Kiko Vega se impuso al Congreso: compromete participaciones federales hasta 2034 De la disputa entre el Gobierno del Estado de Baja California y el Congreso local, el que realmente resultó beneficiado con el presupuesto fue Grupo Televisa, asignándole, para empezar, 40 millones de pesos -más la pasarela de funcionarios que aporten en nombre de los bajacalifornianos- para la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en la entidad. En la sesión, que inició a las 00:30 horas del martes 24 de diciembre, los diputados aprobaron más de 30 dictámenes, cada uno representaría una amplia discusión, pero con ellos finaliza el periodo legislativo, con lo cual se fueron de vacaciones. No quisieron dejar pendientes, ya que se encontraban preocupados por atender a sus seres queridos; al menos así lo señalaron varios diputados en sesión. El primer punto a tratar fue lo relativo al Fideicomiso Empresarial del Estado, que con 13 votos a favor y 12 en contra, se aprobó dejar la compensación del Impuesto sobre Nómina en 5 por ciento, como originalmente se encontraba, antes de las modificaciones de la pasada Legislatura, y que lo estimaba en un importe de 50 millones de pesos. Otra de las favorecidas por el desvelo legislativo, fue la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana, a la que se autorizó una línea de crédito por 230 millones de pesos que irían dentro del paquete de endeudamiento del Ejecutivo estatal; sin embargo, también se aprobó una ampliación de plazo para que la CESPT pudiera ejercer un crédito pendiente por 300 millones de pesos, de los cuales aún quedan 80 millones por utilizar. El presupuesto no fue nada generoso con los organismos descentralizados ni para el Poder Judicial del Estado. De los 29 millones solicitados, para el Instituto de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) solo se le aprobaron 10 millones de pesos; mientras que al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) le concedieron 36 millones 795 mil pesos, de los 46 millones 560 mil pesos que se requirieron. La Procuraduría de los Derechos Humanos fue la “suertuda”, al recibir 34 millones 851 mil pesos, de los 50 millones solicitados, y el Tribunal de Justicia Electoral estatal, 19 millones 931 pesos, de los 23 millones 500 mil pesos solicitados. Los más afectados por el presupuesto son el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al cual otorgarán 72 millones 294 mil pesos, de los 149 millones de pesos -menos de la mitad de lo solicitado-; al Poder Judicial del Estado, que pidió 997 millones de pesos, solo le aprobaron 847 millones 889 mil pesos, respetándoles el Fondo Auxiliar por 46 millones 770 mil pesos. En cuanto a los ayuntamientos, a excepción de Mexicali, fueron aprobados sin mayores discusiones, ya que no presentaban aumentos en sus valores catastrales. En Tijuana se otorgaron estímulos fiscales en cuanto a impuestos inmobiliarios a contribuyentes que cubran el Impuesto Predial en los primeros cuatro meses del año, conforme a la tabla catastral 2009, además de descuentos a personas de la tercera edad y discapacitadas. En ese punto, los legisladores votaron otro dictamen sin darse cuenta, hasta que el diputado escrutador del Partido Verde Ecologista de México evidenció el error. El punto medular fue la discusión y aprobación del endeudamiento público por 2 mil 885 millones que se asignaron para proyectos productivos y saneamiento del Estado, incluyendo sus paraestatales, el cual se pagará comprometiendo las participaciones federales hasta el año 2034. El diputado priista David Rubalcaba se manifestó en contra, por considerar que existe una gran deuda por 14 mil millones de pesos, además de tener años con subejercicios por más de 2 mil millones de pesos. Asimismo, criticó la cuenta de Servicios Personales, que aumentó en 33 por ciento y que representa 800 millones de pesos, sueldos en 43 millones y servicios generales por 247 millones de pesos, así como honorarios asimilares, consultorías y asesorías que no fueron justificadas. El diputado Roberto Dávalos también se dijo en contra del endeudamiento, por no poner en marcha un plan de austeridad de cara a los ciudadanos y sin engañarlos. Indicó que se aumentó la cuenta de Servicios Profesionales, que pasó de 6 millones a 231 millones de pesos, además de que la obra pública tiene un gran decremento, ya que este año disminuyó de mil 704 millones de pesos, a 453 millones para 2014; además de reducir el presupuesto de Seguridad Pública en 300 millones de pesos. Gustavo Sánchez justificó el crédito al señalar que se tiene que hablar con la verdad, ya que de los 14 mil millones de pesos, solo 7 mil millones corresponden al Estado. Los otros 7 mil millones son pasivos indirectos que incluyen las deudas de los ayuntamientos. De igual manera, expuso que la deuda controlada no pone