El proceso de elección de la nueva mesa directiva en la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Ensenada, Baja California, que tuvo lugar el viernes 28 de marzo en las oficinas de la propia CANACO, ha sido calificado por un grupo de comerciantes locales como una farsa, mientras otros, los que lo organizaron, aseguran que fue válido. Este es el último capítulo de un largo pleito entre dos grupos al interior de la Cámara, quienes se acusan mutuamente de inventar historias de fraudes, y de mentir y engañar a los miembros de su propio organismo, y de paso, a la población en general. Durante el conflicto, Juan Mauricio Victorero Argüelles, socio de la CANACO, y Armando Medina Hernández, ex presidente de ese organismo, entablaron una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR), en contra del ahora ex presidente Alfredo Rico Bravo -el 20 de febrero de 2014-, por supuestos malos manejos de fondos federales y utilizar los nombres de empresas locales (alrededor de 400 en total) y socios de la CANACO sin su permiso, para justificar gastos y apoyos. Acusan a Rico de no justificar correctamente el gasto de 2.5 millones de pesos del Fondo PYME para la ejecución de proyectos, que le fueron autorizados el 5 de septiembre de 2012, bajo folio FP2012-1840 y depositados en una cuenta bancaria de la Cámara, cuyos apoderados eran Rico Bravo y Javier Campos Campos. Dinero que, explican, fue utilizado para la realización de un evento denominado “Encuentro de Negocios Fiesta Viva 2012”, donde múltiples empresas fueron nombradas como participantes y/o beneficiarias de los fondos para la pequeña y mediana empresa, sin que esto fuera cierto. Victorero y Medina refieren que a ello se suma otra denuncia en contra de Rico, entablada por el abogado Jaime Palafox Granados, propietario de uno de los negocios que supuestamente el ex titular anotó como beneficiado con los recursos federales, sin serlo. Dicha denuncia, explicó Palafox en entrevista con ZETA, la hizo directamente al órgano de control interno de la Secretaría de Economía, hace aproximadamente un mes, y refiere conocer al menos veinte empresas más afectadas, que aparecen como beneficiadas del evento y no recibieron nada, ni pertenecen a CANACO. Adicionalmente, Palafox explicó que no solo la Cámara metió a su empresa y otras del sector vitivinícola en el evento, sin ser miembros de la misma y sin recibir beneficios. También incluyó en el formato que entregó a la SE, datos específicos de sus empresas, como su RFCs, dirección, nombre de su representante legal, teléfonos y correos electrónicos de contacto, entre otras cosas. Evidencia que el órgano de control de la Secretaría de Economía tiene en sus manos. Los datos de diversas empresas que fueron anotadas por la CANACO como beneficiarias, dijo Palafox, no deberían tenerlos, pues nunca han sido socios de la Cámara de Comercio. “La pregunta de fondo es, ¿de dónde consiguieron la información para identificarnos? No solo con el nombre de la razón social, porque muchas empresas tienen un nombre, pero la razón social es distinta”, explicó. “Tengo entendido que el evento de ‘Fiesta Viva’ no tuvo más de cien expositores, pero en la relación de solicitantes y beneficiarios (enviados a la SE por Rico), hay casi 350 empresas”, agregó. Por su parte, Alfredo Rico asegura no haber desviado los fondos. Que fueron manejados adecuadamente, aunque la única evidencia sólida que ha mostrado, ha sido una copia del correo electrónico de un funcionario de la Secretaría de Economía, de nombre Ernesto Torres Rosas, donde hace referencia a que la participación de avance del folio FP2012-1840, era del 100 por ciento. “En atención a su solicitud, les informo que el proyecto se encuentra concluido y cerrado al 100%”, refiere el breve mensaje de Torres Rosas, y anexa una pequeña tabla con los datos generales del proyecto. Aunado a estos problemas dentro de la CANACO, durante los últimos cuatro años se ha registrado la salida de cientos de sus miembros. De aproximadamente mil 100 afiliados, estimados por la propia Cámara de Comercio Ensenada en 2010, 338 (30%) fueron reconocidos en el transcurso de este año. Durante una rueda de prensa convocada la mañana del domingo 30 de marzo, quien asegura haber sido el ganador de la solitaria contienda en la CANACO el viernes 28, Rafael Antonio Chávez Montaño, representando a la única planilla inscrita, la Verde, argumenta que su llegada a la presidencia de la Cámara el fin de semana, fue legal. Junto a él, Nicolás Ayub Martínez, vicepresidente ejecutivo de la CANACO, y presidente de la Comisión Electoral de la Cámara, aseguraría también que el proceso fue válido. De acuerdo a Ayub, de los 338 afiliados que podían participar en el proceso, 170 se acreditaron, pero participaron 150. Hubo 128 votos a favor de la Planilla Verde, ocho abstenciones, y el resto de los votos no fueron depositados en las urnas. “Se forma el nuevo Consejo que elige a su presidente, y a su vez, el presidente presenta su propuesta de directiva, sus acompañantes en este siguiente año de gestión”, expuso Ayub, mientras advertía que durante todo el proceso