Factura política Los diputados de Baja California, como algunos legisladores estatales de otras entidades -al igual que la mayoría de los parlamentarios federales-, decidieron aprobar la Reforma Energética sin mayores reparos. Aseguraron ellos, se trató de un voto de conciencia, aunque muchos de estos representantes populares ni siquiera revisaron el texto que estaban votando, mientras otros que sí la leyeron, no la comprendieron. Mansos, convenientemente sumisos, en el mejor de los casos, se conformaron con las versiones cortas de los líderes de sus fracciones. En estados como Puebla y Baja California, se llegó al punto de prohibir la entrada de la ciudadanía inconforme, que intentó hacer uso de su derecho de presenciar la sesión donde sus representantes “entregaban la patria”, según acusaron. Olvidando que son representantes de la ciudadanía -incluidos quienes se oponen a las reformas-, diputados del PAN, PRI, PANAL y PVEM de Baja California, prefirieron ahorrarse presiones y muestras de rechazo público. Y aunque los manifestantes llevaban más de 24 horas a las afueras del Congreso, sin causar mayores problemas, decidieron que en ese momento temían por su seguridad. El priista David Ruvalcaba argumentó su temor: “En días pasados, sin hacer absolutamente nada, vino un grupo de gentes (sic), nos ofendió, nos señaló, como si diera por hecho las cosas que estábamos haciendo…”. Se quejó de que los opositores les dijeron muchas majaderías. Dicho que fue suficiente para que el panista y presidente de la mesa directiva, Cuauhtémoc Cardona, decidiera dejar fuera a los manifestantes.. Nadie habló de discutir o justificar sólidamente su postura para convencer e informar a los votantes como se merecen. A la fecha, el rechazo social de una parte de la población que considera estas medidas impropias e injustas, ha tomado la peor y más improductiva de sus formas. Se ha traducido mayormente en insultos contra los representantes populares; en casos contados, los políticos (varones) han estado en medio de enfrentamientos que incluyen algún tipo menor de contacto físico. Ya en el extremo, algunos de sus módulos de atención o vehículos han sido vandalizados. Pero estos actos desesperados de ciudadanos que se sienten ignorados, no sirven más que para victimizar a sus contrarios. Y definitivamente, estas secuelas no son las que requiere el desarrollo del país. Ciertamente, los funcionarios y políticos que empujan estas reformas, que a la fecha, no brindan certeza ni certidumbre de un mejor futuro a los mexicanos, deberán asumir las consecuencias de sus actos, pero convendría que la factura política tuviera mayor seriedad y trascendencia, como apoyar y firmar los procedimientos judiciales iniciados contra las reformas. Si los están acusando de “ladrones, vende patrias”, vamos revisando sus declaraciones ante Hacienda, cuáles eran sus posesiones y de sus familiares cercanos al llegar a ocupar su cargo, y cuáles serán sus riquezas al terminar. Seguir puntillosamente cuáles son sus negocios y asociados, si es que ellos o alguno de sus parientes o compadres, obtienen algún beneficio directo o indirecto de las leyes modificadas. Y si existen elementos suficientes para presumir enriquecimiento ilícito, o que violentan la Ley, acusarlos para que sean investigados y no esperar a que sus hijos o cónyuges presuman su riqueza mal habida por las redes sociales, para indignarnos y lanzar infructuosos improperios. La obligación de la participación debe ir más lejos: verificar que estos políticos y sus partidos cumplan con generar los empleos que prometieron, la reducción de los índices de pobreza, la deflación de los productos, con la inverosímil baja en los recibos de luz y gasolina (ningún servicio privatizado en México ha bajado de precio), o las mejoras en el nivel académico de los estudiantes y el incremento de inversión en obra pública y social. Porque si ninguna de estas maravillosas promesas se cumplen, si todo este costoso jaloneo mediático sirvió únicamente para que los ciudadanos fueran obligados a escuchar mentiras recicladas que remiten a las experiencias de todos los gobiernos corruptos anteriores, entonces el repudio social puede tomar la mejor de las formas de participación ciudadana, la única con fuerza real reservada para el ciudadano común: el voto. Cierto es que en un régimen de partidos como el mexicano, donde las instituciones políticas son controladas por grupos que violentan la democracia e imponen candidatos sin calidad, la población no siempre tiene buenas opciones, pero finalmente, es el momento en que la gente puede pasar del simple berrinche a las acciones de contundencia. En 2014 habrá elecciones de alcaldías y diputaciones locales en Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Michoacán; en 2015 se elegirán gobernadores de Sonora, Nuevo León, Colima, Querétaro y San Luis Potosí; así como alcaldías en Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, entre otros. La oportunidad de participar ahí está, el reto para los próximos seis y 18 meses que faltan para las elecciones, es informarnos e informar, y mostrar a todos esos políticos que impidieron a los mexicanos participar con su voto en las decisiones del futuro del país a través de la consulta, que la opinión de la sociedad se va a escuchar en las urnas…de una u otra forma.
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