Dudosa transparencia en BCS

Agúndez, el más opaco La Ley de Transparencia es una jurisprudencia en el estado que no se cumple. Su quebranto no tiene consecuencia legal, o bien, alguna sanción en contra de los presuntos responsables, así lo dijo el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de Baja California Sur, Luis Martín Pérez Murrieta. Los tres poderes del Estado y los gobiernos municipales, conocen y saben del incumplimiento, pero prefieren ignorarlo. Ocultan a discreción información y datos que pudieran exhibir excesos, corrupción, beneficios, compadrazgos y desvío de recursos. Los funcionarios encargados de contestar las solicitudes de información, que se presume deben ser públicos -de acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado-, desconocen si hay sanciones por no atender o entregar la indagación requerida. Paradójicamente, los responsables de transgredir la legislación son quienes estarían obligados a sancionarse. A pesar de los pomposos discursos alrededor del tema de transparencia, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los ayuntamientos, hacen de la oscuridad y la vaguedad informativa, una actividad en la que parecen estarse especializando. En el ranking de opacidad -según el último informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC)-, Baja California Sur, retrocedió seis posiciones de 2012 a 2013, cayendo al sitio número 29 con el 39 por ciento; tan solo arriba de Coahuila, Baja California y Tabasco. El informe, dado a conocer en noviembre de 2013, refiere que los criterios utilizados en esta medición fueron acceso inicial, publicación de información, clasificaciones, poderes en dependencias y organismos; recursos para municipios, tabuladores, recursos federales, obligaciones financieras, rubros específicos y criterios generales. En números fríos -de acuerdo a informe del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información del Estado-, tan solo en 2013 se presentaron 500 solicitudes de información en 28 entidades gubernamentales, de las cuales derivaron 28 procedimientos de revisión en contra de actos o resoluciones donde fue negado, impedido o limitado el acceso a determinada información pública por parte de organismos y dependencias de gobierno. Las principales quejas se concentraron de la siguiente manera: * 7 en contra de Ayuntamiento de Los Cabos. * 5 en contra de la Secretaría de Salud. * 3 en contra de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología. * 3 en contra de la PGJE. * 2 en contra del Ayuntamiento de La Paz. * 1 en contra de la UABCS. * 1 en contra de Comunicación Social del Gobierno del Estado. * 1 en contra de la Dirección de Cultura. * 1 en contra de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. * 1 en contra de la Junta Estatal de Caminos. * 4 en contra de otras instituciones. El más oscuro Un claro ejemplo de la opacidad, es el Ayuntamiento de Los Cabos, el cual obtuvo el mayor número de denuncias interpuestas por no cumplir. A pesar de ser el único en contar con una Dirección de Transparencia, los ciudadanos que solicitan información sobre el uso y destino del dinero público, deben enfrentar de entrada una serie de obstáculos que van desde resistencias, prórroga, falta de respuesta y un juicio que va de dos hasta ocho meses, tiempo en el que se desahogan las pruebas. Durante 2013, y poniendo a prueba la pregonada transparencia, ZETA interpuso más de diez solicitudes de información a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), donde tres casos derivaron en juicios actualmente en proceso, bajo los siguientes expedientes: PR-I/022/2013. La Tesorería Municipal de Los Cabos, a cargo de Gerardo Manríquez Amador, se negó a entregar “el número de horas extras cobradas y desglosadas anualmente de 2011, 2012 y 2013 en la delegación de Cabo San Lucas”. A destiempo y pretendiendo jugar a la transparencia, únicamente hizo llegar un listado “rasurado” de negocios y la razón social, lo que originó una queja, abriéndose el expediente por falta de respuesta (afirmativa ficta). PR-III/027/2013. La Tesorería Municipal de Los Cabos rechazó entregar “el informe desglosado sobre el gasto del excedente de 224 millones de pesos del Ejercicio Fiscal del 2012”. Primeramente, el gobierno municipal no respondió, y cuando se abrió el juicio por falta de respuesta (afirmativa ficta), y pretendiendo revertir el proceso, entregó un informe con información escueta, bajo el argumento de que “era mucha información”; asimismo, no entregaba la copia de cada recibo, nota de venta o factura o soporte documental de cada gasto ejercicio en el excedente del presupuesto, como fue solicitado por este Semanario. PR-I-028/2013. La dirección municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) se negó a entregar “el informe financiero detallado sobre el manejo de los recursos públicos, provenientes de la recaudación del impuesto de los derechos por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre en el Ejercicio Fiscal de 2012 y lo que va de 2013”. Como era de esperarse, el ayuntamiento cabeño no respondió, y se abrió el juicio por falta de respuesta (afirmativa ficta). Pretendiendo revertir el proceso, entregó información escueta, bajo el argumento de que era información de carácter reservada o confidencial. Los tres casos -según abogados consultados por ZETA- prácticamente están ganados por este Semanario y solo es cuestión de tiempo, porque como establece el Artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “en caso de que una autoridad no conteste dentro del plazo establecido, aplicará a favor de la parte peticionaria la afirmativa ficta, constituyéndose su derecho a acceder a la información solicitada. La entidad depositaria de la información, quedará obligada por el simple transcurso del tiempo a conceder la información solicitada”. No