no hubo ninguna queja formal que hubiesen recibido, sobre alguna irregularidad. “No se vale que sigamos tolerando que la gente hable porque tiene ese derecho de hablar, pero para hablar y señalar algo, tienes que demostrar que lo que estás señalando tiene un sustento. Y yo exhorto a que quien haya dicho lo que haya dicho, pues que lo demuestre”, sostuvo Ayub, en alusión a acusaciones que dice haber leído en redes sociales y medios de comunicación locales, sobre fallas desde la convocatoria emitida por la CANACO Ensenada para elegir nueva mesa directiva, hasta el proceso de votación. Pero Victorero y Medina afirman que sí hubo fallas, y que la elección se dio violentando los reglamentos internos de la Cámara, al no contar con los 17 consejeros que requería. “Ni siquiera en las fotografías de la toma de protesta del nuevo Consejo están todos los consejeros”, afirmaron durante una entrevista tras el proceso de votación. No obstante, para Nicolás Ayub el proceso fue minucioso: “No estamos inventando nada, 117 años que tiene nuestra Cámara y se ha mantenido con una gran tradición legislativa, sus leyes se han perfeccionado suficiente, como para querer cambiar las cosas de última hora, y menos violentando lo que es una Ley acordada”. El conflicto llegó al grado en que los dos grupos han realizado sesiones de la CANACO por separado, e incluso podrían ser llevadas a cabo unas votaciones distintas, para integrar otro consejo directivo, que dicen, “es el bueno”. Ayub y Chávez Montaño señalan que también tienen demandados a sus contrarios, por supuestos actos vandálicos y quererse apoderar de las oficinas de CANACO Ensenada el 19 de marzo de 2014. “Las demandas son por daño patrimonial, haberse metido a Cámara, haber encadenado Cámara de Comercio, haber roto los plafones, haber quebrado los vidrios, haber sustraído documentación de Cámara… todo eso está en una demanda”, anotó Chávez Montaño. De acuerdo a este último, los denunciados son: Ricardo Jasso, Juan Mauricio Victorero (a quien aseguran haber expulsado de la CANACO por no pagar cuotas de un negocio de autos usados), Armando Medina, Saúl Lazcano Sahagún y Carlos Ibarra. Sospechosos, porque los acusó un guardia de seguridad, de nombre Bibiano Durán Rogelio, al que ellos mismos (los acusados) habían llevado para resguardar las instalaciones de la Cámara. “Que vean las cámaras de vigilancia que están ahí en la esquina frente a la entrada de la Cámara, y que confirmen qué actos vandálicos hubo”, acusaría Victorero en torno al caso. Durante la rueda de prensa del domingo anterior en las oficinas de CANACO Ensenada, Chávez Montaño fue cuestionado respecto a quienes integraban la nueva directiva: “Como tesorero está Alfredo Rico Bravo; como secretaria está la contadora pública María Guadalupe Lozano Monroy; como vicepresidente ejecutivo, está el ingeniero Nicolás Ayub; vicepresidente de Eventos, Carlos Chavira; como vicepresidente de turismo está Osis Armenta; vicepresidente de Afiliación, Maritza Solís”. La ausencia de algún representante de la Secretaría de Economía en el proceso de votación, fue considerada por Chávez y Ayub como innecesaria, dado que el proceso es un asunto interno de la Cámara. Y agregan, no tener comunicación con el delegado de la SE, David Saúl Guakil. “Saúl Guakil jamás ha hablado con nosotros, nunca nos ha manifestado de ninguna forma, a mí en lo personal, desde que tomé posesión, que fue el viernes (28 de marzo). Él no me ha llamado, no me ha hecho algún reclamo, no me ha dicho nada. Yo creo que él es una persona muy inteligente que entiende que la Cámara de Comercio es autónoma y que es confederada, él respeta la institucionalidad de Cámara, como nosotros respetamos a la Secretaría de Economía, la cual es un guía”, detalló Rafael Antonio Chávez Montaño. Cuestionado por reporteros sobre la posibilidad de que el otro grupo de la CANACO realice otro proceso para elegir mesa directiva, respondió: “Ya lo vivimos hace tiempo con (Andrés Manuel) López Obrador, que hizo elecciones para él solo y se puso una banda. Yo por mí que hagan las elecciones que quieran, pero eso ya se vivió. “Aquí a CANACO no ha llegado ninguna demanda de la PGR, ni de la Secretaría de Economía, ni de ninguna secretaría en contra de malos manejos, o de que haya… lo único que se trató fue de enturbiar el proceso electoral, creen que la CANACO es un botín, pero no es cierto”, agregó Chávez. Por otro lado, Mauricio Victorero y Armando Medina indican que las demandas están en curso “y no tenemos prisa”, asentó Victorero, quien se confiesa seguro de que una vez concluido el juicio, se le dará la razón. Aunado a ello, indicó que la Secretaría de Economía es la encargada de entregar la toma de nota a la CANACO, algo que no ocurrió en 2013 y podría no suceder este año, debido a la falta de certidumbre en el proceso. Si la Cámara no obtiene toma de nota en el primer año, recibe un apercibimiento, pero si son dos años, queda invalidada como tal. Es decir, que la CANACO Ensenada que opera desde 1896, no tendría reconocimiento por primera vez en su historia.
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