Desde las sombras de algún escondrijo. Desde algún sótano o residencia campestre. Desde alguna guarida de calles con acceso restringido. Desde algún punto insospechado en la sierra o la ciudad, el narcotraficante Rafael Caro Quintero da señales de vida. El sinaloense no solo se oculta para no ser recapturado, sino que encabeza su defensa legal para no ser extraditado a los Estados Unidos de América. ZETA dio seguimiento a un juicio de amparo “sospechoso” presentado desde el 28 de octubre de 2013 en la ciudad de Guadalajara, en el que personal del Juzgado de Distrito ha actuado sigilosamente para no revelar el nombre del peticionario. Una vez realizada una investigación rigurosa del asunto, este medio confirma que la solicitud de amparo es del buscado Caro Quintero. Se trata de una demanda de derechos fundamentales entablada por el capo, a través de sus abogados, contra el secretario de Gobernación, el procurador General de la República, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y otras autoridades. El acto reclamado por Rafael Caro Quintero es, como lo fue en julio del año pasado antes de ser liberado: la orden de detención provisional con fines de extradición internacional. Debido a lo anterior, el juez que conoce del nuevo amparo solicitó a su homólogo que sobreseyó el anterior juicio de garantías, remitiera copias para que no existiese duplicidad en las solicitudes. La diferencia es que en julio, incluso en agosto de 2013, cuando el sinaloense obtuvo su libertad, no existía la petición de los norteamericanos. Admisión y ampliación La demanda de amparo finalmente fue aceptada el 12 de noviembre de 2013, al comprobarse que aunque se trata del mismo acto reclamado, aquel otro juicio fue concluido en su momento. Ese mismo día le fue concedida la suspensión provisional para no ser molestado, pero después le fue negada la definitiva, el día 22 de ese mes. El anuncio de la Policía Internacional Criminal (INTERPOL) desde Lyon, Francia, el 16 de diciembre, en el que se exhortó a la comunidad mundial a denunciar el paradero del traficante mexicano, movió a los abogados de Caro a presentar una ampliación de demanda tres días después. Caro Quintero señaló como nuevas autoridades responsables al titular de la INTERPOL México y al Congreso de la Unión que aprobó la Ley de extradición internacional. La ampliación se admitió, pero ese 19 de diciembre de 2013 le fue negada la suspensión provisional contra los actos y funcionarios de las citadas dependencias. La defensa del sinaloense interpuso el 27 de diciembre el recurso de queja en contra de la negativa de suspender provisionalmente los actos reclamados. Debido a que los Tribunales Colegiados en materia Penal gozaban del periodo vacacional decembrino, tocó conocer de la queja a un Tribunal en Materia del Trabajo, el cual resolvió que el reclamo del quejoso era infundado por haberlo interpuesto extemporáneamente y no dentro de las 24 horas posteriores a la notificación, como señala la Ley correspondiente. El juicio de garantías ha seguido su curso. La audiencia para resolverse en definitiva se ha diferido al menos en cinco ocasiones, estableciéndose el mes de marzo como fecha para el desahogo de esta etapa. El 28 de enero último se negó una vez más la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos y autoridades de la ampliación de la demanda. Este fallo ha sido recurrido por los representantes legales con el recurso de revisión el 14 de febrero reciente, por lo que el asunto será conocido por un Tribunal Colegiado en Materia Penal para resolver el incidente. En la sierra sinaloense El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, así como el subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, ambos adscritos a la Procuraduría General de la República, rindieron sus informes justificados el 12 de febrero, reconociendo que buscan aprehender al narcotraficante por la orden de detención provisional. Por su parte, el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Amparo no pierde oportunidad de solicitar copias de cada uno de los autos que se decretan en el juicio de garantías para mantener informados a sus superiores, pues así se lo han ordenado. A través de la promoción de esta demanda, la presencia de Rafael Caro Quintero se siente cercana, y aunque las diversas corporaciones policiales no han ubicado su paradero, estiman que debe encontrarse en las regiones Noreste u Occidente, y no ha abandonado el país. Mientras autoridades federales fijan su mira en ranchos o cotos de Guadalajara, particulares y voces extraoficiales establecen la estadía del fugitivo en las inmediaciones de la sierra en Badiraguato, Sinaloa, protegido por el también perseguido por la justicia, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Los juicios de garantías han acompañado los últimos años del fugitivo y éste es el amparo número 65 promovido entre mayo de 2010 y octubre de 2013. Fue precisamente mediante un fallo de amparo directo que Rafael obtuvo su libertad -el 9 de agosto del año próximo pasado- del penal de mediana seguridad de Puente Grande, Jalisco. Recientemente, Héctor Rafael Caro Elenes, hijo mayor de Caro Quintero, interpuso un juicio similar en el Estado de Colima por una posible orden de captura o extradición dictada en su contra. El primogénito del capo buscó protegerse tras los señalamientos realizados a mediados del año pasado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el sentido de que pertenece a la organización delictiva de su padre. Los actos reclamados fueron negados por las autoridades y el juicio fue archivado. Además, el gobierno norteamericano, que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por informes que ayuden a detener a Rafael Caro Quintero, prohibió a sus habitantes realizar negocios o transacciones económicas con la ex esposa, hijos y algunos allegados al prófugo criminal.
Publicidad
