Hace algunos días, Carlos Mejía López, recibió una misiva. Pero no en su calidad de director general del Gobierno Municipal de Tijuana. El perredista metido en el gabinete de Jorge Astiazarán es además Presidente de la Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Baja California, una asociación civil que agrupa a 15 organizaciones de licenciados en derecho, entre ellos la barra de Abogados Licenciada María Sandoval de Marco, que preside Rosa Maritza Nava. Bien. Pues ella, firmó la mentada carta en donde le solicitan al funcionario, o que deje su cargo dentro de la federación que los representa o, en todo caso, abandone el cargo que le han confiado en el gobierno priista. Entre tanta formalidad, el documento explica: “con ánimo de que nuestro representante se encuentre libre de compromiso alguno con el gobierno y pueda velar cabalmente por que los funcionarios cumplan como es debido con su función”. Además le sugieren la petición a más tardar en la última sesión en la ciudad de Tecate el 14 de febrero. Ahora sí que –le dieron a entender al ex regidor– no se puede ser juez y parte.
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