La captura de “Joaquín” Guzmán Loera se empezó a fraguar en los Estados Unidos. Un año después de que un cuerpo de élite de las fuerzas armadas norteamericanas dieran muerte al terrorista Osama bin Laden, en mayo de 2011, autoridades de aquel país dieron la categoría de enemigo público número 1 a “El Chapo” Guzmán. En efecto, el 11 de abril de 2012, inició el operativo que incluyó estrategias legales y de inteligencia para perseguir primero por la vía judicial, a partir de elaborar una averiguación previa sólida en la Corte de Distrito de Texas, División El Paso, y posteriormente seguir a partir de operaciones de agentes antidrogas de los Estados Unidos, la vida delictiva de Guzmán Loera, hasta ubicarlo con el fin de detenerlo. Un mes antes de que en Texas se iniciara el caso criminal EP12CR0849, agentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, habrían advertido la presencia de Archivaldo Guzmán Loera en Los Cabos, Baja California Sur. Sin embargo, la lentitud, colusión o incapacidad en la Policía Federal, entonces el enlace con las corporaciones norteamericanas, permitió la evasión del narcotraficante al atender de manera tardía la alerta de información de los estadounidenses. 
A partir de ese momento, el gobierno mexicano cambió de estrategia. Fue evidente cómo la Marina fue la corporación enlazada a los estadounidenses para el intercambio de información y cooperación en la investigación de narcotraficantes mexicanos en suelo nacional. El Ejército, la Policía Federal, habrían quedado relegados en el nivel de las altas decisiones. Lo que sucedió el sábado 22 de febrero de 2014, cuando finalmente el narcotraficante más buscado cayó detenido, fue producto de una coordinación entre la Armada de México y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), apoyados en términos judiciales y de investigación en el caso criminal de Texas, y de la Procuraduría General de la República en el rigor ministerial para salvaguardar el debido proceso desde el momento mismo de la aprehensión. En esta misma edición se detalla la capacidad tecnológica de las agencias mexicanas, Policía Federal, Ejército y CISEN, que no participaron en el operativo, y de la Marina y la DEA, que sí lo hicieron, a partir de un análisis de los vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, dado que uno o varios de ellos fueron utilizados en cielo mazatleco para ubicar -desde el rastreo de un celular satelital- la posición exacta del líder del Cártel de Sinaloa. Es evidente cuál de las dos corporaciones tiene mayor alcance tecnológico. Una fuente extranjera refirió que el gobierno de Barack Obama puso a disposición de los mexicanos toda la capacidad tecnológica que tienen para este tipo de operativos, “nuestra capacidad tecnológica sobrepasa la de los mexicanos”. Aun así, insistieron en otorgar todo el crédito de la captura al gobierno de Enrique Peña Nieto, “los agentes de la DEA estuvieron cerca de donde se dio la captura de ‘El Chapo’, pero no dentro del operativo de aprehensión”, aclararon. Ciertamente, era más factible una captura con la colaboración del gobierno norteamericano que con la única participación de las corporaciones mexicanas. Guzmán Loera se había convertido en el blanco central, desde las declaraciones de la entonces secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, en febrero de 2012, cuando dijo: “Nos tomó diez años atrapar a Osama bin Laden; lo encontramos y ya saben lo que pasó. Creo que lo mismo va a pasar con Guzmán”. El objetivo estaba claro. Fuera de “El Chapo” y una veintena de hombres y mujeres, incluidos familiares del capo que aparecen en las averiguaciones previas que se le siguen a Guzmán Loera en los estados de Nueva York, Texas, Illinois y California, y en las recomendaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde congelan sus bienes y recomiendan no hacer negocios con ellos, no hay otro capo mexicano en la mira de los estadounidenses, una vez extraditados los hermanos Benjamín y Eduardo Arellano Félix, así como Oziel Cárdenas Guillén, Juan García Abrego, Ismael Higuera y otros narcos de notoria presencia en la década pasada. Tras la red de criminales La cooperación entre México y Estados Unidos no concluyó con la captura de Archivaldo Guzmán Loera; aun cuando el gobierno mexicano ha dado un leve seguimiento para la aprehensión de los cómplices del narcotraficante, representantes del gobierno de Norteamérica refieren el interés de ser también llamados a colaborar en las detenciones que deben seguir. 
