La ruptura de Ponce y Covarrubias

Públicamente ambos lo niegan. De hecho el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, dice que la relación con la presidenta municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán está “estupendamente bien”, y ella ni lo confirma ni lo rechaza. Desde el congelamiento de las cuentas bancarias del ayuntamiento paceño, la edil desapareció del escenario público hasta el 11 de febrero, cuando de última hora reapareció en la gira de trabajo de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga en Los Cabos. La evidente ruptura entre los gobernantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) no fue para nada tersa. Fue una separación tras casi tres años de luna de miel donde hubo quejas y hasta amenazas después de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, resolviera el 30 de enero el pago de la liquidación de 19 millones 385 mil 052 pesos con 10 centavos a favor de la ex directora municipal de Asentamientos Humanos del XI Ayuntamiento de La Paz, Juana Rosa Isela Avilés Núñez, por un laudo definitivo decretado en el año 2006. La alcaldesa Esthela Ponce Beltrán entonces comenzó a maniobrar desesperadamente para presentarse como la “víctima de un golpe  político” y “afectar sus aspiraciones a gobernadora”, según el secretario general del gobierno paceño, Guillermo Beltrán Rochín. El embargo causó tal cisma dentro de su administración que la edil priista recurrió a los secretarios de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ángel Osorio Chong y Juan José Guerra Abud, respectivamente, a quienes planteó intervenir y proceder en contra del gobierno del estado, porque según la alcaldesa “puede ser político”. Esthela Ponce sostuvo que la respuesta que trajo el 10 de febrero de la Ciudad de México fue que “el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, revisó junto con ella algunas acciones a seguir y designó como asesor y enlace al oficial mayor respecto del asunto del embargo”. Aunque la alcaldesa de La Paz no cuestionó directamente al gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Beltrán Rochín, sí lo hizo y dijo que el gobernante del PAN podría estar detrás de todo porque “el presidente del Tribunal Burocrático no se manda solo, porque es un subordinado del Poder Ejecutivo y dependen de él por cada acción que hacen, así como tienen que informar al gobernador y al secretario general de las decisiones que van tomando”. No obstante, y a pesar de que la edil dijo que “el trabajo no se detiene y todo continúa con normalidad”, el embargo de las cuentas bancarias desencadenó una severa crisis económica y un terrible desgaste de imagen y credibilidad en el Ayuntamiento de La Paz. Los resultados son los siguientes: 1.- El retraso del pago de la última quincena de enero para mil 250 empleados sindicalizados y 2 mil 400 de confianza, lista de raya y otras categorías con un estimado en nómina de 12 millones de pesos. 2.- La suspensión del pago de créditos bancarios por el orden de 150 millones de pesos. 3.- El aplazamiento del pago de la reestructuración de deuda por el orden de 120 millones de pesos. 4.- La cancelación del pago de abonos del adeudo histórico del Fovissste por el orden de 250 millones de pesos. 5.- El pago de adeudo a proveedores por el orden de 100 millones de pesos. 6.- La suspensión de compra de papelería y materiales de oficina, herramientas y equipo de trabajo de casi todas las áreas de gobierno. 7.- La incertidumbre del pago de la primer quincena de febrero entre los 2 mil 650 de trabajadores, y la cual –de no ser pagada—sería la segunda en adeudarse, lo que complicaría más la situación dentro del gobierno municipal. En medio de esta crisis gubernamental, y aprovechando su estancia en México, la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, recibió el 7 de febrero el premio “Tlatoani 2014”, otorgado por el Instituto Mexicano de Evaluación (IME). La organización consideró a Ponce como la “mejor presidenta municipal” entre una selección de 77 alcaldes  –quienes también recibieron el reconocimiento— de un universo de 2 mil 444 de todo el país. Según un funcionario de la propia alcaldesa, lo anterior fue el primer paso para tratar de revertir el prematuro desgaste político y recomponer el camino rumbo a la gubernatura del estado. Una compleja historia Aunque formalmente, y con base a las versiones del gobernador y la alcaldesa, “todo sigue en buenos términos”, detrás de las declaraciones oficiales la historia es otra mucho más compleja. Tan es así que en su última gira de trabajo por el municipio de La Paz, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor estuvo únicamente rodeado de sus más cercanos colaboradores y legisladores. La pregunta obligada fue: — ¿Cuál es su relación actual con la presidenta municipal de La Paz? “¡Estupenda! ¡Buena! Lo que pasó hace unos días es un asunto administrativo y jurídico entre Ayuntamiento y Tribunal”, respondió a secas. El gobernador presumió que “como estado, hace unos días, le prestamos cinco millones de pesos”, dijo. “Hemos dado muestra de un trabajo institucional, sin distingo de partidos e ideologías, nos ha tocado transitar en una etapa en donde las distintas fuerzas políticas gobiernan los ayuntamientos y de esta forma hemos caminado juntos, incluso en momentos de dificultad económica hemos apoyado a los municipios para