Autodefensas mandan, gobierno pierde

Las cosas no han salido como el gobierno quisiera en Michoacán. Los grupos de autodefensas firmaron un pacto para legalizar su actuación, pero no entraron al redil. No entregarán las armas y siguen avanzando en diversos municipios. Ante este panorama, en otros estados comienzan a asomarse grupos de policías comunitarias, unos en busca de su propia seguridad, y otros con la idea de ser adoptados laboralmente. A escasas horas de la firma del acuerdo, en Tepalcatepec, lugar donde surgieron las primeras brigadas comunitarias a principios de 2013, se conoció de la entrada de civiles armados en poblados de Los Reyes y Yurécuaro, para sumar cerca de la veintena de municipios con presencia de guardias autónomas, registrándose nuevos enfrentamientos con Los Caballeros Templarios. La llamada legalización de los grupos de autodefensas ha sido calificada por la opinión pública en dos vertientes: una que señala la debilidad gubernamental al incorporar a estos civiles a los cuerpos de defensas rurales, a manera de alianza contra el crimen organizado, dando legalidad a la violación del Artículo 17 constitucional, que prohíbe expresamente hacerse justicia por propia mano y minando el principio del monopolio del uso de la fuerza exclusivo de todo Estado. La segunda, reconoce a un gobierno perverso que a través del ofrecimiento de “trabajo” a los comunitarios, inició una división al interior de estos grupos, puesto que algunos de los líderes son empresarios y no necesitan del empleo; en cambio, las bases del movimiento son amas de casa y desempleados que ahora tendrán certidumbre laboral, lo que no cualquier mexicano posee.   Los acuerdos de Tepalcatepec En medio de esa trama, el martes 28 de enero de 2014 se firmó el pacto entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Michoacán y representantes de ocho comunidades. Después firmarán otros grupos organizados. La institucionalización de las autodefensas a través de los cuerpos de defensa rural se realizará a través de las listas de todos los integrantes que deberán presentar los líderes, y serán validadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con carácter de temporales. Los miembros de las autodefensas que deseen proteger a su comunidad por medio de la Policía Municipal, tendrán que cumplir con los requisitos correspondientes y contar con la propuesta y el aval del órgano de gobierno del ayuntamiento que se trate. Al formar parte del sistema, los grupos y personas beneficiados con su incorporación tendrán que registrar las armas de fuego que poseen, mientras que las autoridades federales se comprometieron a proporcionarles medios o herramientas para su comunicación, traslado y operación. De igual manera, se anunció la realización de auditorías sobre el uso de los recursos públicos en los municipios en conflicto, así como el cambio de adscripción de agentes del Ministerio Público Federal y local, además de la creación de unidades itinerantes de procuración de justicia. El Gobierno de la República gestionará con el Poder Judicial de la Federación que los militantes de estos grupos que han sido detenidos por portación de armas de fuego y gozan de libertad bajo fianza, enjuiciados principalmente en Juzgados de Puente Grande, Jalisco, puedan firmar en Michoacán.    La permuta de las armas Antes de la firma del pacto, los líderes de las autodefensas habían supeditado la entrega de las armas en caso de que las autoridades detuvieran a los visibles cabecillas del cártel de Los Caballeros Templarios. Ahora con el acuerdo, se registrará el armamento de los civiles ante la SEDENA, y en su caso, se cambiarán algunas de las armas. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, afirmó que a criterio de las autoridades castrenses, se realizará la permuta de armas de fuego para que no se porten pertrechos bélicos que rebasen las funciones que los nuevos elementos de defensas rurales habrán de cumplir. Lo anterior se dio a conocer al tomarse en cuenta que algunos de los civiles se encuentran armados con fusiles y pistolas que los narcotraficantes dejaron abandonados en su huida de Tierra Caliente. Otras de las armas fueron obtenidas en el mercado negro, y unas más por medio del tráfico hormiga por parte de paisanos que las trajeron para protección de sus familias. Entre las armas de fuego que se han podido observar en manos de las autodefensas, hay desde los clásicos fusiles AK-47 o AR-15 y escopetas de los calibres 12, 16 y 20, hasta subametralladoras y un fusil Barrett con proyectiles antiaéreos calibre 50. Líderes de los grupos de autoprotección, como Estanislao Beltrán, han reconocido que no depondrán las armas, pero en su caso, para ser incorporados a los cuerpos de defensas rurales registrarán las que tienen y no tendrán empacho en canjear aquellas prohibidas por la Ley, que representen un peligro en su manejo para ellos mismos.    