obstante, bajo argucias y en un paso desesperado, el Ayuntamiento de Los Cabos argumentó que la información es de carácter confidencial y reservada en los tres casos, sin exhibir -tampoco existe en sus expedientes- ningún proceso de clasificación como lo manda el Artículo 12 de la Ley, donde -refiere en su Artículo 17- “en ningún caso la entidad gubernamental podrá decretar de manera discrecional la reserva de la información pública o la confidencialidad de la información”. El ITAI Desde el punto de vista del consejero presidente del ITAI, Luis Alberto González Rivera, posturas como la del Ayuntamiento de Los Cabos representan “una falta de cultura en el tema de transparencia y la rendición de cuentas”,  donde “hemos encontrado en algunos casos dura resistencia, pero a final de cuentas, la Ley es la Ley y debe acatarse, porque aquí anteriormente era inexistente, y quizá la falta de costumbre lleve a esos casos”, consideró. “Quien ejerce la función pública, hoy debe entender perfectamente que aparte de su responsabilidad, debe transparentar la información del dinero público, porque por Ley es obligatoria, y existen procedimientos marcados en la Ley, y está establecido que cierta información es pública, y no debe haber ningún pretexto para que se entregue cuando sea solicitada, aunque sean cuestiones incómodas para algunos funcionarios”, agregó González en entrevista con ZETA. Con la Reforma Constitucional, donde el ITAI pasará de institución a convertirse en un órgano autónomo, el consejero expuso que vislumbran “un órgano más fuerte y con las facultades para poder actuar jurídicamente con mayor firmeza y competencias sobre las solicitudes de información, y obviamente, aumentarán los sujetos obligados, en este caso, sindicatos, partidos políticos, empresas privadas, fideicomisos y toda entidad que reciba dinero público”. Según González Rivera, este año que inicia “se avecina más trabajo, vamos a trabajar más en la cultura de la transparencia, rendición de cuentas, y sobre todo, el derecho que tiene cualquier ciudadano de acceder a la información pública”. Asimismo, refirió que desde que tomó protesta como representante del órgano -abril 2013- “hemos trabajado muy duro a lo interno, porque estábamos viendo lo que se venía y necesitamos hacer unos cambios para salir fuertes y tener un mejor equipo de trabajo. “Como seguramente saben, la reforma ya entró y en el Estado solo estamos en espera de la minuta para la creación del órgano, afortunadamente en el Estado contamos con una Ley de Transparencia, y con la creación del órgano autónomo, tendremos un doble trabajo, donde esperamos mayor presupuesto y mayor infraestructura de trabajo”. En palabras del funcionario del ITAI, con la Reforma Constitucional, el Instituto llegará al fin de su ciclo en esta primera etapa y “tendrá un relanzamiento” en el transcurso de 2014, desde pelear por un mejor presupuesto, hasta tener mayor personal y más profesional, porque “no podemos decir que somos un órgano garante, si no contamos con personal especializado en todas las áreas”. De entrada -y según el consejero-, el Gobierno del Estado, IFAI e ITAI, firmaron -al cierre de 2013- un convenio de colaboración para la implementación del sistema Infomex en Baja California Sur, el cual “era un anhelo, y ahorita estamos en adecuaciones técnicas para entrando el año levantar el switch, cuyo sistema es un paso gigante al primer mundo en el tema de transparencia, abre todo el abanico y transparenta las solicitudes de información, procedimientos, y obliga a que la información sea contestada en tiempo y forma, y que las solicitudes sean elaboradas de forma correcta”. Y advirtió: “No es defender a quien pide la información o a quien no la quiere entregar, sino más bien cuidar las formas, porque tenemos que dictaminar acuerdos y sacar resoluciones”. Métrica por la transparencia Actualmente se realiza el estudio Métrica por la Transparencia, a cargo de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública -que congrega a todos los órganos estatales- y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). En el caso de Baja California Sur, serán evaluados los ayuntamientos de La Paz, Los Cabos y Comondú; el Poder Legislativo a través del Órgano de Fiscalización; el Poder Judicial mediante el Tribunal Superior de Justicia; el Poder Ejecutivo vía ocho dependencias; y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Estatal del Agua, como órganos descentralizados. El estudio arrancó en octubre de 2013 y terminará en agosto de 2014, cuyos resultados finales habrán de darse a conocer en septiembre. Los cuatro ejes de este estudio son: 1. Los portales de Transparencia de las entidades gubernamentales, actualmente obligatorio, donde se pueda acceder con facilidad y obtener la información pública. 2. La normatividad en los estados en materia de transparencia. En este caso, la Ley, y qué tan actualizada está en comparación con otras del país; también, la Ley de Archivos y la Ley de Protección de Datos Personales. 3. Las respuestas a los Usuarios Simulados contratados anónimamente por el CIDE, para lo cual enviarán solicitudes al azar con un grado de dificultad menor, mediano y complicado, calificando la prontitud y calidad de la respuesta. 4. Las capacidades institucionales, donde revisarán físicamente cuánto personal trabaja, así como las capacidades técnicas e infraestructura que tienen en oficinas. El resultado de este estudio -pagado por todos los órganos estatales y el IFAI- será prácticamente el diagnóstico de cada entidad, y servirá para tomar decisiones. El nuevo domicilio del ITAI   Anterior Actual Altamirano, entre Independencia y Reforma, Colonia Centro de  La Paz, BCS Ocampo, entre Félix Ortega e Isabel la Católica, Colonia Centro de La Paz, BCS   Fuente: ITAI El presupuesto del ITAI   2013 2014 $4,700,000