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lunes, febrero 19, 2024
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Desorden legislativo

En Mexicali, con fecha sábado 23 de noviembre de 2013, el diputado local Francisco Barraza Chiquete, solicitó prohibir el ingreso de menores a espectáculos de violencia animal, naturalmente, tomando las corridas de toros como estandarte. La vigésima Legislatura aprobó por unanimidad el punto de acuerdo presentado para exhortar a los cabildos de los cinco municipios, con el fin de que reformen el reglamento donde se obligue a niños y adolescentes a no entrar a las plazas de toros. Barraza presentó algunos estudios, por ejemplo, el del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, el cual exhibe que la mayoría de criminales violentos empezaron sus fantasías y crueldad con los animales. De 36 asesinos múltiples convictos, el 46 por ciento declaró haber torturado animales en su adolescencia. La propuesta no pretende modificar el gusto, o prohibir la Fiesta Brava. Como legisladores, consideran que es su tarea promover una cultura de respeto a la vida y convivencia social libre de violencia, y ésta se genera desde la infancia, en el seno familiar. El punto de acuerdo fue firmado por todas las fracciones parlamentarias y trasparenta el desorden legislativo, la falta de conocimientos, el quién los asesore. No se pueden modificar reglamentos. En Baja California se dan corridas formales en Tijuana (Monumental de Playas y Villa Charra en el Gato Bronco), en Mexicali hay temporada; en Rosarito, Ensenada y Tecate, hay plazas de tienta o lienzos, dando ocasionalmente algún festejo.               En esta ciudad, una vez agotados los requisitos legales correspondientes y la suma de voluntades de innumerables personas, de manera particular, de la intervención de la primera figura Eulalio López “Zotoluco”, se logró que la Fiesta Brava en Baja California se decretara Patrimonio Cultural e Inmaterial de nuestro estado; labor que no fue fácil, ni mucho menos sencilla, había que librar bastantes obstáculos. El movimiento “Toros Sí” en Baja California, se integró al vapor a petición del empresario Rafael Herrerías, sin imaginar que Tijuana sería la primera víctima. Se tuvo que solicitar con un mes de anticipación una reunión con los regidores, para escuchar a los aficionados. Se cumplieron las exigencias. Hace unos meses en Tecate, en sesión del Consejo Estatal del Patrimonio Cultural de Baja California -compuesto por 22 integrantes de los cinco municipios-, por mayoría se declaró a la Fiesta Brava, Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado de Baja California. Solo faltó la publicación en el Diario Oficial. En la acción se pondera al ex gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán; al Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), a la Universidad Autónoma, Secretaría de Turismo, representantes de los cinco ayuntamientos; así como a los colegios de Arquitectos y la Sociedad de Historia. Así, Baja California se une a Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Xico y Villa de Álvarez, en su afanoso derecho de “blindar” la Fiesta.  arruzina@gmail.com 


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