Inicia el desencanto con Jaime Díaz

Sonia Carrillo, su novia y secretaria particular, con goce de sueldo No habían trascurrido 24 horas en la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, cuando surgió la primera polémica con el nombramiento de los primeros cargos dentro del Ayuntamiento de Mexicali, entre ellos, José Félix Arango Pérez en la Secretaría General, Gustavo Magallanes en Ecología, y Gina Cruz en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Incluso los panistas se quejaron de que se estaba fortaleciendo la política grupera del Partido Acción Nacional, dando poder al identificado equipo “Palaco”. Como secretaria particular, Díaz Ochoa nombró a Sonia Carrillo Pérez, su actual pareja sentimental, por lo que recibirá un sueldo superior a 35 mil pesos. Ella  ya trabajaba en el Municipio y en cuatro años estaría por jubilarse, por lo que el novio-alcalde defendió la designación: “En lo que se refiere al nombramiento de Sonia Carrillo en el ánimo de la Secretaría Particular, ella hace 26 años fue contratada por el Ayuntamiento de aquel tiempo, cumple, trabaja y desempeña funciones en la vida municipal desde hace 26 años, y bueno, simple y sencillamente le faltan tres o cuatro años para jubilarse, tiene que trabajar y va a desempeñar un cargo, separando las situaciones entre el desarrollo profesional y la situación particular”. Bajo esa premisa, el alcalde de Mexicali podrá llevarse a su novia a todos los viajes de trabajo, con la justificación de que es su secretaria particular. Pero en contraparte, se tendrá que erogar un sueldo a quien ocupe la titularidad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), además de pagar a quien supla a Sonia en el cargo que ésta dejó vacante. La polémica siguió, al nombrar como Capitán de Bomberos al ex militar David Pérez Romero, quien anteriormente se desempeñaba como Jefe de Oficina para Cobros en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No tiene experiencia como bombero, así que su designación es ilegal porque, conforme al Reglamento de Prevención de Incendios para el Municipio de Mexicali, Baja California, publicado por el Periódico Oficial número 29 (24 de junio de 2005, en el tomo CXII, Título I, Capítulo I, Disposiciones Generales Artículo 7), el cual señala que para ser designado por el presidente municipal como director del área, debe “haber desempeñado funciones como bombero por lo menos quince años antes de su designación”. Sin embargo, Jaime Díaz se niega a reconocer la ilegalidad, y afirmó que era una interpretación de los bomberos: “Existen dos reglamentos”. El articulado antes mencionado, es el que se puede localizar en el portal del Ayuntamiento,  en la dirección http://www.mexicali.gob.mx/transparencia/normatividad/reglamentos/pdf/prevencionIncendios.pdf. Los bomberos han denunciado que de no reconsiderar, optarían por la desobediencia pacifica, porque legalmente, Pérez Romero no es su jefe. De igual manera, aseguraron que este problema ya afectó los operativos decembrinos, porque no se han realizado los operativos contra la venta de juegos pirotécnicos, debido a que el titular de la dependencia no puede firmar autorizaciones porque  sus decisiones son impugnables. El desencanto de los traga-humo continuó por la falta de capacidad para resolver las carencias. Juan Alberto Barbozón Salcido, quien labora en la Estación Número 1, ubicada a un costado del Parque Vicente Guerrero, denunció la falta de unidades para trabajar. Es una de las estaciones más importantes de Mexicali, cubre toda la Zona Centro, una de las más viejas de la ciudad, y por lo tanto, con mayor problemática; además, por los convenios internacionales, es la primera que debe brindar auxilio en caso de que Calexico o Valle Imperial, Estados Unidos, soliciten apoyo. “En esta ocasión tenemos cuatro unidades -y las señala-  de las que al montar el turno, nos encontramos que tres ya estaban fuera de servicio, nos mandan una unidad de la Central de Bomberos, la cual va a prestar el servicio, y nos damos cuenta de que también está fuera de servicio”, refirió el apagafuegos. Adicionalmente, la tarde