Apenas en dos semanas de revisión de la situación heredada por el XX Ayuntamiento, la actual administración ha detectado múltiples irregularidades -basificaciones, contratos, convenios- que desvelan los malos manejos en la alcaldía que encabezó Francisco Pérez Tejada, y que ha sumido a la administración cachanilla en una situación “catastrófica”, donde los puntos mencionados parecen ser apenas la punta de un gran iceberg De última hora, al quince para las doce, a días de concluir el periodo del XX Ayuntamiento de Mexicali encabezado por el priista Francisco Pérez Tejada, éste resolvió la basificación fast track de casi un centenar de empleados de confianza. En la lista aparecen apellidos relacionados con regidores, periodistas, familiares de políticos priistas que recibieron el beneficio rápidamente, ahorrándose un largo proceso burocrático que para la mayoría lleva años obtener la base laboral, y en ocasiones implica necesariamente interponer una demanda ante los tribunales para lograrlo. Pero esa no ha sido la única irregularidad detectada. Aparte, “buscan” a más de 400 empleados adscritos a la nómina municipal “comisionados” a otras áreas y que no se sabe exactamente donde están. Por eso, desde la nueva administración han tenido que modificar el sistema de pago -momentáneamente- para ya no hacerlo por depósito bancario, sino con cheque, y obligadamente tendrán que pasar a su lugar de adscripción para recogerlo. “Lo decidimos para conocer a la gente, para pasar lista”, aseguró la oficial mayor del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Maribel Avilez Osuna, una experimentada abogada laboral, ahora parte central del equipo del alcalde panista Jaime Díaz Ochoa. De igual manera, investigan una serie de acciones irregulares, como la detectada a una compañía local con la cual el Ayuntamiento formalizó un contrato de última hora -ya tenían meses operando-, donde aparece un primo hermano de la esposa de Francisco Pérez Tejada. A la par, se señala la evidente irregularidad que significó para las finanzas municipales el no pago de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI), convirtiéndose en una bola de nieve que creció durante meses, con los obligados y millonarios recargos, y el préstamo solicitado por el ex alcalde para “solucionar” el problema, endeudando así al Ayuntamiento por los próximos 36 meses, es decir, durante todo el periodo de Díaz Ochoa. “Creo que sí podría llevar a una situación penal”, sostuvo la oficial mayor, aunque primero habrían de notificar al área de Contraloría y al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). De paso, Avilez aclaró que están en las primeras revisiones -en estas dos semanas de la nueva administración municipal-, y tienen hasta el 30 de diciembre de 2013 para completar el minucioso examen de la situación heredada. “Hemos encontrado más (irregularidades), pero esto es un informe preliminar, vamos por partes”, refirió la entrevistada. Fast track De acuerdo a la oficial mayor del XXI Ayuntamiento de Mexicali, en una primera revisión se localizaron 92 basificados a través de un ilegal procedimiento. La funcionaria afirmó que para lograr la base hay dos opciones: una a través del sindicato, y ante una jubilación, muerte o renuncia, el sindicato propone de una lista de espera. La otra es vía sentencia del Tribunal de Arbitraje -con demanda previa-, e implica presupuestar ese nuevo espacio por decisión del Tribunal laboral. “¿Qué fue lo que pasó aquí? Se hicieron bases de escritorio en el sistema de nóminas de Oficialía Mayor, se alteraron los nombramientos de las personas, y aquellas que estaban de confianza, de repente pasaron a ser empleados de base”, detalló Maribel Avilez Osuna. De acuerdo con datos, en el Ayuntamiento de Mexicali hay cerca de 4 mil empleados; 3 mil 100 de base, el resto, eventuales y de confianza. Según la funcionaria, tienen 30 días para definir la situación en que encontraron el Ayuntamiento: “El 30 de diciembre debemos revisar qué es lo que tenemos, o dar un avance de cómo lo encontramos”. Avilez amplió: de esas cerca de 92 basificaciones, desde el sindicato han aceptado que ellos propusieron a 17, después subió a 23, pero del resto no saben. Es Oficialía Mayor la instancia que se encarga de administrar el recurso humano de todo el Ayuntamiento. “Aquí se hacen los nombramientos, aquí se hace todo, se hacen las nóminas y se mandan. Hay un software, y es en el que se alteró