Denunciar por peculado a la administración de Carlos Bustamante, fue la amenaza pública que la regidora Claudia Ramos Hernández se vio obligada a lanzar, para poder recibir la partida de gasto social de la regiduría, que durante más de dos meses le fue negada. De esa partida de 56 millones de pesos, 550 mil son asignados a cada edil para que, a su vez, los otorguen en apoyos sociales. Pero la ministración del 40 por ciento de esos recursos se frenó desde agosto y, en el caso de Ramos Hernández, el argumento de la Secretaría de Administración y Finanzas que dirige Sergio Rosete Weben, fue: “Que ya no había dinero”. Resultó incongruente esa explicación, dijo, toda vez que se trata de recursos presupuestados en el programa de egresos de este año. Indicó que el dinero ya está comprometido para causas sociales “y a la gente que ocupa ayuda no la puedo tener esperando, solo porque su dinero lo utilizaron, indebidamente, en otra cosa”. “Es dinero que está etiquetado para apoyo de los ciudadanos y no puede desaparecer así nomás, como tampoco lo deben utilizar para otros fines, hacerlo sería un delito, de ahí mi advertencia”, expuso. Efectivamente, la regidora panista amenazó públicamente con presentar una denuncia formal por peculado el pasado lunes 11 de noviembre y para el miércoles 13 de noviembre, al llegar a su oficina, ya tenía sobre su escritorio el documento que avalaba la entrega del recurso faltante: 206 mil pesos para gasto social.
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