guardado y Rubén Salazar, y llevó a su familia a la sospecha de corrupción. Particularmente de él y su hermano mayor, Miguel Ledesma. Luego de que el alcalde Jorge Astiazarán denunciara solo con su palabra como prenda, que los Ledesma enviaron emisarios para extorsionarlo con parte de lo que suponen, se recaba de asuntos ilícitos en la administración pública -80 millones de dólares-, Miguel y Arturo Ledesma se replegaron. Tres días después, responderían con un tímido boletín de prensa anunciando la renuncia de los dos colaboradores que señaló Astiazarán. Y en la guerra política, el presidente municipal de extracción priista salió ganando: su secretario del ayuntamiento le sacó la vuelta a la suspensión, sus otros dos funcionarios menores expulsados siguen el proceso de investigación, pero su suspensión fue cancelada. El síndico renunció a dos de sus colaboradores, y su denuncia de extorsión acabó con la sospecha de corrupción sobre sus empleados, incluido Padilla. Este es un extracto del reportaje Delitos Municipales. Para leer la  información completa ingresar a http://www.zetatijuana.com/ZETA/reportajez/delitos-municipales/