Denuncias penales contra “Tito”, por cirugías, aviadores y desvíos

Para que pudieran reducir sus figuras mórbidas, el gobierno de Javier Robles Aguirre pagó del gasto público hasta 70 mil pesos por cada una de las cirugías estéticas que se realizaron a ex funcionarios priistas. La actual administración en Rosarito, formalizó estos gastos entre otras irregularidades como denuncias penales en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el miércoles 22 de enero. Las cirugías para los funcionarios obesos fueron detectadas en las observaciones de las actas de entrega-recepción, dentro de las cuales el VI Ayuntamiento de Rosarito, verificó que dichos servicios médicos no están previstos en la normatividad correspondiente. Así lo indicó, el Síndico Procurador, Tomás de la Rosa Martínez. Con folio de averiguaciones previas 2/14/504, 3/14/504, 4/14/504, 5/14/504, los evidenciados son los ex regidores del PRI Dora María Esquivel Machado y Antonio Serret Rodríguez, así como Emilio Rodríguez Ibarra, ex oficial mayor y Diana Judith Soto Ibarra, quien aparece como “contadora” en el organigrama del gobierno priista. Estos ex funcionarios, utilizaron recurso público para realizarse la operación de la manga gástrica, conocido procedimiento quirúrgico, que le permite bajar de peso, al paciente con obesidad. Sin embargo, al encargado de Servicios Médicos de la anterior administración, el doctor Raúl Martínez Olivares no está indiciado en las denuncias del gobierno del Silvano Abarca. Al contrario fue ratificado en el mismo cargo. El Síndico Procurador, aseguró que se están llevando a la par los procesos administrativos y penales. Incluso deslindar responsabilidades administrativas o en su defecto, sancionar a los culpables para resarcir el daño patrimonial. No descarta que sus investigaciones deriven en sanciones económicas que podrían sumar dos tantos del daño cometido, o bien, la inhabilitación a ocupar cargos públicos. Por otra parte, el síndico expuso que el proceso penal que lleva el Ministerio Público, conlleva la sanción coactiva de la libertad, esto en caso de que la autoridad determine que se ha dado un ilícito. “De la documentación que obra con nosotros, de todo, de los pagos efectuados, es evidente que existe un delito también, porque en un momento dado hay un desvío de recursos, para algo que no estaba permitido”, declaró De la Rosa. Además, se sumó el caso de Juan Francisco Perales Sánchez, hermano del ex Síndico Procurador, quien cobraba de forma simultánea, ocupando un cargo en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), y en el Gobierno del Estado, específicamente en el Sistema Educativo Estatal. La denuncia que cuenta con averiguación previa 6/14/504, tiene como evidencias la constancia laboral por parte del Gobierno Estatal y del Ayuntamiento, así como los horarios similares del exfuncionario, los cuales generan la incompatibilidad, es decir, en términos coloquiales ser un aviador. De la Rosa aseguró que se están documentando siete denuncias penales  más, por diversas irregularidades como bienes muebles, debido a la incertidumbre de su destino o el manejo que se les dio; así como el caso de sustracción de fondos monetarios en Recaudación de Rentas, “pues al parecer hay una cajera a la que le hicieron falta alrededor de 90 mil pesos y nunca se reportaron al depósito”. El Síndico Procurador del VI Ayuntamiento de Rosarito, indicó que será durante la próxima semana cuando se integren las nuevas denuncias.