Seguirán avanzando territorialmente Uno de los principales acuerdos firmados en el pacto, incluía la inhibición para que las autodefensas siguieran tomando comunidades en el Estado de Michoacán, bajo la premisa de contender en contra de células de la delincuencia organizada, al ser una tarea que solo compete al gobierno. Pese a lo anterior, Estanislao Beltrán, coordinador del Consejo de Autodefensas de Michoacán, rechazó que el movimiento abandone la idea de avanzar territorialmente, solo que ahora, dijo, lo harán coordinadamente con el Gobierno Federal, ya que su objetivo es llegar hasta los 113 municipios michoacanos -no solo a Tierra Caliente- para combatir la falta de seguridad. Dicho lo anterior, se conoció de la expansión de las fuerzas de las autodefensas en Peribán, Jicalán (en Uruapan), la cabecera municipal de Los Reyes y Yurécuaro, así como en las comunidades de Los Limones y Los Palillos. Los grupos de autodefensas podrían verse engrosados en sus plantillas ante la oferta de la legitimación. En el caso de los seguidores directos de Estanislao Beltrán, se calcula a 5 mil miembros que serán los primeros en ser integrados a los cuerpos de defensa rural y de seguridad pública de los municipios de la región de Tierra Caliente. Empero, se estima que existen unas 20 mil personas que forman parte de autodefensas en toda la entidad.   La postura de la CNDH El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, ya había criticado la actuación del Gobierno Federal y de los estados involucrados tras la aparición y avance de los grupos de policías comunitarias, a los que calificó de “peligrosos”, por su beligerancia al margen de la Ley. Una vez consumado el acuerdo entre autoridades y autodefensas, y en ocasión de su informe de labores 2013, el ombudsman nacional apremió una vez más al Gobierno de la República a implementar medidas en seguridad pública para inhibir a personas particulares de la búsqueda de hacer justicia de propia mano  y realizar funciones que no les corresponden para auto-defenderse. Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Plascencia Villanueva estableció que la ineficacia en el proceder de los cuerpos policiales favoreció que la sociedad civil, agrupada en las llamadas autodefensas, “ejerzan las tareas de seguridad pública, en sustitución de los órganos del Estado mexicano”. Según el titular de la CNDH, ésta favorece a las víctimas, y toma las demandas de las comunidades afectadas por el crimen organizado como suyas para exigir a las autoridades remediar la problemática a través de acciones eficaces.    Autodefensas se multiplican El propio organismo defensor de los derechos humanos en México cuenta con información que señala que en por lo menos once estados de la República, desde febrero del año pasado existen los llamados grupos de autodefensas o policías comunitarias, con nuevos surgimientos en meses recientes. Michoacán y Guerrero son las entidades con un avance significativo de estas agrupaciones, comparativamente con otros lugares del país; sin embargo, el fenómeno ha crecido en Oaxaca y el Estado de México. Ahora la presencia de estas guardias civiles también se reporta en Chiapas, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y, desde hace unos días, San Luis Potosí. Colindante con Michoacán, en Guerrero se tiene conocimiento de que en más del 50 por ciento de los 81 municipios existen autodefensas. En Oaxaca y en el Estado de México hay presencia de este tipo de grupos en dos municipios en cada estado, destacando el caso del municipio oaxaqueño de Santos Reyes Nopala, donde el alcalde Freddy Gil Pineda apoya al cuerpo de seguridad paralelo. A diferencia de Michoacán, en Guerrero