El 31 de octubre de 2013 Carlos Bustamante Anchondo, alcalde de Tijuana quien se presenta como Administrador único de Inmobiliaria CBA, de S.A. de C.V. publicó un desplegado en todos los diarios del municipio que encabeza, arremetiendo contra el trabajo periodístico del semanario ZETA y atacando de manera personal a la co-directora Adela Navarro. El funcionario municipal manifestó su inconformidad por la información vertida en la nota titulada “Carlos Bustamante se aprovecha” publicada el viernes 25 de octubre de 2013. Al respecto, el Consejo Editorial de ZETA se limita a las siguientes precisiones: Es falso cuando el alcalde asegura que no se citan fuentes ni pruebas, dado que la titularidad de los inmuebles citados en la nota, se corroboraron documentalmente en el Registro Público de la Propiedad, al que, si lo desea amable lector, usted puede acceder mediante las computadoras que están en el edificio de Gobierno del Estado. Y en relación a las reparaciones, pavimentaciones y demás trabajos de remozamiento realizadas en las inmediaciones de sus propiedades -que incrementan su valor-, están incluidas en el programa de obras del municipio, disponible -si no lo eliminan- en la página electrónica del mismo ayuntamiento. En cuanto a la deuda de poco más de 13 millones que tenía como empresario, al tomar posesión como presidente Municipal, en su carta aclaratoria la admite: así como lo hizo con la deuda del Ayuntamiento de Tijuana, la suya la refinanció. Así que no hay más que aclarar. Nadie se está inmiscuyendo en las inversiones que “su familia” y particularmente, en las que su entrañable y honesto padre, Don Alfonso Bustamante Labastida (QEPD), realizó en la ciudad. El reportaje expone las decisiones y acciones que Carlos Bustamante ha tomado en su calidad de servidor público y que favorecen sus inversiones como miembro de la iniciativa privada. La Ley de responsabilidad y servicio pública es clara cuando le prohíbe “obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que por ley le corresponda por el desempeño de su función, sean para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”. En cuanto a la calumnia y difamación, en la que asegura que las publicaciones de ZETA , donde se exhiben las acciones, los excesos y las omisiones cometidas por el alcalde de Tijuana, que le han convenido como empresario o han afectan a la sociedad- son porque no compró publicidad a este semanario, nos permitimos recordarle que: 1.- Ni nuestra codirectora, ni nuestra responsable de publicidad -áreas que se manejan por separado en esta empresa- le ofrecieron un trato millonario condicionado a la información publicada. ZETA no se vende, ni sus notas están al mejor postor. Carlos Bustamante, usted lo sabe, y es usted el que acusa sin pruebas. En diciembre de 2010, se le presentó una propuesta publicitaria que avalaba la compra de 3 dobles planas de publicidad en centrales, 49 planas individuales y un banner en la página electrónica, por un monto de 1 millón 700 mil pesos. El documento, que no condiciona la publicación de notas afines, dado que no es política de ZETA, fue firmado de recibido por su colaborador, Raúl Gómezcaña Freer; Dada la petición del Ayuntamiento de Tijuana, de que esa propuesta anual, fuese divida en cuatro convenios, así se desglosó, y el primero que usted cubrió cuando consumió los espacios, fue de 1 doble plana de publicidad, 15 planas individuales de publicidad y un banner en la página electrónica, por un monto de 628 mil 260 pesos. Que incluso, aparece como pagado en el apartado de adquisiciones directas en su página electrónica. Convenio el de ZETA, por cierto, muy por debajo de los millones de pesos que Bustamante ha destinado a diarios, radiodifusoras, y televisoras, incluida aquella a la que lo une un lazo familiar. 2.- Carlos Bustamante, su falta a la verdad se evidencia con nuestra declaración pública fechada el 6 de mayo de 2011 cuando ZETA informó en su página editorial, la decisión de “no aceptar ningún tipo de publicidad que provenga del XX ayuntamiento de Tijuana encabezado por el presidente Municipio, Carlos Bustamante Anchondo” precisamente porque el gabinete de comunicación pretendía condicionar la compra de espacios a cambio de un trato lisonjero. En ese momento se dio por cancelada la propuesta de convenio publicitario que se le presentó, por la adquisición –exclusivamente- de planas para publicidad. Respecto a su negativa de atender la solicitud de entrevista que se le hizo por escrito el 23 de octubre de 2013 en la oficina de la Presidencia Municipal, y dado que ha rechazado las múltiples solicitudes similares, hechas ante el área de comunicación durante el trienio, no tenemos más que lamentar que a punto de concluir su gestión sigan sin tener claro, cuáles son sus obligaciones informativas como funcionario público y cuál es el papel de los medios de comunicación. En ZETA tenemos conocimiento de la intención de Carlos Bustamante, de responder, los últimos días de gobierno que le quedan, con desplegados a cada nota, reportaje de investigación o crónica de este Semanario, que exhiba sus malos manejos, los señalamientos de irregularidades, fraudes, excesos y abusos que se comenten en su agonizante trienio. Por nuestra parte, continuaremos ejerciendo nuestro periodismo de investigación, con independencia y libertad. Finalmente, en relación a la ética periodística heredada de nuestro codirector fundador Jesús Blancornelas, solo recordaremos una de sus frases preferidas “ZETA se vende, porque no se vende”. Nuestro periodismo está basado en las necesidades y denuncias de nuestros lectores, con ellos es nuestro compromiso editorial, “libre de sujeciones comerciales y amiguismos políticos”. .
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