Ex alcalde declaró haber cometido un delito “muchas veces”, desviando dinero etiquetado para su nómina En una de las últimas declaraciones públicas realizadas por Enrique Pelayo Torres como alcalde de Ensenada, el funcionario admitió haber cometido “muchas veces” un mismo delito: desviar recursos públicos federales a rubros que no les correspondían, dentro del gobierno municipal. Principalmente para pagar las catorcenas de la abultada nómina del XX Ayuntamiento. “Fue lo que yo hice muchas veces y lo confieso, tuve que agarrar fondos federales de diferentes fondos, que luego los repuse, pero salvaba el compromiso de la nómina. Es un delito, es cierto, y lo hice para pagar la nómina y ya los repuse. Y Ricardo Medina (el diputado federal y líder del Sindicato de Burócratas en Baja California), la última vez me dijo, ‘¿por qué no agarras del Ramo 33 para que me pagues?’ Le dije, no me pidas ya eso, tú eres un legislador federal y sabes la responsabilidad, ya no quiero más problemas, esa es la verdad también. Entonces, son cosas que uno como alcalde toma la decisión, en aras precisamente de ayudar a toda la gente necesitada, por eso está trabajando esa gente, y trabajan por un salario. Y lo he hecho bajo mi responsabilidad en aras de cumplirles, pero ahorita ya voy de salida y necesito equiparar esos fondos, ya no puedo echar mano de esos fondos, porque al ratito si no se reponen esos fondos, yo traigo responsabilidad penal”, expresaría Pelayo Torres el 21 de noviembre de 2013. Sus declaraciones provocaron un reclamo formal del sector empresarial, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Ensenada, actualmente liderada por Adrián Olea Escobosa. 
La petición de los empresarios fue firmada y enviada por Olea el viernes 29 de noviembre a Sindicatura Municipal, a cargo del ex presidente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Iván Alonso Barbosa Ochoa, a quien el organismo demandó investigar a Pelayo Torres por el desvío de fondos públicos. “Fue público en diversos medios de comunicación en la ciudad, una confesión expresa y espontánea del presidente municipal Enrique Pelayo Torres, en la cual reconoce que había cometido diferentes delitos. Dicha declaración la realizó de manera pública y en su carácter de servidor público”, refiere en su escrito la COPARMEX. Los empresarios refieren que la conducta de Pelayo se encuentra tipificada como delito de abuso de autoridad en el Código Penal para el Estado de Baja California, y citan la Fracción V del Artículo 293 de dicho Código, donde se establece: “Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría en los casos siguientes: V.- Cuando teniendo a su cargo caudales del erario, les dé una aplicación pública distinta a aquella que estuvieren destinado, o hiciere un pago ilegal”. Asimismo, hacen referencia al Código Penal Federal, que tipifica dicha conducta como uso indebido de atribuciones y facultades, haciendo referencia al Artículo 217: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades: III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquellas a que estuvieron destinados o hiciera un pago ilegal”. Bajo esos argumentos, los empresarios advierten que es obligación del síndico procurador, llevar a cabo una investigación ante los dichos de Pelayo. Además de tener la obligación de vigilar el ejercicio de los recursos públicos. “Los funcionarios deben ser ejemplo de transparencia y cumplimiento de la legalidad”, advierte la COPARMEX. En entrevista con ZETA, Olea Escobosa comentó que durante el trienio del priista Enrique Pelayo Torres reinó la desinformación y una especie de anarquía gubernamental, al tomarse en su gobierno decisiones sin consenso con la ciudadanía, ni con los sectores involucrados en cada caso. “Desde un inicio se quiso tener acercamientos con el señor Enrique Pelayo, en un mecanismo que se tenía, que eran las mesas de eficiencia administrativa, a la primera reunión el mismo señor dice que los empresarios se deben retirar a sus empresas, y él va a hacerse cargo de su changarro, que es el gobierno, la administración del municipio de Ensenada. Obviamente a completas luces, pues no entendió nunca su función, que es representar a lo que es la ciudadanía, y velar por los intereses de la ciudadanía”, subrayó Olea. Asimismo, el entrevistado destacó que la falta de diálogo de Pelayo Torres con el sector empresarial, tuvo uno de sus principales referentes en la clausura de operaciones de la regasificadora Energía Costa Azul, de Sempra Energy, en 2011. Tras la publicación en este Semanario, a mediados de ese año, del misterioso depósito de 2 millones 188 mil dólares en una cuenta bancaria en San Diego, propiedad de Enrique Pelayo Navarro, hijo