del martes 10 de diciembre de 2013,  al menos 50 personas fueron citadas en Oficialía Mayor del Ayuntamiento, muchas de ellas con varios años de experiencia en su departamento. Esperaban ser reubicadas, el punto en común era que todos estaban identificados por su afinidad con el Partido Revolucionario Institucional. Así, todo el personal del Departamento de Atención Ciudadana fue removido para colocar a panistas en el área considerada clave al momento de las elecciones. Modifica Proyecto Zona Centro Todavía en su primera semana, Díaz generó otra polémica al desmontar parte de la infraestructura de la remodelación del Centro Histórico de la ciudad. La plaza cívica que se había construido frente de catedral, fue desaparecida para dar paso a los vehículos por las calles Morelos y Reforma. Empleados del Ayuntamiento retiraron diversas estructuras -como postes y sombras instaladas por la administración anterior-, además de cambiar los botes de basura por otros totalmente pintados de azul. La medida causó un gran malestar entre un sector importante de la población que recurrió a las redes sociales para manifestarse en contra, porque no le importó desperdiciar el dinero invertido en las instalaciones que removió. El proyecto completo tuvo un costo cercano a 17 millones de pesos provenientes de diversos fondos federales, los cuales cuentan con reglas de operación y las modificaciones deben ser justificadas y aprobadas. El alcalde cambió una parte sin permiso. El síndico social del Ayuntamiento de Mexicali, Francisco Fimbres Gallego, recordó que el proyecto tuvo una fuerte inversión y un gran costo político, de ahí que no podía dejar contentos a todos los grupos: “La verdad fue lamentable que se hubiera tomado una acción, sin duda fue un error humano, lo deben corregir y ellos tendrán que reportar a las autoridades si se va a hacer una adecuación al proyecto del Centro Histórico, también existe un patronato”. Por su parte, Rubén Ernesto Hernández Chen, presidente del Comité Ciudadano del Centro Histórico, expuso que buscarán entrevistarse con el alcalde de Mexicali para afinar algunos detalles dentro del proyecto. Pese a que ven positivo el que se abra la circulación vehicular, propondrán al munícipe que solo la calle Morelos sea abierta, dejando fuera de circulación la Avenida Reforma. Cuestionado sobre el tema, Jaime Díaz reconoció la existencia de un error, pero también, que se buscara redimensionar, por lo que aún queda pendiente la segunda y tercera parte del proyecto: “Es un redimensionamiento del proyecto amplio que ya se inició desde la administración pasada, simplemente vamos a darle el alcance en el planteamiento que recibimos antes de ingresar al primero de diciembre, simplemente es la circulación controlada, lenta, de tráfico ligero de seis de la mañana a diez de la noche, con la vigilancia y observación de que no se estacionen los vehículos”. Justificó: “Con el libre tránsito se podrán aprovechar los cerca de 200 lugares de estacionamiento que se encuentran en la vialidad”, además de que los accesos se limitarán a eventos culturales, religiosos, civiles o de cualquier otro tipo. “Quiero puntualizar, el  de las sombras -instalaciones que retiraron- fue un tema transitorio, se volverá a instalar en verano por un error involuntario. Sé que se movieron dos, tres postes, pero se van a volver a instalar, con todo respeto, cuando venga el verano para darle mejor uso”, precisó el presidente municipal. El retiro de la infraestructura se dio por dos razones: la primera en referencia a la imagen de la festividad del 12 de diciembre, y por las medidas precautorias debido a las peregrinaciones; la segunda, por seguridad, ya que hay juegos artificiales y así se podrá evitar cualquier tipo de incidente. El munícipe garantizó que no se perderían las garantías de la obra. ZETA preguntó -el 9 de diciembre de 2013- qué dependencia del Ayuntamiento se haría cargo de la segunda y tercera parte del proyecto Zona Centro. La Dirección de Comunicación acordó responder, sin que al cierre de edición, jueves 12 de diciembre, se cumplimentara la solicitud de este