se ha advertido la presencia de grupos ligados a la guerrilla que durante décadas ha operado en las zonas Centro y Costa Chica. En los últimos días, la Policía comunitaria de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), la de mayor presencia, ha avanzado hacia Chilpancingo, convocando a los habitantes de diversos poblados a enrolarse en las autodefensas en contra del crimen organizado. En Puebla, el fenómeno de las autodefensas también va creciendo, aunque las autoridades formales se han empeñado en negar su existencia. Es un hecho que estas corporaciones ya están en los poblados de San Gabriel Chilac, Chachapa y Tlaxcalancingo, entre otros. Por su parte, el Movimiento Amplio Social (MAS) ha advertido al gobierno sobre la urgencia de atender las necesidades de seguridad de las comunidades más victimizadas por la delincuencia. En San Luis Potosí, una agrupación que se hace llamar “Huasteca Armada” se ha hecho presente a través de correos electrónicos y mensajes de emisarios para denunciar el abandono de las autoridades a sus comunidades, donde el Cártel del Golfo y Los Zetas han hecho rehenes a sus habitantes, a través de la venta de protección, extorsiones y delitos patrimoniales. Preparan el ensamble y levantamiento de autodefensas como medida para protegerse.    Autoridades y resultados La vigilancia de agentes federales y militares continúa en Tierra Caliente. Todos los días se dan a conocer los resultados de sus patrullajes y operativos. Cualquier detención, por mínima que parezca, va a parar a las estadísticas del corte informativo diario que realizan conjuntamente la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Michoacán. La presencia federal y el avance de las autodefensas a Los Reyes propiciaron enfrentamientos a balazos los días 28 y 29 de enero en diferentes municipios. Sobre la brecha que une los municipios de Villamar y Jiquilpan, se registró una balacera entre militares y presuntos “Templarios”. Uno de los presuntos narcotraficantes murió y un soldado resultó herido. Hubo dos detenidos que presentaron lesiones. El mismo 28 de enero fue detenido, oculto dentro de un ropero, el líder templario Dionisio Loya Plancarte “El Tío”, quien se deslindó del grupo delictivo y declaró que actualmente éste es dirigido por su sobrino, Enrique Plancarte Solís “El Kike”, y Servando Gómez “La Tuta”. Previamente, el día 25, en la colonia San Isidro Oblatos, en Guadalajara, policías locales detuvieron a tres presuntos miembros de la misma organización, quienes poseían dos cohetes, 28 armas de fuego de alto calibre, 42 ladrillos con cocaína y 17 bolsas de la droga conocida como “cristal”, además de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. Los capturados son: Eladio Govea Pérez, Adrián Agustín Ortega Navarro y Efraín Vázquez Duarte. Por último, se dio a conocer que en diversos Juzgados federales de Michoacán y Guanajuato se dictaron autos de formal prisión en contra de por lo menos 21 narcotraficantes dirigidos por “La Tuta”, entre ellos, los jefes de célula Jesús Vázquez “El Toro” y Germán Rivera Aguilar “El R-10”. Capturan al hijo de “El Mencho” El potente ruido de las hélices de dos helicópteros “Puma” de la Marina y del Ejército Mexicano rompió el silencio de la madrugada del jueves 30 en el poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. Por tierra, soldados y marinos se desplazaron por las calles del fraccionamiento Patria Universidad, en el municipio de Zapopan y sin exceso de violencia detuvieron a su objetivo. En un operativo que privilegió la información sensible y certera, los militares irrumpieron en un inmueble ubicado entre las calles Artemio del Valle Arizpe y Ernest Hemingway, donde detuvieron al hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Rubén Oceguera González “El Júnior” o “El Menchito” fue detenido con sus presuntos protectores. El detenido es el heredero de Rubén Oceguera Cervantes y/o Nemesio Oceguera Valencia “El Mencho”, quien quedó al frente de la organización criminal tras la detención de los anteriores líderes entre 2010 y 2012. Del operativo no fueron informadas las autoridades estatales y municipales, sino hasta que se garantizó el éxito de la intervención de los soldados y marinos. Para la Fiscalía General y otras dependencias no fue necesario