Aumenta maltrato infantil

La tarde del domingo 17 de noviembre de 2013, en el número de Emergencia 066, se recibió el reporte del fallecimiento de un menor de dos años de edad. Aparentemente había sufrido una caída, un accidente. Al acudir los agentes municipales al domicilio de Beyoles y Puente de la Reina, en Quintas del Rey, en Mexicali, encontraron en la sala el cuerpo sin vida del niño Cristopher Daniel, quien estaba al cuidado de Giovanny, pareja de la joven madre del niño. El pequeño presentaba traumatismo craneoencefálico. La primera versión fue que se trató de un accidente. El padrastro del niño desapareció, junto a un hombre de apodo “El Mono”, antes de que llegaran los agentes. Al revisar el cuerpo del infante, en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) se dieron cuenta que el menor tenía otras heridas, algunas en las piernas y ya infectadas. Era evidente que presentaba el Síndrome del Niño Maltratado. El padrastro sigue desaparecido. Ese mismo día, en Ensenada, al área de Urgencias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI), ingresó Estefanía, una niña de diez años a quien se le detectó una lesión que le perforó la vagina y le llegó hasta al abdomen, provocándole lo que llamaron una “falla generalizada”. A las pocas horas, la menor falleció. Según datos de las autoridades, había sufrido violencia sexual. En abril de 2011, la madre de la menor denunció al padre por violación, desde entonces se dio a la fuga. La mujer fue detenida y encarcelada, y dos semanas después -En Mexicali-, se capturó a Consuelo Sánchez, acusada de participar en el abuso sexual contra la menor. Anteriormente, en octubre de 2011, trascendió en Tijuana el asesinato de dos hermanos adolescentes: Kevin, de 14 años, y Gissel, de 13. El responsable resultó ser el medio hermano de éstos, Julián Alejandro Manzano, de 20, quien ante las autoridades confesó su crimen, aduciendo: “Me comenzó a molestar todo lo que ellos hacían…”. Otro caso que aterrorizó Mexicali, fue el suscitado en una humilde vivienda en la colonia Vicente Guerrero, donde fue una niña de 8 años fue localizada muerta. El responsable resultó ser el abuelo, quien la violó y masacró, para luego arrojarla a una fosa. De acuerdo a datos oficiales, en el primer mes de 2014, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ha recibido 85 denuncias de maltrato infantil -omisión de cuidados, lesiones, abuso sexual-  en todo el estado, y de acuerdo a la titular del  área, Consuelo Luna, mensualmente reciben un promedio de 100 denuncias. El año pasado sumaron mil 527 denuncias atendidas, que significaron mil 135 menores ingresados, es decir, fueron puestos bajo protección por la institución, ya sea en un albergue o en una casa-hogar. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportan que de los 836 homicidios violentos registrados en la entidad en 2013, 17 fueron de menores de 10 años, que incluyeron a siete varones y diez niñas. Del rango de 11 a 20 años, la cifra subió a 45 asesinados, de los cuales 41 eran varones y cuatro mujeres. De acuerdo con especialistas, existe un perfil de riesgo en el caso de menores maltratados, que incluye una situación económica marginal, familia disfuncional, madres muy jóvenes con compañeros ocasionales, y sobre todo, el uso de drogas como “ice”, “cristal” y las distintas variedades de metanfetaminas. A golpes Según el doctor Francisco Acuña Campa, del SEMEFO, las características del Síndrome del Niño Maltratado son: * Lesiones recientes y antiguas. * Mala higiene en los menores. * Fallas nutricionales. * Omisión de cuidados en peso, talla y cabello. * Mala alimentación. En el caso de Cristopher Daniel, Acuña explica que el menor tenía hematomas en el cuerpo, en las piernas, además de las heridas infectadas, purulentas. En su opinión, el golpe en la cabeza que presentaba la pequeña víctima pudo haber sido una conclusión de lesiones anteriores. “En el caso de la omisión de cuidados, más que la situación de violencia es el abandono, niños que no se les está proporcionando las condiciones de higiene, de alimentación requeridas; por eso tenemos que entrar nosotros, como medida preventiva para ponerlos bajo protección”, expuso por su parte la titular de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, Consuelo Luna. La mayoría de los casos que recibe la Procuraduría, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), son por denuncia, de gente que acude a la dependencia o vecinos, familiares de niños maltratados, incidentes que aparecen en los medios de comunicación, o que se reportan al 066. Al presentarse una denuncia de maltrato en los municipios, es Violencia Intrafamiliar el departamento encargado de dar la primera respuesta. El DIF Estatal tiene dos albergues: uno en Mexicali (actualmente con 139 infantes) y otro en Tijuana (con 250 niños), donde en teoría, los infantes pueden permanecer tres meses. “En la mayoría de los casos, se trata de omisión de cuidados, donde no necesariamente se trata de una agresión física, pero sí está en riesgo la integridad del menor”, sostiene la funcionaria. Luna agrega que en los cerca de tres meses que lleva en el puesto, lo que más le preocupa es la recurrente presencia de las adicciones, que se presentan en prácticamente el cien por ciento de los casos e