para brincarse el protocolo, el procedimiento, y se hicieron nada más por fast track”, abundó la oficial mayor. Maribel refirió que empezaron a aparecer con prestaciones de base -las cuales son “caras”-, por rubros como previsión social múltiple, quinquenios, premio por asistencia, bono por buena disposición. “Su salario se incrementa casi al triple”, calculando que de confianza a de base, un sueldo “encarece” su costo. La especialista en el ámbito laboral agregó que el Ayuntamiento puede remover libremente a los titulares y a los jefes de dependencia y directores administradores, todos de confianza, no así a los de base. “Dentro de los basificados hay personas de confianza, y hay muchos nombres de gente basificada, como hermanos de regidores, hijos de periodistas… hay de todo. Entonces ahí es obvio que fue lo que pasó”. A la vez, indicó que buscan revertir esta situación para regresar a esa gente al lugar que tenían anteriormente, aunque aclara que algunos han optado por evadir líos y renunciar de manera voluntaria. “Hubo gente que entró el último día, en la última semana (de la administración anterior). De hecho no se piensa despedir a mucha de esa gente, sí hay gente que tenía dos, tres años, los que realmente eran secretarios, operativos los vamos a revertir a como estaban, que se vayan a la fila a seguir el procedimiento, pero no los voy a despedir”, dijo Avilez en referencia al personal que se reasignará a su adscripción oficial. La funcionaria aportó otro dato: cerca de 450 empleados están comisionados a diferentes dependencias y no saben exactamente dónde están, solo existe un oficio de comisión, pero no están en ninguna de las dos áreas. “Lo que estamos haciendo es revisar, por eso tenemos tanta gente en Oficialía, estamos revisando, pasando lista a ver si esa gente existe, si está trabajando. Es otro rubro, estamos haciendo un padrón actualizado”, externó la oficial mayor en relación al grupo de empleados que cobran, pero no están. Otros más han optado por la rápida renuncia, bastantes, según el dicho de la funcionaria: “Decidimos pagar por cheque para conocer a la gente, porque si pagas por depósito bancario, no vamos a saber para donde se fue, lo decidimos como una técnica un poquito rústica de pasar lista, que los titulares de todas las dependencias centralizadas y descentralizadas, se hicieran cargo de hacer el pago personalmente, cuando menos que estuvieran presentes para poder saber si la gente está ahí”. Lo de las comisiones era una práctica común, donde al llegar algún conocido en puesto de dirección, se llevaba a su gente. Avilez Osuna aprovechó para mencionar un ejemplo, el de Rosa Isela Dávalos Méndez, quien del Ayuntamiento se fue a la subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Mexicali, con una licencia por tiempo indefinido, pero “las licencias por tiempo indefinido no existen, la Ley establece que nada más son por seis meses, y las otras son cuando vas a ocupar un cargo público, cuando tienes un cargo de elección popular durante el tiempo que dure el cargo”, declaró. Existe la posibilidad de que un empleado de base pueda ocupar un puesto de confianza, pero solo dentro de la misma esfera municipal: “Las licencias indefinidas no existen, ya lo platiqué con el sindicato, y efectivamente, está mal hecha la licencia”, citó la oficial mayor en relación al permiso que le fue revocado a Dávalos Méndez -sobrina de Dolores de Méndez, representante de PROFECO en Baja California-, y están en espera para que la sindicalizada diga si renuncia a su base, o en su caso regresa y renuncia a su puesto en la instancia federal. “Tenemos que regularizar, hay muchas cosas como ésta”, aseguró Maribel Avilez, para ampliar: “Nosotros ya sabíamos que el Ayuntamiento estaba en crisis y que había privaciones y todo lo que tú quieras, sin embargo, no te das cuenta qué tan graves hasta que estás dentro. Todos sabíamos que estaba en una mala situación, pero no en esa situación caótica, porque realmente estamos en una situación deplorable, catastrófica, no hay palabras para decir la situación en que se encuentra el Ayuntamiento”. Otras más Otro de los puntos que han “brotado” en las primeras revisiones a la administración de Francisco Pérez Tejada, tiene que ver con el otorgamiento de un contrato a una empresa, Hego Imagen, S. de R.L. de C.V., propiedad en sociedad de un primo hermano de Emma Pedrero Corral, esposa del ex alcalde de Mexicali. En la