El reclamo llegó de las organizaciones civiles. La iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para “actualizar y adaptar” la Constitución Política de Baja California a los contenidos de la reforma federal en materia de Derechos Humanos de 2011, omite en su exposición de motivos tres derechos fundamentales: salud, igualdad y no discriminación. La necesidad de corregir esta omisión no responde solamente al marco legal para empatar las leyes locales a la reforma federal y a los tratados internacionales, sino que excluir estas garantías individuales significaría dejar sin protección a grupos de por sí ya vulnerables en Baja California. Desde arrestos a parejas homosexuales por besarse en público hasta homicidios por homofobia, son situaciones a las que está expuesta esta comunidad en Baja California. “Si las leyes no contemplan estas situaciones de diversidad sexual, tampoco se visibilizan en la sociedad y, por lo tanto, no hay seguridad para estas personas”, señala la activista Daniela Rodríguez. “Es una reforma incompleta que no ve a los Derechos Humanos como lo son: indivisibles, interdependientes, complementarios, no jerarquizables y universales”, expresa la carta –firmada por diversas organizaciones de Baja California–, que será entregada a la XXI Legislatura para que se corrija la iniciativa antes de su votación. Meritxell Calderón, representante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, explica: “Los diputados panistas, ya sea por falta de técnica legislativa o de conocimiento en Derechos Humanos, no tomaron en cuenta los derechos a la salud, a la igualdad y a la no discriminación”. “La reforma adecuada generaría confianza en que las leyes y las autoridades están reconociendo que existen personas gays, bisexuales y transgénero que tienen necesidades específicas no por su orientación sexual o su identidad de género, sino por la discriminación que viven en la sociedad”, apunta Daniela Rodríguez, directora de la asociación civil Centro de Orientación Psicológica y Sexual (COPS). La iniciativa El 16 de enero de 2014, el diputado Gustavo Sánchez presentó una iniciativa para reformar los artículos 7 y 105 de la Constitución de Baja California, a fin de actualizar las bases constitucionales de los Derechos Humanos. Publicada desde el 10 de junio de 2011, la reforma federal de Derechos Humanos estipula, entre otras cuestiones, cambiar la denominación de “garantías individuales” a “Derechos Humanos” y la obligación del Estado mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de Derechos Humanos. Además, se transfiere a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la facultad de investigación por violaciones graves a los Derechos Humanos, atribución que originalmente correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Respecto a los servidores públicos que no acepten recomendaciones de los organismos protectores de Derechos Humanos, se les obliga a fundar y motivar su negativa, así como a hacerla pública en una comparecencia ante el Congreso. Sobre la elección del Procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDH), propone retomar el método de designación –previsto en la Constitución federal– de consulta pública. La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, pero aún no ha sido discutida. 
De hecho, el 28 de noviembre de 2013, el grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa bastante similar en materia de Derechos Humanos –para reformar el Artículo 7 Constitucional– y Transparencia. En entrevista con ZETA, el diputado René Mendívil enlistó las mismas características arriba mencionadas en la iniciativa presentada por el grupo parlamentario que coordina, además de la adición de “los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Sin embargo, esta propuesta legislativa tampoco contempla los derechos a la salud, igualdad y no discriminación. Piezas faltantes Organizaciones como la Unión LGBTI conformada por Casa Trans y COCUT LGBTI, la Federación de Mexicanas Universitarias de Baja California y la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, estudiaron la iniciativa legislativa. Fue entonces que detectaron la falta del “referente del marco constitucional, empezando por el Artículo Primero, Quinto párrafo que habla del derecho a la no discriminación”, señala la abogada Meritxell Calderón. La activista con amplio conocimiento en tratados internacionales de Derechos Humanos, abunda: “La exposición de motivos de la iniciativa señala que se están adecuando a la norma federal constitucional, cuando no tienen ningún apego a los Derechos Humanos”. Un ejemplo de lo no incluido: El Quinto párrafo del Artículo Primero Constitucional reza: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. De ahí parte el señalamiento, si estos derechos no se enuncian en la Constitución local, se marginaliza y excluye a una gran parte de la población que vive en Baja California como a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas, migrantes, niños, entre otros grupos. Meritxell Calderón, representante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, sostiene: “Es un error jurídico y una falta legislativa no estar considerando estos Derechos Humanos que sí están mencionados en la Constitución federal”. Incluso, la activista asegura que un mayor apego a la Reforma Constitucional de 2011 permitiría un mejor control en la designación del Procurador de Derechos Humanos. “Estamos obligados a cumplir los Principios de París, los tratados internacionales que hablan de cómo deben ser los funcionarios encargados de la materia de Derechos Humanos, estamos viendo que este Ombudsman (Arnulfo de León) fue designado en una elección oscura”. De tal forma que la reforma adecuada podría incluso evitar la ocupación de cargos a personal no calificado. Meritxell Calderón cita el caso de la trabajadora de la PDH Marisol Rodríguez Meza, de quién publicó ZETA (en noviembre de 2013), las dos recomendaciones