El análisis de un experto en seguridad pública sobre lo que sucede en Baja California, particularmente en Tijuana, no podría ser peor: la crisis de inseguridad que se observa con las cientos de ejecuciones en los primeros dos meses del año, tiene su origen en la crisis que las corporaciones policíacas están viviendo en lo interno y en la actualidad. La acepción coincide con la que muchos bajacalifornianos tienen y de hecho, con lo que se ve en las instituciones de seguridad pública. La falta de coordinación en las corporaciones mismas –no entre ellas– es un problema que acarrea descoordinación externa, vulnera a los agentes a la corrupción, las instituciones son infiltradas, y la inseguridad se desborda. Quienes aprovechan este río revuelto en Secretarías de seguridad, direcciones o comandancias de policías, son, por supuesto, los criminales. Cuando más desunidas están las corporaciones en su conformación interna y externa, y ninguneados los mandos, más crímenes pueden cometer al amparo de la corrupción y la impunidad, producto de la infiltración. En el ámbito estatal por ejemplo, mientras la Procuradora Perla Ibarra, se dedica a acabar con el rezago en la Policía Ministerial, esta corporación continúa tan oscura como siempre. Agentes ayudando a criminales de poca monta, sacando provecho de órdenes de aprehensión o desviando investigaciones. En la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa está siendo poco a poco minimizado por el Gobernador del Estado, que le pone y le impone funcionarios. Así, le degradaron a de la Rosa a uno de sus hombres de confianza, Marco Montoya para en su lugar en la dirección de la Policía Estatal Preventiva ubicar a Carlos Besné, incondicional de Francisco Vega de Lamadrid y de Perla Ibarra. También en la dirección administrativa de la Secretaría, el mandatario puso a uno de su confianza, acorralando a Daniel de la Rosa y limitándole sus movimientos. En la tropa, en las comandancias, también se registran alteraciones al organigrama planteado por el secretario. Las policías municipales atraviesan su propia crisis. La de Mexicali quedó en la orfandad cuando hubieron de renunciar al General en retiro, José Ramírez Cardoso debido a sus antecedentes penales. Los criminales andan cazando municipales acusándolos extraoficialmente de robarles la droga. En Rosarito la dirección de seguridad pública está partida en dos: la que encabeza Eduardo Montero el titular, y la que alcahuetea el alcalde Silvano Abarca a través de su incondicional -quién sabe por qué- Raúl Paredes Esquer, un policía que sistemáticamente se niega a hacer los exámenes de control, evaluación y confianza. Tijuana es caso aparte. Alejandro Lares Valladares tiene la confianza, y no, del alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí. La tiene porque lo nombró y le exige cuentas, y no la tiene porque el doctor Astiazarán no lo suelta en su encomienda del todo. Con poco tiempo dentro de la corporación, los movimientos internos de Lares no han sido los más afortunados, además de opacos. Recientemente una reportera de ZETA le solicitó el organigrama de mandos y éste rehusó dar la información y conminó a la periodista a que la solicitara vía transparencia. Esa información, dicho sea, es y debe ser pública. Pero no aparece en el portal del Ayuntamiento de Tijuana. Policías consultados refieren una confrontación entre el Secretario Lares, el director Montilla y el director de Capacitación, Olivaría (Lares por cierto fue su escolta cuando entró a la Municipal), que no solo obstruye los planes sino divide a la tropa municipal. De los mandos que no quiere dar a conocer el Secretario de Seguridad de Tijuana, aquí algunos datos referidos por los mismos agentes. José Aragón Perea es el jefe de distrito de la Presa Rural, lo califican de policía comprometido y activo cuando tiene el apoyo de sus superiores. Del de La Mesa, pues pocos lo conocen al interior de la Municipal, solo presumen que su apellido es Ochoa y que desde su llegada la incidencia criminal ha incrementado en aquella delegación municipal. En el distrito de la zona Centro, ubicó a Sergio Martínez, agente que en administraciones anteriores ha dado buenos resultados. En Playas está Gregorio Hacha, asegún sin experiencia, ni resultados pasados y a cargo de una de las zonas más delicadas de la ciudad. En San Antonio de los Buenos, José Pérez Flores, quien fue en el pasado señalado por sus compañeros como de sospechosa actitud y poco compromiso hacia la corporación policíaca y la ciudadanía; descripción que aún utilizan para definirlo. En la delegación Centenario, José Sainz pasa por la misma descripción pero le agregan el hecho de ser muy condescendiente con sus policías a grado de permitir las malas compañías y las malas acciones. En el resto de las delegaciones y ante el misterio de Lares de no revelar quiénes las encabezan en materia de seguridad, sus mandos se dividen entre el compromiso cuando hay coordinación, y aquellos que de plano, ante la falta de supervisión y línea dura desde la cabeza, se inclinan a favorecer al crimen organizado. Si a ello le suma el reacomodo lógico que habrá en las organizaciones criminales a partir de la detención de “El Chapo” Guzmán, pues el escenario no se prevé alentador. Sino todo lo contrario. Así, la crisis en las instituciones de seguridad, genera crisis en la seguridad de Baja California.
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