José Guadalupe Osuna Millán, fue el quinto gobernador incluyendo un sustituto, emanado de Acción Nacional en Baja California, y quizá en términos políticos, su mayor logro fue no perder la elección de su sucesión, y amarrar seis años de lo que ya ha decaído en un PAN-Gobierno. En materia de inseguridad, le tocó ser gobernador en la etapa más fea de la guerra entre cárteles de la droga. De 2008 a 2010, células escindidas del cártel Arellano Félix y resguardadas en la organización criminal de Sinaloa, desataron una cruenta masacre. Lo malo, en términos económicos, el desempleo es un problema que no supero, así como la inversión extranjera en la región. Los seis años del sexenio osunista tuvieron altas y bajas en materia política, económica, social y de inseguridad. Aquí lo más destacado para los miembros del Consejo Editorial de ZETA. Lo malo Primero con Felipe Calderón Hinojosa y después con Enrique Peña Nieto, el Gobernador de Baja California demostró más complacencia hacia la figura presidencial, que arrojo para defender las causas de los bajacalifornianos. En términos llanos, pidió, habló pero no exigió ni fue escuchado. Mientras el tema de la homologación del IVA está en la mesa de las negociaciones legislativas desde hace dos semanas, no fue sino hasta –precisamente– su último informe de gobierno, que se pronunció como la ciudadanía esperaba: totalmente contra.
De igual manera, durante la Presidencia de Calderón Hinojosa, no fue capaz de exigir la eliminación de la política de control de dólares que tanto ha afectado la “dolarizada economía fronteriza”, ni detener el ahora anquilosado proyecto aduanal, fiscal y de inspección, llamado SIAVE. El desarrollo económico, área donde cedió el control total a un ex Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, que llamó más la atención por meter la manos en la sucesión rectoral que por promover la inversión al estado y en el estado, es un sector donde el economista Osuna Millán, queda debiendo, después de un nulo crecimiento de la IED y el alarmante incremento del desempleo y la informalidad, sobre todo palpables en Tijuana. No logró anticipar ni planear, por ende, una estrategia social para manejar el tema de los migrantes deportados de Estados Unidos. Las consecuencias apenas se asoman en ciudades como Mexicali y Tijuana. El manejo de los recursos en el tema de la comunicación, le allegó incluso al Gobernador una denuncia de hechos –aun en tiempos de campaña–, sobre la última campaña para la cual se destinaron, de acuerdo a la demanda de un diputado, mil 300 millones de pesos. En el mismo sentido, ha debido utilizar la figura del veto en más de cuarenta ocasiones, para dar marcha atrás a reformas del Congreso del Estado, a veces de manera socialmente justificada, la inclinación por el veto está dentro de lo malo. En la relación con los poderes legislativo y judicial, el Gobernador Osuna perdió posiciones de control del Gobierno, asientos en los órganos fiscalizadores y supervisores. Aun con ello, no logró que en el Poder Judicial, le auxiliaran a su Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando intentó arraigar a Jorge Hank Rhon, por la investigación del asesinato de su nuera –ocurrido en 2009– y donde el de las apuestas es uno de los principales sospechosos. En el sector turismo poco se pudo hacer para revertir los efectos de los lentos cruces fronterizos y la mala imagen ocasionada por la inseguridad en las ciudades fronterizas. La manera de contrarrestarlo tal vez ha sido el desarrollo del Valle de Guadalupe y el fortalecimiento del sector gastronómico en Tijuana, sin embargo, habrá que preguntarse qué tanto impulso se tuvo desde el gobierno estatal a dichos sectores. Lo bueno Durante los últimos dos años, el Gobierno de Baja California se impuso al Sindicato de Burócratas, que con presiones políticas y amenazas de paros (dejar de trabajar), siempre lograban incrementos muy por encima de la clase trabajadora bajacaliforniana. Incrementos salariales que superaban el aumento al salario mínimo, y prestaciones ventajosas que los hicieron, por encima del ciudadano común y corriente, una clase privilegiada. Al depositar las condiciones generales de trabajo, el Gobierno de Osuna detuvo las negociaciones de los sindicatos, y éstos debieron acatar las reglas y los incrementos de acuerdo a las posibilidades económicas del Gobierno del Estado. No aceptó el incremento en el presupuesto del Poder Judicial, y eliminó –finalmente– el impuesto de la tenencia vehicular así como el pago de cuotas en las escuelas de instrucción primaria. Vetó la municipalización de San Quintín, lo cual habría integrado a Baja California uno de los municipios más pobres del país. También vetó la Ley de edificaciones, que a capricho de una legisladora habría acabado con cientos de negocios en los cinco municipios. En relación a obra, destacan los centros deportivos, los centros culturales, el de convenciones, ampliaciones al acueducto, la instalación de infraestructura para la energía eólica, puentes de conexión y avenidas, así como hospitales y clínicas. La conformación de un Consejo Estatal de Seguridad coordinado por el General de la II Región Militar –primero Sergio Aponte, después Alfonso Duarte–, que viene a ser el preámbulo de lo que hoy se busca ejercer en otras entidades como mando único. Las ampliaciones en el penal de mediana seguridad de El Hongo, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que permitieron el desfogue de Ceresos en los municipios, particularmente el de La Mesa, en Tijuana, donde en septiembre de 2008, los motines dejaron decenas de muertos y caos en la Penitenciaría. Además la infraestructura en materia de seguridad, los inhibidores de señales de comunicación en los penales, los equipos de los cuerpos policiacos, así como las certificaciones, procesos y edificaciones para hacer más científica la supervisión. Lo feo Le correspondió vivir la época más violenta del enfrentamiento entre el Cártel Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa. Aparte de los miles de ejecutados que esa guerra dejó, las inversiones fueron ahuyentadas y el Gobierno no tuvo la capacidad, en el corto plazo, de sofocar las balas y regresar la inversión.
