Juez federal niega amparo a sargento de artillería acusado de cohecho y deserción El Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal negó el amparo y protección de la justicia de la unión al teniente de artillería Juan José Gómez Sánchez en contra del auto de formal prisión dictado por un Juez Militar por su probable responsabilidad criminal como informante de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA). Gómez Sánchez se encuentra internado en la prisión militar a disposición del Juez Segundo Militar de la Primera Región enjuiciado por el delito de cohecho en la hipótesis de recibir dinero para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y deserción no estando en servicio. El soldado pretendía obtener el amparo en contra de ambos autos de bien preso que le fueron dictados en mayo y octubre de 2011, respectivamente; así como en contra del acuerdo por el que se ordenó su baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Juan José Gómez Sánchez, que ingresó al instituto armado en 1989, prestaba sus servicios en la Décima Región Militar en Mérida, Yucatán, cuando presuntamente, después de marzo de 2010 contactó con agentes de la DEA que le pagaban mil dólares americanos cada vez que les proporcionaba información generada en la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionada con las operaciones militares en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico. De acuerdo a investigaciones realizadas por el ministerio público castrense, el teniente de artillería habría recibido dinero en cuatro o cinco ocasiones por su colaboración, estimando que el ahora procesado hizo algo injusto relacionado con sus funciones, actitud inmerecida “que no es propia de un Oficial del Ejército Mexicano”. Las pesquisas establecieron que Gómez Sánchez se allegaba de información que se genera en la propia Institución, pues desempeñó labores en diversas Secciones del Estado Mayor del Cuartel General de la Décima Región Militar y principalmente en la Sección Segunda (Inteligencia) donde se planea y se maneja información relacionada con las operaciones militares en contra de la delincuencia organizada y narcotráfico, intercambiándola por dinero en dólares. El juez de amparo considera que en este caso no existen violaciones constitucionales en el actuar de las autoridades militares para establecer la presunta responsabilidad del elemento de la milicia en los delitos que se le imputan, por lo que negó la protección de la justicia federal que el quejoso reclamaba.
Publicidad
