Parálisis inmobiliaria

El 1 de julio, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto,  anunció una inversión de empresarios del ramo turístico de más de 600 millones de dólares para el estado de Baja California Sur. En la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario dijo que la inversión en casi 10 proyectos de desarrollo turístico generaría más de 4 mil empleos directos e indirectos, sobre todo en la costa de oro de Los Cabos. El presidente reconoció que el sector empresarial turístico “estaba contribuyendo a un país próspero, generando empleos de calidad, divisas e ingresos para las familias mexicanas”. Entre la lista de inversiones está contemplada la construcción de hoteles de las cadenas “Marriot”, “Ritz”, “Secret”, “Vista Serena” y un campo de golf en San José del Cabo, así como 300 habitaciones en el desarrollo de “Punta Diamante”, “Grand Sol Mar” y “Pueblo Bonito” en Cabo San Lucas. Sin embargo, y tras la presentación de la Reforma Hacendaria, la mayoría de las inversiones prácticamente quedaron en “veremos”. Los empresarios no quisieron correr el riesgo y se anticiparon a frenar las inversiones hasta en tanto no se resuelva en definitiva lo de la Reforma, presentada el pasado 8 de septiembre por el Presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo porque golpea duramente al sector de desarrolladores inmobiliarios y la industria del tiempo compartido. Durante una entrevista por separado con ZETA, Francisco Parra Carreño y Jorge Téllez Landín, presidentes de la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios y de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido de Los Cabos, respectivamente, coincidieron en señalar que la detención de inversiones es solo el primer paso de las consecuencias que podría traer la Reforma Hacendaria en caso de ser aprobada. Después “vendrá la pérdida y falta de generación de empleos y la contracción de la economía que golpeará a las clases más desprotegidas”. Los empresarios comentaron que el punto que más preocupa es, sin duda alguna, la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 por ciento al 16 por ciento en la zona fronteriza, ya que “juega un papel determinante dentro de la actividad económica de la región, porque el público en general, puede acceder a menores precios, y su incremento tendría fines únicamente recaudatorios, dejando a un lado los daños sociales y regionales de estas zonas geográficas”. Y es que no es para menos. Según el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez,  “el consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza que en el resto del país, porque la cercanía con otras nacional, altera el patrón de consumo, afecta la competitividad y desestimula el comercio nacional en la frontera”. El líder empresarial fue más explicitó y dijo que –en caso de aprobarse la homologación—el 16 por ciento del IVA en México tendría que competir contra las siguientes tasas de impuesto sobre ventas en la frontera: 1.- California con 7.25 por ciento. 2.- Arizona con 6.60 por ciento. 3.- Nuevo México con 5.12 por ciento. 4.- Texas con 6.25 por ciento.