que enfrenten sus compromisos, y en este caso del problema del juicio laboral de una ex empleada del ayuntamiento, no fue la excepción en donde se apoyo económicamente al municipio de La Paz ”, aclaró. El gobernador comentó que la dinámica de la presente administración ha sido “trabajar de la mano de los ayuntamientos” en obras que han sido representativas para los ciudadanos, “nunca condicionando la realización de estas acciones a cambio de alguna situación distinta que no sea el bien de la población”. Durante la gira de trabajo por La Paz, el 10 de febrero, el gobernante panista dio el banderazo de la obra de construcción del Centro de Salud en la populosa colonia “El Calandrio”, y posteriormente estuvo presente en el inicio de trabajos de reconstrucción de las calles Ignacio Ramírez del tramo Colosio a Tuparam y la avenida Belisario Domínguez de la calle Michoacán a Cuauhtémoc, en dos colonias más de la capital. La ausencia de la alcaldesa fue más que evidente en todos los eventos e incluso, un día después, en el banderazo de la construcción de las nuevas oficinas del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la inauguración de la remodelación de la terminal marítima de Pichilingue. Sin embargo, apenas el gobernador Covarrubias había terminado de declarar, cuando la respuesta salió desde el palacio municipal de La Paz. En voz del regidor del PRI, Javier Martínez, se quejó de que “el gobernador en vez de entregar una dádiva, y la cual nos da cuando quiere, mejor que intervenga en el Tribunal Burocrático, que depende directamente de su investidura para que se resuelva conforme a derecho y no conforme a juicios políticos”. El edil priista reprochó que “el gobernador nunca contestó la llamada de la presidenta”, cuando trató de comunicarse después de que fue consumado el congelamiento de las cuentas por órdenes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur. Tratando de disimular, y contrariamente, la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán expuso que “el pleito era con el presidente del Tribunal Burocrático, porque cometió una aberración y no pensó en las consecuencias que podría acarrear para la gobernabilidad del municipio”. Finalmente dijo que “lo sucedido era un grave precedente en contra de las instituciones gubernamentales”. El embargo En el último episodio del embargo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, el Juzgado Segundo de Distrito, rechazó la solicitud de ampliación del juicio de amparo promovido por el Ayuntamiento de La Paz, bajo el número de expediente 74/2014, a efecto de lograr descongelar las 13 cuentas bancarias y poder disponer del recurso público de manera inmediata. Un abogado consultado por ZETA explicó que el juzgado federal rechazó la posibilidad de que el gobierno de Esthela Ponce Beltrán pueda recuperar los 19 millones 385 mil 052 pesos con 10 centavos previstos para el pago del laudo definitivo decretado en el 2006. El dinero está prácticamente garantizado para ser destinado a la ex directora de Asentamientos Humanos del XI Ayuntamiento de La Paz, Juana Rosa Isela Avilés Núñez, la cual podría cobrar su finiquito, cuando el Tribunal Burocrático, reciba el informe del saldo de cada cuenta bancaria y pueda garantizar el monto estipulado a pagar. No obstante, según el abogado defensor de la ex trabajadora, Salvador Krieb Almeida, “los bancos están retrasando indebida y maliciosamente la entrega del informe del estado de cuenta, como una manera de ayudar al Ayuntamiento de La Paz, lo que podrían derivar en más denuncias penales y quejas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”. En vista del revés, el gobierno paceño no tuvo más remedio que presentar un recurso de revisión, bajo el número de expediente 43/2014 por la negativa del juzgado federal y el cual fue presentado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación. Al cierre de esta edición, los magistrados desecharon el recurso de queja, a pesar de la fuerte presión de la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán, quien el 11 de febrero incluso promovió una reunión con los magistrados federales, acompañada de un séquito de colaboradores y el director de Asuntos Jurídicos, Edwin Navarro Muro, a quienes solicitaron actuar conforme a Derecho. Por lo tanto, las cuentas quedaron congeladas a fin de que la ex trabajadora y el ayuntamiento no pudieran disponer de los recursos públicos hasta la celebración de la audiencia incidental programada para el 13 de febrero en el Juzgado Segundo de Distrito y donde podría resolverse lo siguiente. 1.- La suspensión definitiva, es decir, el dictamen de que el embargo de las cuentas bancarias continúe hasta la audiencia constitucional prevista el 5 de marzo. 2.- El desecho de la suspensión definitiva, es decir, negada la suspensión el Tribunal Burocrático tendría el permiso legal de que disponga de la liquidación y ordene la elaboración de cheques por parte de los bancos para poder proceder a la liquidación de la ex trabajadora con el dinero de las cuentas bancarias. Y mientras la batalla legal continuaba –al cierre de la edición— los estragos de la falta de recursos públicos eran notorios en las esquinas de las colonias fuera del primer cuadro de la ciudad, a través de la acumulación de basura, y alguna de la cual inclusive, todavía tenía “árboles de navidad” desechados en enero pasado.