Tal como lo hiciera su antecesor, el XXI Ayuntamiento de Tijuana avaló pagar a gestoras privadas del Impuesto Predial, acción que fue acreditada por el síndico procurador, Arturo Ledesma Romo, aun cuando se carece de evidencia de que las empresas hayan cumplido con el contrato de prestación de servicios signado con el Municipio. De esta manera, el gobierno de Jorge Astiazarán terminará pagando 5 millones 600 mil pesos que la administración de Carlos Bustamante no cubrió, de los 21 millones 600 mil pesos cobrados por una de las dos gestoras, sin descartar la posibilidad de volver a recurrir al contrato de asesoría externa en el requerimiento del Predial. El Cabildo del actual gobierno aprobó otorgar a Collect de México, S.A. de C.V. el pago pendiente, finiquitando con ello un contrato incumplido por parte de la empresa, al no requerir a los grandes morosos de ese gravamen, razón por la que fue contratada, junto con la firma Allie Alianzas Estratégicas, S.A.P.I. de C.V., de la cual tampoco se tienen resultados concretos. Ni una ni otra rindieron informes trimestrales de su desempeño, mismo que se duplicó con el realizado por Tesorería Municipal, al enfocar su requerimiento solo a contribuyentes menores. Pero a excepción del síndico social, Bernabé Esquer Peraza y el regidor Omar Sarabia, el Cabildo del XXI Ayuntamiento se deslindó de cualquier responsabilidad de tan irregular contrato y su liquidación, amparándose en el aval dado por Ledesma Romo, quien mejor optó por quedarse callado. Investigar esta anomalía, argumentó el cuerpo edilicio: “Es tarea del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior del Estado) y del síndico procurador”. Por su parte, Bernardo Padilla Muñoz, secretario general de Gobierno, argumentó que es necesario cumplir con ese pago para que el municipio de Tijuana no pierda la calificación crediticia, además, “quien tiene que decir que hubo incumplimiento, es la Sindicatura Procuradora”, asentó. Para el funcionario, el generar las medidas contables para el pago a proveedores de la anterior administración es un proceso natural en el que no existe irregularidad alguna, sobre todo cuando éste pasa por la revisión de tres instancias, como son la propia Sindicatura Municipal, la Comisión de Hacienda y el pleno del Cabildo. Opacidad en dictámenes Planteado entre un paquete de modificaciones presupuestales de los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, el dictamen XXI-HDA-018/2014 fue el punto discordante del Orden del Día de la sesión extraordinaria de Cabildo del sábado 29 de marzo. El punto hubiese pasado desapercibido a no ser porque el síndico social, Bernabé Esquer Peraza, se opuso a la ampliación automática de 5 millones 638 mil pesos, cantidad establecida para el pago pendiente con una de las empresas que habían sido contratadas para la gestoría externa del Predial. Su postura se basó en los expedientes incompletos que tanto a él, como al resto de los regidores, le fueron entregados para someter a consideración dicho dictamen. A pesar, dijo, de haberlo requerido con anticipación a la Comisión de Hacienda del Cabildo de Tijuana, la cual preside Jorge Alfredo Escobar Sánchez, no se anexó ni el dictamen completo, ni copias de los resultados de la cobranza de ambas firmas. Solo les entregaron carátulas de cada punto, y en este caso particular, ni siquiera se estableció a cuál de las dos firmas le sería entregado el recurso aprobado. Ni el propio secretario general del Gobierno sabe a cuál de las dos gestoras le será cubierto ese desembolso, según admitió a ZETA. Vaya, ni los propios integrantes de la Comisión de Hacienda tienen ese dato, mucho menos conocen el beneficio, si lo hubo, de haber contratado a las gestoras externas, y escudaron el haber aprobado el dictamen en base a la firma del síndico procurador, Arturo Ledesma, para efectuar el mencionado pago. Tal es caso de Luis García, regidor panista y vocal de la citada comisión, que concedió su voto a favor del pago, a pesar de reconocer que con ello se estaba “pagando la irresponsabilidad del gobierno anterior”. Explicó que al tratarse de un pago no cubierto, pero establecido en el ejercicio fiscal de 2013, no podía evadirse, con todo y las irregularidades detectadas en dichos contratos. El edil anotó que será hasta la próxima reunión cuando requerirá a Arturo Ledesma un informe del status de los cobros del Predial que hicieron las gestoras para, hasta entonces, darle seguimiento al asunto. “Hay muchas cosas observadas, este contrato es un parteaguas de muchas cosas que se van a venir en el camino, apoyo la parte técnica del planteamiento de Bernabé Esquer, pero tengo que apoyar el proyecto general del ayuntamiento”, concluyó. El fracaso de las gestoras Tanto Collect de México, S.A. de C.V., como Allie Alianzas Estratégicas, S.A.P.I. de C.V., fueron contratadas por el XX Ayuntamiento para recuperar la gran cartera de morosos del Impuesto Predial de Tijuana, tasada en mil 500 millones de pesos. Lejos de elevar los ingresos por ese concepto, el Municipio registró una drástica disminución. De más de 450 millones de pesos ingresados a la Hacienda municipal por pago de Predial en 2012, la recaudación del gravamen descendió en 2013, año en que se contó con el apoyo de las empresas externas, a 264 millones 577 mil 980 pesos; 40 por ciento menos. Lejos de rescindir el contrato, el gobierno bustamantista solapó la falta de resultados de las dos empresas contratadas en noviembre de 2012, acuerdo que se sometió al aval del Cabildo en forma extemporánea. De las claves catastrales rezagadas que les fueron depositadas a las empresas Allie y Collect, no hubo recuperación, las cuentas continuaron inamovibles; en ellas se encuentran principalmente lotes o casas abandonadas. Su función la basaron en requerir a deudores menores de casa habitación, mismos que eran requeridos por Tesorería Municipal en una duplicidad de funciones, y de recursos económicos. En el contrato no se estableció la instalación de un sistema técnico adecuado, lo que dificultó determinar la gestoría real de las empresas. A mediados de 2012, luego de cotejar a mano la cobranza privada del Predial, la administración bustamantista determinó que de una supuesta recuperación de 100 millones de pesos presentada por Collect de México, S.A., única empresa que entregó resultados, solo se le podía reconocer la gestoría de 18 millones de pesos.