A casi un año de que en la edición 2023 de ZETA, se publicara el caso de Martín Pablo Gutiérrez Serrano, quien interpuso denuncias penales en contra de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los delitos de extorsión, amenazas y secuestro, las investigaciones no han presentado resultados a la fecha. Indignado por la falta atención al caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Gutiérrez y algunos de los trabajadores de su empresa, Materiales y Proyectos de la Costa Oeste, se manifestaron el 16 de diciembre de 2013 frente a la dependencia gubernamental. “Quiero justicia, solo le están dando vueltas al caso, dicen que no hay pruebas suficientes, pero hay mucha impunidad en el gobierno, nadie quiere hacer nada al respecto”, declaró el denunciante a ZETA. Sin embargo, nadie atendió a la inconformidad presentada por los manifestantes, quienes permanecieron en el lugar por casi seis horas. Durante la mañana del martes 17 de diciembre, Martín Gutiérrez fue citado a comparecencia para realizar declaraciones sobre la averiguación previa 193/12/207/AP. El empresario asegura que durante su declaración, habló sobre las pruebas adquiridas en contra del ingeniero Alejandro Rivera, presunto autor intelectual de transferencias millonarias hacia cuentas de Benjamín Granados Domínguez, Ramón Fernández Velázquez y José Miguel Olea Castro, todos, funcionarios de la CFE. Sin embargo, la licenciada Diana Angélica Orduño Cazares, encargada de tomar la declaración, declaro “no estar interesada en dichas evidencias, pues la línea de investigación sería otra”. A pesar de la larga espera por justicia en su denuncia, Martín Pablo Gutiérrez aún conserva la esperanza.
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