involucran a padres, padrastros, tíos, tutores. “Hay una situación familiar tan compleja que cuando recibimos a un niño y comenzamos a ver su situación familiar, nos estamos topando con casos en los que desde el inicio sabemos que no vamos a poder reintegrarlos a su familia”, asegura. Aunado a ello, existen varias enfermedades psiquiátricas o psicológicas derivadas del consumo de drogas, lo que hace que la familia extensiva -abuelos, tíos de los niños- se resistan a que los menores sean reingresados con los padres por la relación tan difícil que tienen con éstos. “Tenemos casos de hermanitos de tres, ocho, diez años, y al ver sus expedientes vemos que es muy difícil que podamos lograr una reintegración. Trabajamos con los padres un plan social que implica la rehabilitación, escuela para padres, lo más importante para nosotros es que puedan salir de lo que es la adicción y que cumplan con el curso de escuela para padres”, dice Luna. Aunque se han presentado casos donde se busca la familia extensiva y no se localiza a alguien viable para hacerse cargo de los menores, “nuestros casos son personas de escasos recursos que están en una condición de desempleo, que tienen una casa modesta, niños que no acuden con regularidad a la escuela”. A la dependencia llegan casos de niños recién nacidos, abandonados por sus madres adictas en el hospital público donde dieron a luz. En 2009, un total de 19 menores fueron abandonados en esas condiciones. Ante el aumento de casos de maltrato infantil -100 por mes-, en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, consideran arrancar una campaña preventiva.   Terapia de juego La terapia psicológica es una de las principales herramientas utilizadas en el área de Atención a Víctimas del Delito de la PGJE, y de acuerdo a la titular Perla Padilla Ibarra, uno de los principales elementos a observar en los menores con omisión de cuidados, es el desaliño: “Vienen sucios, con piojos”, mientras en la parte emocional, presentan tristeza, depresión, angustia y miedo. “Debe haber una denuncia, aquí atendemos únicamente a víctimas del delito”, refiere la funcionaria, quien se coordina con la Procuraduría del DIF, aunque hacen diferente trabajo. Cuando se presenta un hecho relacionado con violencia, es a la Procuraduría de la Defensa del Menor a la que se notifica, y el mecanismo implica que si hay denuncias de parte de familiares o vecinos, aparte de Desarrollo Integral de la Familia, se notifique al área de Atención a Víctimas de la Procuraduría estatal. Para la psicóloga Verónica Fino Camacho, la violencia contra menores no es característica de un solo estrato social, sin embargo, acepta que en la mayoría de los casos, son personas de condición económica baja. También, de quienes inician una vida de pareja muy jóvenes, para después convertirse en una familia disfuncional. Una buena parte vienen del sur de la República y llegan a vivir en condiciones de hacinamiento. Además, afirma Fino, la omisión de cuidados lleva en muchos casos al uso de drogas, “de las que más nos encontramos con los padres agresores, son el ‘cristal’ y las metanfetaminas”. La psicóloga menciona el círculo de la violencia, donde existe una estructura piramidal y se va dando escalonada hacia los más débiles, los más vulnerables. “La figura masculina representa una figura de poder que ejerce la violencia de género contra la mujer, y ésta no reacciona contra el hombre, descarga frustraciones y coraje contra figuras de menor jerarquía o de menor poder, que en este caso son los hijos”, refiere. Actualmente atienden el caso de una madre de 23 años que comenzó a tener relaciones de pareja a los 16, y hoy tiene tres hijos de tres, cuatro y seis años de edad. El padre está en un centro de rehabilitación, mientras que ella -adicta al “cristal”- empezó a convivir con diferentes parejas. Eso ha implicado que los  niños hayan sido sometidos a diferentes tipos de violencia, desde verbal hasta sexual. “Los niños han vivido una violencia altamente significativa por parte de la pareja, la madre actuaba en forma omisa y después ya se une a las agresiones”, expone la especialista. Pero eso no fue todo: los niños de esta mujer han vivido la experiencia de ser sometidos a vivir encerrados y a oscuras, además de beber sus propios orines. Los abuelos, que ahora se hacen cargo de los infantes,  fueron los denunciantes y actualmente están en un proceso de regulación de custodia que corresponde al Ministerio Público, con el fin de proteger la integridad física de los infantes. La omisión de cuidados es un elemento fundamental que posibilita llegar a casos extremos como el asesinato de los menores, cuando las personas a su alrededor hacen poco caso a las condiciones en que se encuentran éstos. En cuanto al entorno educativo, Verónica Fino Camacho argumenta que los maestros son los primeros que pueden darse cuenta de conductas que reflejen la omisión, o el caso de los vecinos, que sí denuncian, pero en ocasiones no saben hasta dónde llegar, igual sucede con los familiares. “Creo que la omisión a prestar ayuda es lo que marca mucho la diferencia. En los casos que hemos tenido y que se llega a la violencia, sí hay personas que se han dado cuenta, pero dejan pasar tiempo o no desean intervenir…es un tipo de complicidad”, concluye la experta.