Mientras la constante en el mundo es buscar la profesionalización del servicio público para construir gobiernos productivos, eficientes y competitivos que impulsen el desarrollo de la sociedad que encabezan, en Baja California, el gobernador electo Francisco “Kiko” Vega, y la recién estrenada XXI legislatura, decidieron dar reversa. De un plumazo y con votos consensados –negociados antes de la sesión–, resolvieron el 24 de octubre de 2013, restarle valor a las exigencias cognitivas requeridas para encabezar áreas fundamentales de la administración estatal. Según los legisladores, al exigir la especialización “…se corre el riesgo de limitar los derechos humanos por restringir tan severamente los requisitos para ocupar un cargo de dicha naturaleza…” Por lo pronto concluyeron que ya no se requiere una carrera universitaria específica y especial, para ser Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, o Secretario Técnico de la Comisión de Arbitraje Médico. La fundamentación de motivos fue diversa, pero de inicio los diputados argumentaron que debían hacer las reformas para que el Gobernador entrante pudiera: “…ejercer plenamente sus facultades constitucionales de conducción de la administración pública estatal, a través de la potestad de nombrar y remover
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