Tortura, privación e ilegalidad: la cara oculta de la PDH

Detrás del pasamontañas vino la advertencia: “Ni se te ocurra llorar, ni se te ocurra gritar”.  Policías de Francisco Castro Trenti amagaron con desaparecer al detenido. El joven recuerda de sus captores: “Agarraron una bolsa, con la misma que torturaron a la otra persona, la amarraron y me empezaron a cortar el aire… empezaron a apretarme y apretarme… me retorcía. Yo me estaba ahogando, yo necesitaba aire y me tenía que mover, y ellos  mismos me sostenían para que no me moviera”. Éste es uno de varios testimonios que involucran al ex director de Seguridad Pública de Rosarito Francisco Castro Trenti salió del ayuntamiento encabezado por el priista Javier Robles Aguirre, señalado de permitir y estar presente en actos de tortura en las instalaciones de la Policía Municipal que dirigió. Además, de ordenar privaciones ilegales de la libertad, violar el proceso de detenciones, cometer abuso de autoridad, negligencia e incluso encabezar quebrantos a los derechos laborales de sus policías. En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hay averiguaciones previas con su nombre, aún abiertas. El primero de diciembre, Francisco Castro, hermano del embajador de México en Argentina y ex candidato a gobernador del Estado, dejó de ser el polémico titular de Seguridad Pública en Rosarito. Tres días después fue nombrado subprocurador en la Zona Costa de los Derechos Humanos en Baja California. La decisión de que Castro Trenti, también ex agente del Ministerio Público Federal en narcóticos de la Procuraduría General de la República y director de Policía y Tránsito en Tijuana, ahora cobre como protector de las garantías individuales, provino del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el Estado, Arnulfo de León Lavenant. Desde un inicio, el nombramiento de Lavenant al frente de la Procuraduría (en mayo de 2012), se entendió como una posición que privilegió al entonces aspirante a gobernador, Fernando Castro Trenti. Hoy, el hermano de éste es contratado por quien no solo es considerado una pieza evidente castrotrentista, sino por quien debería investigarlo por serias acusaciones de tortura. La celda Jorge Eduardo Montero Álvarez, militar en retiro, es el nuevo secretario de Seguridad Pública en Rosarito. Está parado en el marco de lo que son unas celdas que él dejó construidas en su primer periodo en el cargo (2008-2010). Ordena la presencia de algunos policías. Mientras los oficiales son ubicados, Montero señala: “No es secreto, todos lo saben, aquí los metían, los golpeaban y sabrá dios qué otras cosas”. El capitán señala a una de las dos celdas que oficialmente, nunca han funcionado. A lo largo del pasillo y encima de las celdas, hay cuando menos tres cámaras de video vigilancia. Todas están tapadas con trapos y pedazos de camisas de la Policía Comercial. A los minutos y frente al jefe, oficiales un tanto temerosos coinciden en que ahí mismo, el ex director de seguridad, Francisco Castro Trenti; el ex comandante operativo, Mario Alberto Navarrete; y un grupo de policías encabezados por Luis Omar Castro, utilizaban las instalaciones para hacer interrogatorios extrajudiciales y violentos. La orden: nadie se podía acercar a la zona ubicada en al fondo de las estaciones de la DSPM de Rosarito. Inhumanos, derechos Varios testimonios de policías y víctimas coinciden en lugar y modo de la tortura y la privación ilegal de la libertad. La celda que señaló Montero es la misma que describen quienes ahí estuvieron y sufrieron durante horas asfixia, golpes y amenazas de muerte. Luego de que Armando Carrasco, presidente del Comité de Turismo y Convenciones en Rosarito, asegurara le faltaban 50 mil pesos producto de un festival en la playa a finales de junio, al menos tres personas fueron detenidas para ser interrogadas en las celdas municipales. Entrevistado, Carrasco niega haber dado la orden para la tortura, pero admite que denunció el supuesto robo a la Policía Municipal. Describe el suceso “muy raro” y “lleno de contradicciones”, a la vez, recuerda que además del dinero, una tablet fue también robada. Que uno de sus empleados había corrido ante la presencia de los oficiales. Jesús N. fue detenido en dos ocasiones. Sospechoso de haber hurtado el dinero del señor Carrasco, en la primera solo lo interrogan y, asegura, lo pusieron en libertad. En la segunda, ese mismo día a las 10:30 pm, los agentes ingresan a la propiedad de Carrasco y, ante su presencia, esposan a éste y a un compañero de trabajo: “Se bajan varios oficiales encapuchados, venían con sus uniformes de policías oscuros y con pasamontañas. Yo recuerdo solo el que iba manejando y otros dos”. Juegos de manos… Después de golpes y amenazas, a Jesús se le agrava un problema cardiaco que dice tener bajo control médico. Asegura que su presión arterial se vino abajo: “Todo me daba vueltas”.  