</p> La cantidad recuperada correspondía a 20 mil cuentas del Predial, así lo informó el entonces presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo, Eduardo Enrique Parra Romero, quien calificó como insignificante el resultado, razón por la que el contrato “debía ser cancelado”. Lejos de ello, el XX Ayuntamiento entregando 17 millones de pesos por la gestoría externa del Predial. De acuerdo al convenio vigente a partir del 1 de noviembre de 2012 para finalizar el 30 de noviembre de 2013, ambas empresas obtendrían una contraprestación del 30 por ciento de lo ingresado al Municipio, producto de su gestoría. Es decir, si están cobrando al erario de Tijuana 21 millones 600 mil pesos, lograron recuperar 72 millones de pesos, ingresos que están obligadas a comprobar. Para el síndico social, Bernabé Esquer Peraza, el pago a las gestoras fue excesivo, ya que Tesorería paga a sus ejecutores un 5% de lo recuperado. Por ello conminó al gobierno de Jorge Astiazarán a no recurrir al contrato de empresas privadas para la recaudación municipal, “en todo caso que se contrate directamente a personal eventual, porque ello beneficiaría directamente a los tijuanenses, y no a empresas externas”, dijo. Contribuyentes no responden Con todo y los descuentos del 10 y 5 por ciento aplicados por pronto pago del Predial durante los dos primeros meses del año, y la aplicación de las tablas catastrales de 2009 en el primer trimestre de 2014, la recaudación lograda en el primer año de la administración del XXI Ayuntamiento fue menor a la de 2013. El número de cuentas recuperadas disminuyó en un 3.67%, lo que significa 8 mil 670 cuentas menos de las 236 mil 025 recuperadas en 2013; por ende, el ingreso disminuyó en 8 millones 607 mil pesos, pues a las arcas del Municipio, el ingreso al 31 de marzo de 2014 fue de 255 millones 971 mil pesos. Ante la poca respuesta ciudadana, el Municipio iniciará con procedimientos de embargo, sin anular la posibilidad de ampliar la campaña de incentivos fiscales que motiven a los ciudadanos cumplir con el gravamen, esto mediante un nuevo decreto de condonación de multas y recargos, además de ampliar el cobro de las tablas catastrales de 2009 por tres meses más. Tampoco descarta, pese a los antecedentes, contratar a particulares para la ejecución de la cobranza, “sobre todo en la recuperación de los grandes morosos del Predial”, declaró el presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí, replicando así el argumento de quien lo precedió en la alcaldía de Tijuana. Aprueban Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 Dividido en seis ejes principales, entre los que destacan participación ciudadana, seguridad y servicios públicos, el Cabildo aprobó el dictamen relativo al Plan de Desarrollo Municipal de Tijuana para el periodo 2014-2016, correspondiente al trienio de Jorge Astiazarán Orcí. Los demás lineamientos bajo los cuales se regirán las principales políticas y acciones a seguir por el actual gobierno, son calidad de vida, empleo, y administración eficiente, moderna y transparente. Una de las áreas estratégicas, es la participación ciudadana, para lo cual desde el inicio del actual gobierno se conformó el Instituto Municipal de Participación Ciudadana (IMPAC), el cual dispondrá en su primer año de operación, de una partida de 9 millones 500 mil pesos, de los cuales el 80 por ciento se aplicarán en el pago de su nómina. Las jornadas realizadas por el alcalde y su gabinete, forman parte de este proyecto. En materia de seguridad, el plan establece salvaguardar el orden y la paz de la ciudad, contrarrestando los principales delitos que la afectan y que son del orden común, destacando entre ellos el robo a vehículos, seguido por el robo a casa habitación, robo con violencia y a comercio. En infraestructura, el gobierno de Tijuana se compromete a poner énfasis en el ordenamiento urbano, para una ciudad equipada y transitable, impulsando para ello estrategias de modernización del transporte público, “con capacidad de movilidad”, se indica en el documento. Este rubro también enumera optimizar las vialidades y mejorar el servicio de iluminación, recolección de basura y limpieza de la ciudad. Para mejorar la calidad de vida de los tijuanenses, se propone atender de manera directa los rubros de migración, salud, espacios deportivos y a los grupos indígenas. En desarrollo económico y empleo, la estrategia gubernamental se basará en el apoyo directo a pequeñas empresas y al emprendimiento, mediante facilidades en la apertura de nuevos negocios. Administración eficiente, moderna y transparente, a través de la rendición de cuentas, simplificación de los servicios de gobierno, descentralización y modernización del Catastro, son otros de los puntos a abarcar. El eje rector del XXI Ayuntamiento recuerda que el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla como responsabilidad del Municipio el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, “no obstante que en el Estado de Baja California, estos últimos los provee el Gobierno Estatal”, enfatiza. Por su parte, Bernardo Padilla Muñoz, secretario general de Gobierno, sostuvo que hasta el momento la agenda de gobierno, no contempla insistir en la municipalización de ese servicio. El Plan de Desarrollo Municipal entrará en vigor una vez publicado en el Periódico oficial del Estado. Isabel Mercado
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