activar el ‘Código Rojo’, mecanismo de coordinación entre instituciones en casos de riesgo de violencia; sin embargo, se mantuvieron alerta durante todo el jueves ante alguna posible reacción del crimen organizado. Horas más tarde, se conocía que uno de los aprehendidos es Rubén Oceguera González “El Júnior”, hijo de “El Mencho”, uno de los hombres más buscados por la Procuraduría General de la República y que también es uno de los objetivos de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Presuntamente “El Júnior” ya seguía los pasos del padre y se le atribuyen acciones de mando al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que tiene sus antecedentes en el antiguo Cártel del Milenio o Los Valencia, que en su alianza con el Cártel de Sinaloa se vio mermado al ser detenidos sus líderes Orlando “El Lobo” y Juan Carlos “El Tigre” Nava Valencia. Después hubo un rompimiento interno que dio paso a la formación de dos grupos: La Resistencia y el CJNG, llamado por los primeros “Los Torcidos”. Tras la detención en marzo de 2012 de Érick Valencia Salazar “El 85”, coincidentemente en la misma zona, a unas cuantas calles, de donde fue detenido “El Júnior”, Rubén Oceguera padre se convirtió en el líder en solitario del grupo delictivo que tiene como centros de operación los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Al Cártel Jalisco Nueva Generación se le atribuyen actividades de transporte, venta y distribución de estupefacientes hacia los Estados Unidos de América, teniendo sus principales puntos de trasiego en California, Arizona y Washington. La anterior información consta en la orden de aprehensión que existe en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Jalisco, en la causa penal 436/2012 por delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud. El mandamiento de captura fue dictado el 12 de agosto de 2011 en el entonces Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal que desapareció y entonces el expediente fue re-turnado. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República solicitó la orden de aprehensión contra “El Mencho” con base en los señalamientos que hiciera su sobrino Manuel Cervantes González “El Diamante”, detenido por la Marina hace tres años en Colima, quien lo vinculó como jefe del cártel. Desafortunadamente, el Juez Séptimo de Distrito en Baja California con residencia en Tijuana (desde noviembre último convertido en el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales) le concedió el amparo 113/2012, que dejó sin efecto el mandamiento de captura porque el juez de la causa omitió valorar exhaustivamente las pruebas para ligar a Oceguera como miembro y jefe del referido conjunto delictivo. En la averiguación previa iniciada a Rubén Oceguera Cervantes y/o Nemesio Oceguera Cervantes y/o Rubén Oceguera Valencia y/o Rubén Ocegueda Martínez se señala que en el estado de Jalisco, “El Mencho” tiene su base de operaciones en Guadalajara, con ramificaciones en los municipios y poblados de Casimiro Castillo, El Agüijullo, Autlán de Navarro, La Cofradía, La Huerta, Tecatitlán, El Grullo, Ciudad Guzmán y Tonalá. Por su parte, en Colima, cuenta con las plazas de Cuyutlán, Ixtlahuacán, Tecomán, Colima y Manzanillo; y en Michoacán, llegó a contar con presencia en Tepalcatepec, Las Trojes y Villa Victoria, antes de que estallara el conflicto entre las autodefensas y el cártel de Los Caballeros Templarios, con quienes los de Jalisco tienen una fuerte rivalidad. Autoridades federales imputan al CJNG el secuestro y desaparición de dos agentes de la Policía Federal, en hechos ocurridos el 3 de noviembre en territorio michoacano y cuyas investigaciones derivaron en el descubrimiento de decenas de fosas clandestinas en los límites de ambas entidades, donde la organización de “El Mencho” inhumó masivamente a por lo menos 74 personas, cuyos restos han sido localizados en el municipio de La Barca. Trascendió que con la detención de Rubén Oceguera González “El Júnior” y con los testimonios obtenidos de una veintena de policías de Vista Hermosa, Michoacán, que estuvieron arraigados desde principios de noviembre hasta la semana pasada, podrían aclararse plenamente los hechos de las llamadas narcofosas y las identidades de algunas de las víctimas. (Luis Carlos Sáinz Martínez/ZETA)