en riego las finanzas del Estado, y principalmente apoyará al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI) y organismos descentralizados. El legislador aseveró que existen dos caminos para hacerse de recursos: el aumento en impuestos o el endeudamiento, y decidieron lo segundo. La votación en contra fue por los diputados del PRI, PRD y Verde Ecologista, con 11 votos, mientras que a favor fueron PAN, MC, PEBC, PES y PANAL, con 14 sufragios que aprobaron el techo financiero. De igual forma, la iniciativa de Ley de Ingresos se aprobó de acuerdo a los términos en lo general por unanimidad, mientras que en lo particular, la diputada Nereyda Fuentes, de Tecate, presentó la reserva al Artículo 1 fracción Octava, relativo al financiamiento de los ingresos extraordinarios, secundado por el diputado Dávalos. Con la misma votación que el préstamo, se avaló el Presupuesto de Egresos en 39 mil 623 millones. La diputada Miriam Ayón presentó una reserva a nombre de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, así como del Trabajo, sobre el Artículo 9 de la Ley de Egresos, que pretendía aumentar las cuentas de Consultoría Administrativa y Servicios Profesionales, que fue la única modificación realizada a la cuenta. En cuanto a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Mexicali, ésta fue apoyada por todos los partidos en lo general, pero la diputada priista Carmen Frías solicitó una reserva, en lo particular en el Artículo 7, para eliminar el cobro del Derecho de Alumbrado Público. Afirmó que no se justifica, ya que se reciben subsidios de la planta eólica, por lo que pidió su abrogación. Por su parte, Juan Manuel Molina se manifestó en contra de la reserva y justificó la solicitud del Ayuntamiento de Mexicali por la situación financiera que arrastra en el tema financiero, por lo que se percibirían 95 millones de pesos. Agregó que el Ayuntamiento no es digno de crédito por la situación económica que dejó la pasada administración, pero además, se apoya a 35 mil familias para el pago de energía, por lo que no existiría problema para cubrir el nuevo cobro, ya que el ayuntamiento “se encuentra en un barranco financiero”. Con el descuido del legislador del PRI, Marco Antonio Novelo, que se encontraba fuera de su silla y con el voto a favor del petista Armando Reyes Ledesma, se aprobó por 13 votos a favor y 11 en contra del PRI, PEBC, PRD, Verde, y de Julio César Vázquez, del PT. Críticas a verificación vehicular Con 12 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones del PRI y PVEM, se aprobó la reforma a la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular, y la Ley de Protección al Ambiente, con lo que “se rescatan ciertas bondades al programa original”, argumentó el legislador del Partido Nueva Alianza, José Alberto Martínez. Indicó que ya no es obligatorio que el automóvil pase la verificación vehicular para realizar el canje de placas, asimismo, para los carros que se den de alta por primera vez no será requisito cubrir la verificación por ese año, y se dispensa del pago a adultos mayores y discapacitados; además de eliminar el calendario obligatorio. Las áreas donde no existen verificentros quedan exentas del requisito, como son el Valle de Mexicali, San Felipe, Valle de Ensenada, San Quintín y la parte rural de Tecate. El diputado David Ruvalcaba calificó la reforma como “intrascendente”, además de que los cetros de verificación no se encuentran preparados para atender a los ciudadanos, al no funcionar correctamente. Nuevamente en la voz, el diputado perredista Dávalos consideró que la reforma es suficiente, al ser una medida meramente recaudatoria. También, acusó que se falsearon datos, ya que los vehículos solos contaminan el 0.5 por ciento. El mayor contaminante, pronunció, son las partículas de polvo y no el dióxido de carbono, además de que las máquinas que se utilizan para revisión mecánica, son recicladas del Distrito Federal y no funcionan. En el último punto, no se aprobó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali el financiamiento por 150 millones de pesos, al considerarla financieramente inviable para comprometerse a la deuda. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, Rosalba López Regalado, informó que en 2014 solo se gastarán alrededor de mil millones de pesos de la línea de crédito para apoyar a organismos descentralizados. Subrayó que el presupuesto del Congreso del Estado se reduce en 140 millones de pesos, los cuales se desprenden de diversas partidas, entre ellas un 20 por ciento en salario de los legisladores. Por último, el legislador priista René Mendívil afirmó que en realidad solo se redujeron 115 millones de pesos, ya que en el presupuesto del Congreso del Estado se contempla el del Órgano Superior de Fiscalización, entidad que no sufrió deterioro en su presupuesto.