El adolecente describe el trato de los policías sin poder hablar con un juez: “Ya que me metieron a las celdas, me pusieron en una esquina, hincado, de rodillas, con los pies cruzados, como yo tenía suéter con gorro, lo ponían (en la cara)”. Lo amenazaron si se le ocurría hacer un ruido o quejarse. La amenaza la sintió en serio: “Ya me habían enseñado un video de un señor que ya habían torturado ahí… llegaban y me daban rodillazos en la espalda… me pegaban en la cabeza con una lámpara, con la lámpara que usan ellos”. Según sus propias palabras, a Jesús lo llevaron a ver a su amigo, “donde lo estaban torturando, y me dijeron ‘cállate o te va ir peor’”. Detalla: “Me paran ahí donde está él y me dicen ‘mira, escucha’, yo lo estoy viendo, me acercan unas pinzas a un arete que yo tenía en la nariz. Me dicen, ‘ese es el primero que te vamos a quitar’, luego me empiezan a tirar golpes en el lado izquierdo de las costillas”. La otra víctima es Alfonso N., de 20 años de edad. Igualmente ex empleado de Armando Carrasco. El arresto fue similar, sin mediar palabras, directamente a la celda.  El siguiente es parte de su testimonio: empieza un interrogatorio por parte de policías municipales, acompañado de cachetadas y “golpes en la panza”. Detalles asfixiantes Primero, recuerda Alfonso, eran tres oficiales a su alrededor. “Después ya no supe cuántos eran, porque empezaron a echarme la lámpara y empezaron a marearme, con la lámpara en los ojos y hacerme así (sacudir la cabeza) todo rápido, pero haciéndome preguntas”. Narra que los oficiales querían saber el paradero del dinero que, asegura, nunca tuvo.  “Me amarraron, no sé si conozcan los cinchos… me engancharon (de una mano) de una barandilla de la celda, entonces abrieron la puerta de la celda y del otro lado, con otro cincho, de las dos manos, me empezaron a estirar, a estirar. Es el dolor más fuerte que he tenido en toda mi vida”, lamenta, como si el dolor volviera. Alfonso no aguanta más y rompe en llanto.  Dice que recibió un grito y más patadas en el estómago: “¡Ya no llores!”, el grito/orden. Después, de su memoria rescata que escuchó la amenaza: “Ni se te ocurra llorar, ni se te ocurra gritar”. Y luego, el joven cuenta: “Agarraron una bolsa, con la misma que torturaron a la otra persona (que yacía en el suelo), la amarraron y me empezaron a cortar el aire, una bolsa de plástico pero más gruesa, empezaron a apretarme y apretarme, pero sin tocarme con sus manos. “Me retorcía. Yo me estaba ahogando. Yo necesitaba aire. Y me tenía que mover  y ellos  mismos me sostenían para que no me moviera”, así lo evoca. “Ya después de eso, me pusieron un trapo en la boca  y me comenzaron a ahogar con agua. Me amarran un trapo en la boca -en la entrevista Alfonso se quiebra, es difícil entenderlo en medio de las lágrimas y el dolor-, muchas veces me dijeron que me podían desaparecer y que nadie se daría cuenta.  Me empezaban a pegar, a ahogarme y, por más que me retorcía y me retorcía, no tuvieron piedad de mí”. Y en papel… Los testimonios arriba contados constan en expedientes de la PGJE, bajo el folio AP/1656/13/207. Otra denuncia fue interpuesta por los mismos jóvenes en Sindicatura, entonces titulada por Roberto Perales, y una más en la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde hoy despacha Castro Trenti. En la PGJE consideraron las lesiones presentadas por Alfonso, menores a los 15 días de curación (acreditadas por la doctora Denisse Gómez Cueva), y hasta ahora no han obtenido respuesta. Al tiempo que la denuncia fuera interpuesta, el procurador de los Derechos Humanos hizo público que después de operativos e inspecciones, no se encontró evidencia que los dichos denunciados fueran ciertos. Por su lado, el titular de COTUCO afirma que sigue con la denuncia por robo. Solo recuerda que Alfonso era un muchacho de su confianza, que él mismo lo recogió en la Dirección de Seguridad Pública un día después de haber sido detenido a las siete de la mañana. Es decir, durante nueve horas, quedó en manos de sus captores. Además, Carrasco sabe que la tercera persona ahí torturada fue quien se robó su tablet y quien había corrido en el momento que la Policía