Explicaron a ZETA: “Los Estados Unidos tenemos las herramientas suficientes para hacer un análisis de la información que provea ‘El Chapo’ y para seguir la línea del dinero y detectar a la red criminal de los malos”, en alusión a la red criminal de cómplices en el cártel y empresas de lavado de dinero, entre otros. No descartan la posibilidad de cooperar en el análisis de la información y los hechos para determinar la red de corrupción que erigió Guzmán Loera para comprar impunidad a autoridades mexicanas, “creemos que ‘El Chapo’ no tiene tanto dinero como se dice; ciertamente obtenía mucho con las drogas, pero la mayor parte la destinaba a pagar para ser protegido”. Extradición sí, no saben cuándo Mientras en México, la extradición ha sido una constante desde el momento de la detención, para el gobierno de los Estados Unidos, es un tema en el que dice, no tienen prisa. “Sí deseamos que ‘El Chapo’ sea juzgado en la Unión Americana, pero no sabemos cuándo. Por ahora somos respetuosos de la manera en que México, con mucha precisión, limpieza y orden, están haciendo las cosas. Fue extraordinaria la forma en que el gobierno mexicano actuó para detenerlo, un operativo quirúrgico”, expresó una fuente extraoficial. Ciertamente y por ejemplificar, Benjamín Arellano Félix, en su momento uno de los más buscados en Estados Unidos, fue extraditado a la Unión Americana luego de nueve años de haber sido detenido en México; de hecho en este país le faltan doce años de condena por cumplir. En Estados Unidos le fue impuesta una pena de 25 años, una vez que los cumpla, será deportado a México, donde terminará de purgar las sentencias de este lado. “Las penas de 25 años, son las mínimas que se dan a criminales de ese calibre, y no significa un beneficio, sino que es el número de años suficiente que nos hacen pensar, respecto su edad, que pasarán el resto de su vida en prisión”, afirmó un experto consultado por ZETA sobre la benevolencia de la pena. La condena de 25 años, que podría no ser ajena a “El Chapo” una vez extraditado, es parte de un arreglo que hace la Corte norteamericana a criminales como Arellano o como Guzmán, que merecen cientos de años o incluso cadena perpetua, a cambio de información para localizar a otros cómplices, información para determinar el comportamiento criminal, el flujo de drogas hacia aquel país, así como pago de millonarias multas y aseguramiento de bienes. Los expedientes A “Joaquín” Guzmán Loera, lo requieren en varios estados de la Unión Americana. De hecho, aunque únicamente son públicas siete averiguaciones previas, los norteamericanos no han podido cuantificar el número de expedientes abiertos en contra del capo en su país. Los más conocidos casos criminales se asientan en los estados de California, Nueva York, Texas, Illinois, Nuevo México, Florida y New Hampshire. En Texas e Illinois, Guzmán fue declarado enemigo público número 1.La ausencia de pedimentos de extradición fue confirmada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien además señaló que a “El Chapo” se le juzgará en México. Por lo menos desde finales de los 80s, se conoce el interés de los Estados Unidos por extraditar al capo, principalmente por su presunta autoría en la introducción de drogas diversas a ese territorio por tierra, aire y mar. Entre los asuntos más antiguos para enjuiciarlo, se recuerda el caso de los narcotúneles descubiertos en Tijuana y Mexicali para conectar con el Estado de California. 
En San Diego, la Procuraduría Federal de Estados Unidos acusó a Guzmán Loera en 1993 de conspirar para introducir más de ocho toneladas de cocaína a esa nación durante aproximadamente cinco años, a través de un túnel descubierto en una bodega de la Mesa de Otay. Se habló de al menos otras 21 personas ligadas al hecho, entre ellas, empresarios de ambos lados de la frontera. Desde 2009, en una Corte Federal del Distrito de Illinois está señalado al lado de los narcotraficantes del Cártel de Sinaloa, como Ismael Zambada García, Jesús Vicente Zambada Niebla, Alfredo Guzmán Salazar, Germán Olivares, Tomas Arévalo, Alberto Vázquez, y Pedro y Margarito Flores, en diversos cargos de narcotráfico. En julio de ese mismo año, en Nueva York, se formuló una acusación contra miembros del Cártel de Sinaloa por siete cargos que incluyen la distribución internacional de cocaína y la utilización de sicarios para cometer asesinatos. En 2012 se interpuso una nueva acusación contra “El Chapo” Guzmán en una Corte Federal en El Paso, Texas, por 14 cargos, entre éstos, supervisar el contrabando de varias toneladas de marihuana y cocaína hacia los Estados Unidos de América. También se le señala de secuestrar a un narcotraficante texano al que habrían asesinado en suelo mexicano. En caso de proceder la extradición en un futuro, el capo mexicano sería enviado al estado norteamericano, donde se le investigue por el delito con mayor penalidad. En general, en los tres expedientes más sólidos, el de la Corte del Oeste de Texas División El Paso, el de la Corte de Distrito del Este en Nueva York División Brooklyn, y el de la Corte de Distrito de Illinois División del Este, los cargos son más de 18 y similares: Conspiración, posesión de sustancias controlados por arriba de los cinco kilos de cocaína y arriba de los mil kilos de marihuana; conspiración para importar sustancias controladas, conspiración para lavar dinero, conspiración para poseer armas de fuego con la intención de utilizarlas en al tráfico de drogas y crímenes violentos para mantener dicha actividad; conspiración para cometer asesinatos y secuestros, asesinatos para controlar y mantener la actividad criminal y el tráfico de drogas; conspiración para matar en un país extranjero y para secuestrar. Todo, para mantener el ilícito negocio. Insólita marcha a favor de “El Chapo” La convocatoria fue a través de volantes y pancartas, colocados en céntricas calles, ingresos a escuelas, frente a oficinas públicas y comercios en diversos municipios de Sinaloa, en un evento insólito: una manifestación pública para exigir la liberación de “El Chapo” Guzmán Loera, capturado por fuerzas federales la mañana del sábado 22 de febrero. 
A la marcha, realizada el miércoles 26 de febrero, acudieron cientos de sinaloenses, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos que al son de música de banda y portando mantas en las que se leía “No queremos otra guerra, liberen al Chapo” y “Queremos libre al Chapo”, mostraron apoyo al ex líder del Cártel de Sinaloa. Veinte manifestantes fueron detenidos por las autoridades municipales por alterar el orden público, pero al pago de cinco5 salarios mínimos, obtuvieron su libertad. El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, se excusó diciendo que los organizadores de la marcha fueron “amigos y familiares” del preso en penal del Altiplano.
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