Después de que la Junta de Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur (JECyA), emitió su resolución sobre la huelga del Hotel Los Arcos en La Paz, el secretario del Trabajo, José Luis Perpulli Drew, advirtió que “se vislumbra la posibilidad de destrabar finalmente el conflicto laboral que duró más de cinco años”. El martes 4 de febrero, el cuerpo colegiado de la JECyA decretó que el propietario del hotel deberá pagar 18 millones 630 mil pesos a los 78 trabajadores, y terminar la huelga que cerró las puertas de uno de los hoteles de mayor tradición en la capital del estado. No obstante, la resolución “no es la esperada”, reconoció el propio Perpulli en base a la demanda interpuesta por empleados afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana. Es la tercera ocasión que la resolución es ratificada -tras amparos de los trabajadores-, ya que desde un principio, el Sindicato de Trabajadores exigió el pago de horas extra, premio de puntualidad, premio de horas extras, utilidades y el fondo de ahorro. De acuerdo con el dictamen, la decisión del cuerpo colegiado de la JECyA fue tomada únicamente con base al salario tabular, aguinaldo y prima vacacional. El secretario del Trabajo consideró que la resolución está “bien sustentada”, ya que “como es una fuente de empleo en huelga, no tiene ingresos”, y “era la oportunidad de que el hotel sea reabierto y los inversionistas volteen sus ojos hacia el Estado de Baja California Sur”. Sin embargo, opinó que si los trabajadores no están de acuerdo con la resolución, tienen un plazo de 15 días para hacer uso de sus derechos ante el Juzgado de Distrito. La resolución fue decretada luego de que el 31 de enero, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana, protestaron en la JECyA. Los inconformes exigieron que el presidente Mohamed Medina de la Toba, emitiera el resolutivo, o de lo contrario, renunciara a su cargo. Los trabajadores del sindicato encabezado por Alberto Rentería, reclamaban que el dictamen había sido lento y manejado bajo “dudas”.