emitidas en su contra por la PDH cuando la mujer se desempeñaba como agente del Ministerio Público. La discriminación ocasiona arrestos y homicidios El 4 de febrero de 2014, en un departamento de la colonia Matamoros, Alison fue localizada degollada y semicalcinada. La transexual de 26 años sería identificada por agentes ministeriales como Juan Bernardo López. Las investigaciones de la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos de la Procuraduría General de Justicia, ubicaron como principal sospechoso a Juan Anselmo Álvarez Juárez, quien fuera pareja de la víctima. Detenido el 10 de febrero, el joven de 20 años confesó haber asesinado a Alison o “Venus”, por lo que fue puesto a disposición del Juez Décimo de lo Penal e internado en la Penitenciaría del Estado de La Mesa a disposición del Juez Décimo de lo Penal, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado. En su calidad de indiciado, Juan Anselmo declaró conocer a Alison desde hace casi un año, pero fue momentos antes de la agresión cuando se enteró de que se trataba de una joven transexual, ya que su relación se había desarrollado principalmente por Facebook. Aunque la agresión inició a raíz de una discusión entre ambos, el homicida confeso refirió que no sabía de la identidad transexual de quien fuera su pareja. De acuerdo a sus declaraciones ante la PGJE, Alison comenzó a agredirlo físicamente, a lo que Juan Anselmo respondió a golpes. Entonces, tomó un trozo de espejo y lo introdujo en el cuello de la víctima. La herida provocó que Alison cayera al suelo, donde se desangró hasta perder el conocimiento. Al darse cuenta que su ex pareja estaba muerta, el indiciado colocó papeles y ropa sobre ella, para luego prenderle fuego con un encendedor. Como directora de una asociación de orientación psicológica y sexual, Daniela Rodríguez comparte “una cifra alarmante”: el 70 por ciento de las mujeres transgénero han vivido una forma de violencia sexual, ya sea abuso o violación. 
Estas agresiones pueden no llegar al homicidio como en el caso de Alison, pero sí representan un factor de riesgo para la población lesbiana, gay, transexual y bisexual. Y es que la violencia y discriminación también vienen por parte de las autoridades. Daniela Rodríguez tiene registro de casos de parejas homosexuales detenidas por besarse en la vía pública. “Los policías consideran que están en su derecho de arrestar a una persona homosexual por una demostración pública de afecto y hasta les recomiendan que mejor lo hagan a puerta cerrada”, reclama. La directora de COPS reflexiona: “Esta falta de seguridad provoca que las personas dejen de acudir al banco, al médico, a realizar actividades diarias por temor a la agresión, al rechazo o a la crítica”. Agrega: “Quienes se encargan de elaborar las leyes no tienen una sensibilización al tema y los diputados no pueden legislar sobre un tema que se vuelve complejo y del cual no se les ha brindado la información adecuada” (Inés García Ramos). Arnulfo de León Lavenant retrasa juicios laborales El interminable problema de la PDH Sergio Hernández Zinzún, ex jefe de Investigación y Proyectos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sostiene que por órdenes de su titular, Arnulfo de León Lavenant, la institución se ha encargado de retrasar alrededor de 20 juicios laborales en la entidad, imposibilitando las sentencias en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. La ola de despidos que el Ombudsman bajacaliforniano ordenó, inició a la mitad de 2013 por falta de recursos y criterios político-electorales, según han manifestado los ex empleados. La dependencia sobrepasó su presupuesto para acomodar al nuevo equipo del procurador. De tal forma, los despedidos alegan que su separación del cargo está ligada al criterio de desechar a “los hankistas” de la PDH, acusados de promover el voto cruzado durante el proceso electoral del 2013. Es decir, votar por Jorge Astiazarán en Tijuana y “Kiko” Vega para gobernador. Resultaron de lo anterior diversas demandas laborales en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los municipios del estado, así como convenios de pago de finiquitos que logró consolidar la institución con sus ex empleados pero que no fueron respetados. La mayoría de estas demandas están siendo en las Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, dos en Ensenada, el mismo número en Tecate y tres en Mexicali. “Los juicios laborales están marcha, aun no sale ninguna sentencia, estamos pidiendo a nuestros abogados y a las juntas que se emitan sentencias porque la PDH se ha encargado de atrasar lo más posible los juicios”, manifiesta en entrevista Hernández Zinzún. El ex empleado de la PDH lamenta que la institución caiga en prácticas que distan de la lucha por los derechos humanos. En su caso, calcula que tomando en cuenta su despido injustificado y que no recibe salario desde el 14 de junio de 2013, la PDH le debe alrededor de 240 mil pesos. De hecho, la PDH destinó más de 28 millones de pesos al pago de servicios personales, el 81 por ciento de su presupuesto de egresos de 2013. Consultados sobre el desempeño de la PDH, organizaciones civiles también manifestaron su inconformidad con la falta de resultados obtenidos. La abogada Meritxell Calderón de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos señala “hay una deficiencia muy clara por parte de la PDH en cuanto a proteger y defender los Derechos Humanos”. Asegura, “se han vuelto una dependencia de asistencia social, preocupada por la procuración de los votos y no de la defensa de los derechos humanos”. Por su parte, Daniela Rodríguez, cuenta la experiencia de quienes acuden a la asociación civil que dirige, “hay una creencia de que no pueden acudir a esa instancia (la PDH) porque no se han sentido protegidas por esta institución, ya que no dan seguimiento a las quejas interpuestas ahí”. Saúl Ramírez/Inés García
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