En el primer año de gobierno de EPN, seis periodistas asesinados, tres desaparecidos Las cosas no han cambiado en México. La libertad de expresión sigue amenazada. En lo que va de este año, han asesinado a seis periodistas, hay por lo menos tres desaparecidos y continúan los atentados contra instalaciones de periódicos y radiodifusoras a lo largo y ancho de nuestro país. En la última asamblea de la Asociación Mexicana de Editores (AME) realizada en Guadalajara, Jalisco, Jesús Armando Liogon Beltrán, representante de Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), confirmó las cifras de la impunidad. En ninguno de los casos hay avance en las investigaciones, ni personas detenidas. Estadísticas de la SIP refieren el negro liderazgo de México en el asesinato de periodistas, y aunque su estadística solo abarca de enero a octubre, en dicho periodo hubo cuatro homicidios de periodistas en nuestro territorio, mientras que Brasil tuvo tres, Colombia dos, Guatemala dos, Haití dos; y Ecuador, Honduras y Paraguay, uno cada uno. Otras organizaciones como Reporteros sin Fronteras, solo refieren dos asesinatos de reporteros en México. En la última actualización, en junio de 2013, del “Barómetro de la Libertad de Prensa”, se aclara que solo esos dos casos estaban comprobados por ellos como atribuidos estrictamente al ejercicio periodístico. En su informe de enero a septiembre de este año, Artículo 19 documentó 225 agresiones, entre éstas, tres asesinatos, dos desapariciones, cuatro ataques a medios, 26 amenazas y siete privaciones ilegales de la libertad. Al intervenir en el foro “Libertad de Expresión y Libertad de prensa en México”, Liogon Beltrán expresó que “la libertad de prensa es una asignatura pendiente en la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de sus buenas intenciones”. Aseveró que no existe duda de que los sicarios de la delincuencia son los principales enemigos de la libertad de los periodistas. Números y geografía del crimen México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras no se equivocan. Crímenes, amenazas y, finalmente, autocensura de periodistas o de sus medios. En ZETA se tiene por corroborado, justo la semana pasada se cumplieron 16 años del atentado contra su codirector, Jesús Blancornelas, y su chofer Luis Valero Elizalde, quien perdió la vida el 27 de noviembre de 1997 en Tijuana. Antes, en 1988 se registró el homicidio del también codirector de ZETA, Héctor “El Gato” Félix Miranda, y después, el asesinato de Francisco Ortiz Franco en 2004, editor del citado medio. Un recuento de la SIP, organismo con sede en Miami, indica que de 1987 al 21 de octubre de 2013, un total de 93 reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores y directores fueron asesinados en México. Otros 23 desparecieron y nunca fueron encontrados. Casos impunes en su gran mayoría. Las propias autoridades reconocen el tamaño del problema y de su incapacidad. Apenas la semana anterior, Alberto Peralta Flores, director adjunto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que en el presente año se han formulado 151 denuncias formales por agresiones a comunicadores. En estos casos, muchos de los depredadores de la libertad de prensa son servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno y poderes del Estado. Tan es así, que el funcionario dijo que un 40 por ciento de las denuncias son por abusos de autoridad. El resto, por amenazas, hostigamientos, homicidios, lesiones y desapariciones. Peralta Flores advirtió que en materia de libertad de expresión “no hay amenaza chiquita”. Los periodistas no supieron si la frase fue para invitar a la denuncia o para infundir miedo. El Distrito Federal y el Estado de México comparten el primer lugar en denuncias. En Veracruz, en 2012 se perpetraron cinco ejecuciones de comunicadores, mientras que en otros estados como Michoacán, Chihuahua, Coahuila y el mismo puerto jarocho, las amenazas se han vuelto frecuentes por parte de grupos de la delincuencia organizada. Por su parte, autoridades estatales y municipales son las más mencionadas por intimidar periodistas en Quintana Roo. La muerte de los mensajeros El deceso de cualquier ser humano es muy lamentable, pero cuando un informador es asesinado, se acalla a todo un pueblo. El primero de los homicidios de un periodista en 2013 así lo demuestra. La tarde del domingo 13 de marzo, en Ojinaga, Chihuahua, fue victimado de 18 balazos Jaime Guadalupe González Domínguez, de 38 años, director y redactor del periódico digital Ojinaganoticias.com.mx. Varios sujetos lo interceptaron para exigirle su cámara fotográfica y, acto seguido, lo masacraron impíamente. El medio de comunicación publicó en su momento: “Con esta noticia muy posiblemente ésta sea la última nota de este medio, es una verdadera lástima este atentado contra el periodismo”. El periódico de internet no volvió a salir, y en la página web se puede leer “Este sitio ha sido suspendido… Favor de regresar más tarde”. En abril, el día 16 fue asesinado de varios disparos de arma de fuego el periodista Alonso de la Colina Sordo, en la capital de Puebla. Había acudido a realizar un movimiento bancario en una sucursal de Plaza San Ángel y, al salir, fue presuntamente asaltado por dos sujetos que abordaban una motocicleta. De la Colina Sordo tenía poco tiempo de haber abandonado el noticiero “Hechos Guerrero” de TV Azteca. La madrugada del 24 de abril, se reportó de un macabro hallazgo en la colonia Miravalle, en la zona sur de Saltillo. Viandantes encontraron a su paso los cuerpos mutilados de dos jóvenes. Uno de ellos fue identificado como el fotógrafo del diario Vanguardia de la capital coahuilense, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años. El muchacho, que tenía un mes de laborar en el periódico, fue visto por última ocasión el mediodía anterior, cuando salió de la redacción con sus órdenes de trabajo de la sección de sociales. Se supo que no dio cobertura a las asignaciones. También en el norte, pero en el Ejido Santa Clara, en Tamaulipas, el 24 de junio fue localizado el cadáver de Mario Ricardo Chávez Jorge, director del diario El Ciudadano Online, desaparecido desde principios del mismo mes. El cadáver del columnista y socio del medio de comunicación digital estaba semi-enterrado en una brecha muy próxima a los límites con los Estados Unidos. Se conoció por amigos y familiares que Chávez Jorge fue levantado dos semanas atrás por un grupo de sujetos armados, cuando salía de un cinema de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Otro crimen artero se registró la madrugada del 17 de julio en Oaxaca capital, cuando el reportero Alberto López Bello, de 28 años, que cubría la información policiaca del diario El Imparcial de esa entidad y laboraba en Radiorama, fue victimado a tiros. El cuerpo del joven fue localizado en el predio rústico La Humedad, junto al cadáver del servidor público de Seguridad y Vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Arturo Alejandro Franco Rojas. También fue ejecutado Alberto Angulo Gerardo, quien cubría deportes para la radio y televisión de Hermosillo, Sonora. Fue privado de la vida por un comando armado en La Angostura, Sinaloa. Ninguno de los crímenes relatados ha sido esclarecido por las autoridades locales ni federales, menos aún se ha detenido a los responsables. Avisos desaprobatorios Delincuentes comunes, el crimen organizado y políticos o funcionarios corruptos se han convertido en enemigos de la libertad de expresión, atentando en contra de los medios de comunicación y sus representantes.
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