mayor del ex alcalde de Ensenada, se pusieron al descubierto vínculos entre empresas y personajes relacionados con la extorsión de la que se dijo objeto Sempra, a través de Darcel L. Hulse, entonces presidente y jefe ejecutivo de la transnacional. Olea dio a entender que este hecho afectó la relación entre el sector empresarial y el gobierno de Pelayo. Y vino acompañado de historias, no probadas, sobre actos de corrupción y peticiones de dinero a empresarios, a cambio de autorizaciones de permisos en el XX Ayuntamiento provenientes de Pelayo y otros funcionarios de su gabinete. Sin embargo, la confesión de Pelayo el 21 de noviembre fue clara, por lo que los miembros de la COPARMEX Decidieron denunciarlo. De hecho, ha sido el único organismo que ha solicitado de manera formal ante Sindicatura, que se investiguen las cuentas del ex funcionario tras su declaración. No obstante, Olea Escobosa aseguró que una petición similar podría surgir del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) en próximos días. La postura generalizada del sector empresarial en demandar una investigación hacia Pelayo, se basa también en declaraciones de carácter anónimo que empresarios hicieron llegar a sus organismos cúpula y daban cuenta de casos de extorsión. Sindicatura tras desvío de fondos de Pelayo En manos de Sindicatura Municipal existe una investigación de posibles desvíos de fondos federales del Ramo 33, que acumulan movimientos por 98 millones 500 mil pesos durante la administración de Pelayo Torres. Fuentes dentro del gobierno municipal consultadas por ZETA, confirmaron que previo a la salida de Carlos Fidel Escobar como síndico procurador durante el XX Ayuntamiento, dicha investigación ya se encontraba en proceso. Refieren que en los últimos días de su gestión, Pelayo fue advertido vía oficio, que se había abierto una investigación sobre el manejo de los dineros etiquetados del Gobierno Federal. Investigación que coincidentemente vino acompañada de una confesión abierta de Pelayo. Esto significa que casi al mismo tiempo en que era investigado sobre movimientos irregulares de dinero, confesaba haberlos realizado. La papa caliente de la investigación iniciada por Escobar cayó en manos del nuevo síndico, Barbosa Ochoa, quien confirmó a <b>ZETA que tal documento sí existe: “Sí existe un acta, un oficio por parte del síndico saliente, donde le da la instrucción al jefe del Departamento de Fiscalización de aquí de Sindicatura para empezar a revisar la cuenta pública referente a lo que es el Ramo 33”. En efecto, la investigación incluye movimientos por 98 millones y medio de pesos, que ahora corresponde investigar al equipo de Barbosa. No obstante, y para complicar las historia, previo a la salida de Pelayo Torres, computadoras de Tesorería Municipal que contenían información financiera, fueron cambiadas de súbito a oficinas de Recaudación de Rentas, generando reclamos de algunos burócratas. Los rumores fueron que el cambio fue para modificar cifras y desaparecer evidencias. El 26 de noviembre de 2013, Pelayo Torres daría su versión a la prensa, respecto a ese movimiento de computadoras de las oficinas a cargo de la tesorera municipal, María de Guadalupe Beltrán Rocha. 
“No hay ninguna situación, los señores (en Tesorería) no estaban trabajando, yo tengo que entregar una serie de documentos el día 30. Todos los sindicalizados que tenían ahí sus computadoras estaban de brazos caídos toda la semana pasada, no trabajó nadie, el trabajo se me está acumulando, necesito entregar cuentas claras, que es lo que estoy haciendo, ahorita en la mañana me reuní con la tesorera. Sacamos tres, cuatro computadoras, se pusieron a trabajar en Recaudación, ¿por qué?, porque ahí no se podía trabajar por los brazos caídos, y porque decían que eran sus computadoras, las computadoras son del Ayuntamiento, no son de los particulares”, dijo entonces el ex alcalde. Por su parte, Barbosa aseguró que ya han solicitado los estados financieros a Tesorería Municipal: “Tenemos que revisar más a fondo, eso no significa, también aclarar, que esto es algo que se vaya a concluir en un lapso de días o semanas, puede llevarnos a meses, para no incurrir también la Sindicatura en una posible irresponsabilidad. Tenemos que ser cuidadosos en la parte de investigación por parte de Sindicatura, primeramente tiene que ser la revisión por parte de la Subdirección de Fiscalización de Sindicatura. Una vez que detecte la subdirección las posibles irregularidades o desvíos del Ramo 33, se turna a la subdirección jurídica, para que la subdirección jurídica, junto con la jefatura de Responsabilidades de Sindicatura, ya el seguimiento que tenemos que darle a ese caso”.
Publicidad
