En teoría y por principio, la Ley debe ser igual para todos, pero… Si en Baja California, Usted es sorprendido portando un rifle R15, sub-ametralladora, metralleta o cualquiera señalada por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos como de uso exclusivo del Ejército, legamente se la decomisarán, será asegurado y puesto en prisión; pero si vive en Michoacán, sin mayor investigación, el arma se incluirá en un registro oficial y Usted será convertido en Miembro de las Defensas Rurales. Esto se debe exclusivamente a la aplicación política de la Ley por parte del Poder Ejecutivo encabezado por Enrique Peña Nieto, que en lugar de asumir su responsabilidad de brindar seguridad a los michoacanos, como se lo ordena la Constitución, decidió reconocer con hechos el vacío de autoridad. Con tal acción que contraviene a la Constitución, la administración de Peña Nieto admite lo que ha negado en Michoacán: la incapacidad de los gobiernos, desde los municipales, el estatal y el Federal, para cumplir con sus obligaciones. La evidente ausencia del Estado. La ingobernabilidad. Aunque suene simplista, es similar a cuando los municipios otorgan a particulares las concesiones de grúas o transporte. Los mandamientos legales ordenan que -antes- deben emitir una declaratoria reconociendo que no tienen capacidad para brindar el servicio al que están obligados, para poder justificar la entrega de esas responsabilidades a particulares. Sin embargo, trasladar descaradamente a los ciudadanos comunes, la obligación de combatir a los narcotraficantes, es un abuso, una irresponsabilidad casi homicida. Si deben defenderse solos, para qué carajos necesitan los michoacanos pagar impuestos y mantener funcionarios de todos los órdenes de gobierno. Efectivamente, el 13 de enero de 2014, los grupos de autodefensa se negaron a desarmarse, cuando el Gobierno de la República decidió finalmente hacerles caso, después de 13 meses de suplicar por ayuda en medio de una guerra armada, mientras el gobierno dejaba crecer los abusos del cártel de Los Caballeros Templarios. Crímenes que ciertamente se hicieron evidentes en 2011, cuando surgieron las primeras autodefensas en Cherán, pero se recrudecieron y multiplicaron en 2013. Aunque el problema de inseguridad y control de los grupos del narcotráfico en Michoacán data de mucho antes de 2006. Por ello tiene lógica la negativa ante un gobierno que pretendía, dejaran las armas sin ofrecerles seguridad, sin detener a los delincuentes; funcionarios que querían confianza en palabras que no se respaldaban con hechos. Sin embargo, eso no justifica la decisión gubernamental de tomar el camino fácil y, 14 días después, en lugar de cumplir con sus obligaciones, propusieron “institucionalizar” las autodefensas y cambiarles el nombre a Cuerpos de Defensa Rurales. Grupos que según el “Instructivo para la Organización y Funcionamiento” publicado en la página de la Secretaría de la Defensa, son unidades constituidas por ejidatarios organizados, equipados y adiestrados, en un país donde los ejidos ya no existen. Los requisitos implican que los integrantes deben tener tres años de residencia en la zona, haber cumplido el servicio militar, tener más de 18 años, estar aptos física y mentalmente para el servicio de las armas; ser de buena conducta y no tener antecedentes penales ni policíacos, ser afín con la política del Gobierno de la República, no ser funcionario ni propietario de centros de vicio, ni de negocios ilícitos o prohibidos por la Ley, ni dirigir, administrar o regentear alguno de ellos. Además, los miembros de un mismo cuerpo no pueden estar emparentados del primero hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin embargo, todas estas exigencias fueron obviadas en una interpretación convenenciera y política de la Ley, y el 4 de febrero de 2014 -cuando el Presidente anunció una inversión de 45 mil 500 millones de pesos para el desarrollo de Michoacán-, el Comisionado para la Seguridad, Alfredo Castillo, informó orgulloso que 523 ciudadanos se habían legalizado al inscribirse en los Cuerpos Rurales, y con ellos, 823 armas habían quedado registradas, todo eso en ocho días. Pero se trata de más de 500 ciudadanos (de los 15 mil considerados en las autodefensas) que no acreditaron requisitos y tampoco pasaron exámenes de confianza, ¿cuál es la garantía de que no haya miembros del crimen organizado infiltrados? Incluso los líderes de autodefensa han reconocido que no tienen ese control. ¿Y qué hay de la capacitación o adiestramiento?, porque en estas condiciones, y en estos momentos, cualquier delincuente o persona no apta psicológicamente, puede estar portando un rifle de asalto en Michoacán y haber sido legalizado. Adicionalmente, más de 800 armas se legalizaron sin dar seguimiento a su procedencia -por Ley ilícita-, más allá de si llegaron de Estados Unidos, China o Europa. ¿Fueron usadas en homicidios, secuestros o diverso delitos en Baja California, incluso en Michoacán, o en otros estados o países? El desgobierno, la ausencia de Ley, el caos político, una sociedad victima de homicidios, secuestros y extorsiones, obligada a vivir sin autoridad, a defenderse por medios propios, resultan inmoral y teóricamente inadmisibles en un país con un Presupuesto de Egresos de 4 billones 467 mil 225.8 millones de pesos, donde el Presidente de la República cobra 204 mil 825 pesos mensuales; sus secretarios, 198 mil 612 pesos; y los magistrados, 528 mil 621 pesos. O los 45 mil 546 pesos que se paga el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Podrán buscar recovecos en la Ley o interpretarla a conveniencia, pero los hechos demuestran que están incumpliendo obligaciones constitucionales, y en este punto vale recordar la frase de Alejandro Martí, activista social cuyo hijo fue asesinado por secuestradores: “Si no pueden, renuncien” para que dejen el lugar a personas dispuestas a cumplir con sus responsabilidades, que no endilguen a la ciudadanía la tarea de enfrentar la sanguinaria violencia de los narcotraficantes.
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