Semanario. Cobro de alumbrado, leña al fuego Sin embargo, lo que encendió las luces rojas entre la ciudadanía,  dentro de la administración municipal, fue que sin previa presentación de un plan de austeridad, reducción de personal o salarios, el alcalde Jaime Díaz recurrió al alza de impuestos apoyado por todos los partidos políticos representados en el Cabildo, incluidos sus opositores del PRI. El lunes 9 de diciembre, dentro de la Comisión de Hacienda, se aprobó el presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Mexicali para 2014, por 3 mil 059 millones de pesos. Tras suspender la reunión por varias horas, reanudaron la sesión a las dos de la tarde, entonces, un reportero de un diario local ingresó a la reunión que por Ley es pública, y sin importarles dicha ordenanza, lo sacaron. A las seis de la tarde y sin informar a los medios de comunicación, se realizó una sesión extraordinaria de Cabildo, y en “fast track”, la Ley de Ingresos 2014 fue aprobada por unanimidad y de espaldas a la sociedad. Aunque los priistas alegaban que no recibieron la información a tiempo y de manera formal, igual la aprobaron, según ellos “dando un voto de confianza a Díaz Ochoa”. Entre lo aprobado, está el cobro de derechos de Alumbrado Público para la capital del estado, que va desde los 13 pesos más IVA a usuarios domésticos, pero aumenta para los comercios e industria hasta 400 pesos, indicaron algunos empresarios. Al respecto, Díaz argumentó: “Va a ser mensual en el alcance de un porcentaje del salario mínimo para la habitacional, es .20 del salario mínimo, que son alrededor de 13 pesos; es para reintegrarle al Municipio el pago del costo de la energía eléctrica, que son alrededor de 120 millones lo que se está pagando ahorita”. El funcionario no pudo sustentar en qué términos quedó el convenio con el Gobierno del Estado, luego de vender la energía eléctrica generada por la planta eólica ubicada en La Rumorosa, hacia la Comisión Federal de Electricidad y bonificada al Ayuntamiento para supuestamente pagar el alumbrado público. De entrada, ahora el nuevo alcalde tendrá que resistir los cuestionamientos del Frente Cívico Mexicalense,  encabezado por Sergio Tamai García, el cual solicitó a la ciudadanía oponerse al nuevo cobro, que es casi el doble del que se realiza en Tijuana, y que se pretende implementar de manera mensual. Tamai advirtió que irán en contra de todos los regidores, ya que fue la aprobación fue unánime, además de que exigirán a los diputados locales no aprobar la Ley de Ingresos de Mexicali hasta que se modifique el cobro. Por su parte, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, calificó el nuevo gravamen como impopular: “Para nadie es grato tener que cobrar o incrementar un nuevo impuesto, yo estoy seguro que el alcalde Jaime Díaz tendrá sus razones, habrá que preguntárselas a él”. El  coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, René Mendívil, indicó que revisarán el tema con responsabilidad, y que comprende la reacción que se tiene en el tema: “Aunque pareciera, según dicen que es poco lo que se incrementa, pero en estos tiempos, que estamos hablando de apretarnos todos el cinturón y de generar medidas para alentar e incentivar la economía del Estado y los municipios, creo que no son las más acertadas, y las estaremos revisando una vez que se nos turne”. Si bien, en otros municipios del estado ya se cobra el  derecho de alumbrado público, el 30 de enero de 2013, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando invalidar el Artículo 91 de la Ley de Hacienda del Municipio de Asientos, Estado de Aguascalientes, referente al cobro del impuesto en mención, ya que según el fiscal, tal contribución -por ser en materia de energía eléctrica- solo puede ser establecida por el Congreso de la Unión. La sentencia, emitida el 8 de agosto de 2013 por la SCJN ante el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 8/2013 y promovida por la PGR, fue ratificada por once de los magistrados, calificándola de procedente y fundamentada, lo que permitiría una acción de inconstitucionalidad en Mexicali, en los mismos términos.