Finalmente el miércoles 12 de febrero de 2014, con 58 mil 320 firmas, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –vía Tribunal Federal en Tijuana–, la solicitud de amparo contra la homologación del 11 al 16 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA) en la frontera, producto de la reforma fiscal presentada por el Ejecutivo Federal y aprobada por las Cámaras Legislativas. Este procedimiento judicial ciudadano, se suma a las dos acciones de inconstitucionalidad que también analiza la Suprema Corte y por el mismo tema, el incremento de cinco puntos al IVA en la frontera: la primera acción promovida a mediados de diciembre de 2013 por los senadores de oposición, y la otra presentada el 10 de enero de 2014 por los diputados también de oposición. Ahora, el balón está en la cancha de los magistrados, y será a estos hombres y mujeres con los sueldos más onerosos del país –528 mil 621 pesos, con prestaciones al mes, equivalentes a 6 millones 343 mil 460 pesos cada uno al año– a quienes les corresponderá decidir si: 1.- Atienden la Constitución, o deciden ignorar que desde 1997 existe jurisprudencia emitida por ese máximo tribunal en el tema del cobro de IVA diferenciado en la frontera, para respetar el principio de equidad, tratar igual a los iguales y diferentes a los diferentes como lo son los fronterizos que compiten con los empresarios de Estados Unidos. Que el gobierno federal violó los principios de “razonabilidad y racionalidad” porque su argumentación jurídica, no tiene una relación real y sustancial con el objeto que se persigue, no existe proporcionalidad entre medios y fines con visión de futuro, al justificar con mentiras y datos inadecuados dicho incremento. Ejemplo: que los precios de productos en la frontera eran más caros, porque los empresarios ya cobraban IVA de 16 por ciento y se quedaban con ganancias. Estudio del INEGI demostró la mentira. Racionalidad “la argumentación jurídica, debe tener una relación real y sustancial con el objeto que se persigue, una proporcionalidad entre medios y fines”, por lo tanto no está eligiendo el mejor medio. Además comprometen el principio de competitividad incluido en el año 2011 en la Constitución, que obliga al gobierno a crear las “condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”. 2.- También deberán decidir si abren los ojos a la realidad económica de la frontera y del país, que a un mes de haber implementado sus medidas fiscales tiene como resultado que –conforme a estudios del INEGI– el índice de confianza del consumidor se reduzca un 15.5 por ciento; que la inflación generada por el incremento a los precios de productos haya subido a un 4.48 por ciento –sin que la PROFECO haga algo al respecto porque no tiene personal suficiente–, y en diciembre de 2013, el desempleo haya llegado a 4.7 por ciento, 0.17 puntos porcentuales más que en noviembre. Números ante los cuales, al Secretario de Hacienda Luis Videgaray, no le quedó más que reconocer la desaceleración económica en México y culpar al extranjero: “sabíamos que estamos enfrentando un entorno adverso…sabíamos que enfrentaríamos un proceso internacional”, 3. O pueden fallarle a la ciudadanía y votar por atender las necesidades económicas del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien completó su mayoría de votos priistas en la Suprema Corte de Justicia en noviembre de 2012 favoreciendo la designación de Alberto Gelasio Pérez Dayán y de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como magistrados. Cómo olvidar que fue precisamente este abogado fiscalista, emanado de las filas de Hacienda y el SAT, Ortiz Mena, quien abrió el camino a la libertad por violaciones al debido proceso de la presunta secuestradora francesa Florence Cassez –jamás se le juzgó por este delito a pesar de las pruebas en su contra– para que Peña cumpliera su promesa de liberarla. Con este escenario económico, resulta difícil que el gobierno federal crea que puede cumplir con su propósito de crecer la recaudación fiscal. Para empezar porque el estado no está generando las condiciones de abundancia que permitan desarrollar la economía, además, está probado que desde 2008 con la crisis internacional que aún persiste, la recaudación mexicana ha decrecido, y las ocurrencias, sin análisis de consecuencias, impuestas por el gabinete peñista siguen sin aportar soluciones. Porque propuestas como la de que cualquier gasto arriba de 2 mil pesos deberá hacerse con cheque, o aquella de que si apoya a sus padres con unos pesos a la semana, éstos deberán firmar un convenio de donación –incluidas en la reforma fiscal que no se ha puesto en uso– resultan ociosas. El amparo, los recursos e inconstitucionalidad no pueden ser tratados como pataletas ciudadanas, los bajacalifornianos, los fronterizos, estamos acostumbrados a contribuir y como prueba ahí están los miles de millones de pesos gastados en calles, alumbrado público, drenaje y servicio de agua que se han instalado con la aportación ciudadana del 33.3 por ciento de los recursos de las personas favorecidas, que adquieren créditos, por cierto con intereses que los obligan a pagar hasta tres veces su aportación. Hoy, los Ministros tienen en sus manos los expedientes con datos duros y los argumentos judiciales que les permitirán dimensionar la afectación y legalidad de esta decisión del gobierno federal avalada por las Cámaras Legislativas. Los número 1 en la economía revelan lo que ya se sabía: aumentar el IVA no contribuye a la recuperación de la economía, por el contrario es otro elemento que pavimenta el camino seguro a la recesión. Al final, es un asunto de justicia, lógica, razón y conciencia, de saber si los magistrados cumplirán con su deber reparar el “…el daño, lesión y falta de moralidad cometido por las autoridades” con el incremento de 11 a 16 por ciento del IVA, o pagarán al gobierno del Enrique Peña, el favor de haberlos colocados en tan codiciado puesto.
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