se apersonó a petición suya. Su equipo lo recuperó a cambio de ese arresto y el interrogatorio. Juez y parte En octubre, varios jueces en Rosarito solicitaron una audiencia con los regidores de la ciudad. Habían notado que desde que Francisco Castro Trenti asumió la dirección de Seguridad Pública, los detenidos por drogas o delitos mayores a las faltas administrativas no eran turnados a sus oficinas. La orden “era llevar ante el director, porque personalmente quería atenderlos”. De hecho, al violar el procedimiento de la detención y no turnar inmediatamente ante el juez calificador, a la DSPM le quedaba o liberar a los detenidos después de ser interrogados, o perder la formal prisión, dado que el proceso se presentaba ante el Ministerio Público con irregularidades. Esa fue la queja de los jueces ante regidores. Algunos policías entrevistados por ZETA señalan que efectivamente, muchos de los detenidos en la celda clandestina salían por su propio pie, aunque heridos, pero no remitidos a la autoridad de justicia. Igualmente, policías de Rosarito sufrieron arrestos ilegales durante la administración de Castro. Este Semanario recabó testimonios de dos policías que fueron retenidos por supuestamente desacatar al ex director. Fueron desnudados y puestos en celdas durante horas. Otros agentes se quejan de que los obligaban a trabajar horas extras sin pago, además de ser castigados por no pertenecer a su grupo de cercanos. Desde junio de 2011, la violación de los derechos laborales es también materia de agravio a los derechos humanos. Otro caso documentado Hasta agosto pasado, José Luis Callejas Orta fungió como administrador del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Conservación y Limpia de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en Rosarito. Él estuvo en la celda utilizada para los arrestos fuera del reglamento y las torturas denunciadas, tras haber descubierto irregularidades financieras del coordinador por Luigi Cruz Aguirre, primo del ex alcalde de Rosarito. Callejas señala directamente a Castro Trenti de dar la orden de su detención y la tortura. Según la declaración ministerial de Callejas, bajo el expediente 1768/13/207/AP de la PGJE, los primeros días de agosto advirtió irregularidades de miles de pesos en el despacho dirigido por el primo del alcalde. Por ejemplo, cheques que él seguía girando a personal que nunca se le notificó ya había sido despedido, o pagos que él expedía pero que nunca llegaban a su destino. Cuando quiso respaldar su dicho con copias de las pólizas de cheques, Cruz Aguirre lo enfrentó de manera “agresiva”, según la declaración ante la PGJE. Eso lo llevó a ser detenido en su oficina por órdenes de Cruz Aguirre y llevado a la comandancia. “Luigi le dijo a los oficiales que yo me estaba robando información confidencial”, se lee en la averiguación previa. Callejas declara que en las instalaciones de la DSPM, Luigi y el director de la Policía, Francisco Castro Trenti conversan, después Castro “ordena… que me quiten mi teléfono y que me ingresen a las celdas, por lo que me esposan”. Dentro de la celda que describe el ex empleado y que coincide con la misma arriba contada, le taparon la cara y lo esposaron de las manos en la parte superior de la puerta de la celda, “quedando las manos suspendidas de las esposas… tenía que pararme casi de puntitas, lo que me requería mayor esfuerzo para esta de pie… me causaba dolor en las muñecas, así estuve como una hora y los oficiales ahí estaban platicando, riéndose, me tocaban”. Durante horas preso y sin ser presentado ante un juez, Callejas fue liberado sin más que la instrucción de pasar con el ex alcalde de Rosarito, según los documentos de la PGJE. A los días, interpuso la denuncia en la PGJE en contra de Cruz Aguirre y del ahora subprocurador de los Derechos Humanos por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y difamación. Este Semanario buscó al procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant. Al preguntarle sobre el nombramiento de Castro, el priista reaccionó: “No, de todos modos, en ZETA ponen lo que quieren”. — Entonces, ¿no va a responder sobre el criterio para nombrar a Francisco Castro Trenti como subprocurador? “Pues pregunte lo que quiera, siempre pone lo que quiere” — ¿No quiere hablar del tema? “No, siempre me ofende cuando escribe, así que para qué me pregunta”. Agraviado, el procurador evade y defiende a su mano derecha. Así son los derechos humanos en Baja California, y la cara oscura de la tortura y la ilegalidad.