empresa, registrada en Tijuana, aparecen como socios Fernando Hernández Barroso y Héctor Chaparro Pedrero. El contrato se aprobó en sesión de Cabildo celebrada el lunes 25 de noviembre, cinco días antes de la conclusión del periodo municipal encabezado por Pérez Tejada. El contrato tiene que ver con la modernización dela imagen urbana con la instalación de 73 letreros en camellones, glorietas, espacios públicos del Ayuntamiento. ”Son lugares muy bien ubicados, en las mejores avenidas de Mexicali”, expuso Avilez Osuna, quien califica de irrisoria la contraprestación que se pactó; 60 mil pesos al año y ni siquiera en dinero, sino en especie, instalando plantas en el lugar, manteniéndolo limpio. En el contrato se estipula la prohibición de permitir que se instalen espacios similares en cien metros a la redonda. Desde el Ayuntamiento calculan que esos espacios dejan a los concesionarios una ganancia mensual superior al millón de pesos. “No es un contrato proporcional, es súper ventajoso, leonino, es infame”, condenó la funcionaria. De ahí que promoverán anular en el Cabildo, a través de una acción de lesividad. Aparte, hizo mención de que esos espectaculares ya tenían funcionando cerca de un año, lo que hicieron fue legalizarlo vía contrato, una semana antes de dejar la administración municipal. El otro tema que atrajo la atención, fue el relativo al no pago a las cuotas del ISSSTECALI desde agosto de 2011, casi dos años y medio sin cubrirlas, y un día antes de dejar el XX Ayuntamiento, se hizo un convenio con el Instituto. Para esto ya se había acumulado un adeudo cercano a 400 millones de pesos, más 90 millones de pesos por intereses. “Si hubiera pedido un préstamo a un banco, le hubiera salido más barato por los intereses, que lo que se generó”, dijo la oficial mayor. “Fue una negligencia total el dejar de pagar las cuotas”, asumió la funcionaria municipal, quien calcula que mensualmente, la actual administración deberá pagar cerca de 37 millones de pesos a ISSSTECALI, entre cuotas y convenio. “Estamos espantados, de por sí el Ayuntamiento nos lo dejaron en bancarrota, en una situación catastrófica”, resumió Avilez Osuna, para después recalcar que se presentará una denuncia ante Contraloría y el ORFIS. Se defiende Rosa Dávalos Méndez está adscrita al área de regidores -con fecha de ingreso en enero de 2005-, y desde marzo de 2013, funge como subdelegada de PROFECO en Mexicali, delegación que encabeza Dolores de Méndez, su tía política. La empleada municipal y funcionaria federal niega que su salida sea una irregularidad, que después de que ingresó a laborar al Ayuntamiento, y de que en 2007 falleciera uno de los empleados del área de regidores, peleó esa base por derecho de antigüedad, pero no se la otorgaron. Luego se jubiló otro empleado del área y de nuevo solicitó la plaza, pero la base se congeló -era el cambio en la administración llegando Pérez Tejada-, posteriormente el trámite siguió, hasta que en marzo de este año le avisaron que ya saldría su base, solo que le pidieron que se desistiera de una demanda precisamente por basificación, interpuesta ante el Tribunal de Arbitraje. En ese contexto fue propuesta por María Esther Sherman -ex delegada del Comité Ejecutivo Nacional en la entidad- para la subdelegación de PROFECO en Mexicali. Dávalos Méndez asegura que su designación nada tuvo que ver con que su tía Dolores de Méndez sea la representante de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California.
Argumenta que solicitó una licencia sin goce de sueldo a través de la dirigente sindical -y ahora regidora- Alicia Martínez, vigente a partir del 15 de abril. La abogada, funcionaria federal y empleada municipal, dice que sí son válidas ese tipo de licencias, aunque aclara que la Ley es muy general al incluir las licencias al asumir un cargo de elección popular o de confianza. “Yo tengo un status de base, tengo un permiso, y después de la sarta de mentiras que dijo la señora, me manda un documento donde me revoca el permiso”, explica Dávalos Méndez en alusión al oficio que recibió el lunes 16 de diciembre de 2013, y considera que sería el Tribunal de Arbitraje el encargado de definir la situación. En suma, argumenta que su basificación es legal, al igual que la licencia sin goce de sueldo. Aun así, analiza si regresa a su puesto sindical o quedarse al frente de la dependencia federal en Mexicali.
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