Por mucho… con todo y el presumido Nuevo Sistema de Justicia Penal, la procuración de justicia se convirtió en la mayor debilidad del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, y por tanto representa para el gobernador electo Francisco “Kiko” Vega, su mayor nicho de oportunidad. No es una sorpresa que Vega elija a la licenciada Perla del Socorro Ibarra Leyva como Procuradora del Estado, porque fue su secretaria de seguridad cuando se desempeñó como alcalde de Tijuana (1998-2001). La presencia del mando femenino a la cabeza de la fiscalía tampoco será una novedad porque en este sexenio el procurador saliente, Rommel Moreno, descargó sus responsabilidades en sus subalternos incluidas las subprocuradoras de zona. Lo destacado es que doña Perla haya optado por renunciar a su oneroso sueldo como magistrada, así como a la comodidad y seguridad que tenía en el Poder Judicial. De entrada, por el bien de los bajacalifornianos, la esperanza es que su importante decisión haya sido inspirada en un real compromiso con el estado y un alto espíritu de servicio. Como funcionaria no es nueva, el tema de la inseguridad bajacaliforniana es para ella una vieja conocida a la que ha trabajado desde diversos puestos, así que mínimamente no podrá pretextar desconocimiento. Sin embargo, el reto que enfrentará no es menor, y ante la crisis de impunidad judicial que reina en Baja California está obligada a llenar todos los vacíos que dejó la administración que concluye. De entrada, a no usar el Nuevo Sistema de Justicia Penal como excusa para evadir el resto de los temas y responsabilidades. Le está negado convertirse en una procuradora que se la pase dando conferencia en escuelas o viajando a pláticas en diferentes partes del mundo o el país, como sucedió con Rommel Moreno, mientras sus agentes se quedaban sin gasolina. También está exigida a buscar estrategias para mejorar los resultados en el viejo sistema penal y corregir las deficiencias del nuevo sistema, que de 200 mil casos, apenas ha resuelto cerca de 4 mil según las cuentas hechas por las barras de abogados locales. Y como los bajacalifornianos están hartos de procuradores que evadan su responsabilidad de judicializar a los miembros de los cárteles de la droga, que lo mismo trafican estupefacientes, que asesinan, secuestran, o asaltan, será necesario que acuda a toda su agudeza, inteligencia y experiencia penal para judicializarlos. Porque Moreno Manjarrez, se comprometió a hacerlo desde abril de 2010, pero como se va sin cumplir, siguen mencionados, publicitados como criminales por las autoridades, pero sin órdenes de aprehensión locales: Fernando Sánchez Arellano, Alfonso Arzate García, Rene Arzate García, Gustavo Inzunza Inzunza, Cenobio Flores, Juan Lorenzo Vargas Gallardo y Luis Manuel Toscano, todos protagonistas de una larga lista de presuntos líderes de células criminales cuyos delitos, la autoridad ministerial decidió en sexenios pasado, no consignar oficialmente. Ante la penetración del crimen organizado, en la institución que encabezará, en cada una de las actividades económicas y todas las modalidades delictivas, Ibarra deberá hacer acopio de todo la mano dura de la que sea capaz para enfrentar los peligros que ella sabe vienen con el cargo. Mucho de la impunidad y rezago que ahoga a la PGJE es fomentado por una policía ministerial corrupta, coludida con asesinos y secuestradores, y en el mejor de los casos, cobarde o deficiente, cualquiera que sea el caso, si desea dar resultado está obligada a purgar a fondo esta corporación. Su valor será insustituible porque está probado en la historia local que cada vez que los funcionarios de seguridad reculan en su labor, se detonan jornadas sangrientas que afectan la tranquilidad y economía de toda la entidad. Además de perseguir el delito con eficiencia, deberá aplicar su inteligencia y conocimientos del sistema penal para restructurar la Procuraduría. Por ejemplo, para evitar que el área encargada de ejecutar órdenes de aprehensiones se dedique a pedirles dinero a los presuntos delincuentes para no detenerlos; u obligar al Grupo Antisecuestros –en el que se invirtieron tantos recursos– a investigar y resolver todos los casos, en lugar de tratar de desinflar cifras, separando los secuestros de emigrantes, o descontando las privaciones donde deciden no buscar a las víctimas porque según sus criterios, sin investigación profunda, deciden que se los llevaron por deudas de droga y merecen lo que les pasa. Finalmente, deberá tener muy claro que legalmente su responsabilidad es: “…ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad a través del Ministerio Público, la investigación y persecución de los delitos…” Que su obligación es con la gente, que ni su amistad, ni la subordinación presupuestal y laboral que tendrá con el titular del Poder Ejecutivo Francisco Vega, deberá afectar o influir en su obligación de esclarecer hechos y concluir investigaciones, porque más allá de los temores o compromisos de un Gobernador o de un partido, está la justicia.
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