El encontronazo que estelarizó junto al Poder Judicial por la facultad del Instituto de Ciencias Forenses del Estado. En esta categoría entraría también el fallido proyecto de Valle de Las Palmas, que por falta de planeación, inversión, y la recesión de 2008 que afectó a los desarrolladores inmobiliarios, dejó en medio de la nada a una Universidad, a los estudiantes vulnerables y una zona residencial desatendida y en el abandono oficial. Apoyó el capricho presidencial de Felipe Calderón para desempatar los planes entre México y Estados Unidos en la construcción de nuevas garitas, dejando el laberinto aislado de El Chaparral, como la aduana más grande del mundo, pero más complicada de Baja California. Desatendido de temas sociales, no exigió resultados en las cruzadas contra el hambre, a favor de la seguridad social, del empleo y la formalidad. A diferencia de otros organismos de seguridad pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, destacó por voltear a otro lado cuando de judicializar casos de narcotráfico, secuestro y crimen organizado, se trataba. Cuando delincuentes integrantes del Cártel Arellano Félix fueron aprehendidos, la Procuraduría no tenía órdenes de aprehensión; abonando esta desentendida actitud del Procurador, a la impunidad en Baja California. Uno de los proyectos que fueron anunciados con “bombo y platillo” fue el puerto de Punta Colonet en Ensenada. Impulsado en 2008 por el entonces presidente Felipe Calderón y avalado por Osuna Millán, resultó ser una obra imposible. Tan así, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes canceló su construcción por inviable. El capricho de Calderón era ubicar a México en innovación en materia portuaria; pero no se logró, inclusive el tema seguía cuatro años después de su propuesta. Supuestamente, Punta Colonet –cuyo presupuesto era de 2 mil millones de dólares-, competiría con importantes puertos cercanos en California, Estados Unidos. Estaría proveído con tecnología de vanguardia. Contaría con terminales de contenedores de gran capacidad y lo más innovador: una conexión de ferrocarril a USA. Todo fue un sueño, un proyecto imposible. Los asegunes En materia política, Osuna Millán logró en 2007 derrotar no solo a Jorge Hank Rhon, sino al Partido Revolucionario Institucional; pero tres años después, bajo la tutela política de Francisco Blake Mora, quien de la mano de Felipe Calderón, tomaron el partido en el estado y designaron todas y cada una de las candidaturas, perdieron los cinco municipios y 13 de 16 diputaciones locales. En 2012, solo la figura de Ernesto Ruffo Appel fue capaz de darle algo de decoro al resultado de la elección presidencial. Pues la candidata Josefina Vázquez Mota perdió la elección en Baja California, de igual manera las diputaciones federales –salvo dos excepciones-, mientras el ex gobernador triunfó en la candidatura al Senado de la República. Para 2013, ya sin Blake (fallecido en 2011), y con el poder disminuido de Felipe Calderón, de la mano del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, lograron retener para Acción Nacional el Gobierno del Estado, y recuperar dos alcaldías, la de Mexicali, capital, y la de Playas de Rosarito; mientras en el Congreso del Estado, aliados con el PRD, el PANAL y el PBC, cuentan con once escaños. En relación a las obras, si bien se pueden considerar aciertos importantes en infraestructura deportiva, cultural y en el sector salud, el desarrollo de programas para sacar provecho de esa infraestructura dista mucho de ser óptimo. En Tijuana, por ejemplo, con la creación del Centro Estatal de las Artes (CEART) se atienda a una zona de la ciudad muy densamente poblada y alejada de los centros culturales tradicionales, como el Centro Cultural Tijuana (CECUT) y la Casa de la Cultura; sin embargo, dejan mucho qué desear los programas que actualmente se desarrollan en los CEART de Tijuana, Mexicali y Ensenada. En el sector salud la situación es aún más notoria con la creación de un hospital en Tijuana, que solo fue una obra de relumbrón. Hubo creación de infraestructura vial (Puente de la Ermita, por ejemplo), pero nada logró hacer con la SCT para resolver asuntos pendientes como el segundo acceso a Playas o la cancelación del proyecto federal de Punta Colonet. Poca capacidad de negociación con el gobierno federal. Esto se refleja claramente en el fallido manejo de imposiciones centralistas como la restricción de dólares, la implementación del SIAVE y la negativa a la importación de autos, los problemas de los pescadores en Ensenada con las cooperativas, etcétera. Veremos qué alcanza a hacer por los fronterizos en cuanto a la homologación del IVA.
Filiberto Enríquez, ex presidente del Colegio de Ingenieros de Tijuana, confirmó a ZETA que “en el sexenio de Osuna Millán se ejecutó muy poca obra. Se salva el Alamar, aunque no lo va a concluir y el Distribuidor Vial Ermita”. La obra del Distribuidor Vial Ermita consistió en la construcción de dos puentes de salida: uno de un carril por Calle Ermita, otro de dos carriles que sale de la Vía Rápida Poniente, y su integración en la parte superior de la Canalización del Río Tijuana en un solo puente de tres carriles que baja hacia la primera parte de la Vialidad Alamar, construida como parte de esta obra, y que integra el tránsito al Puente Lázaro Cárdenas; inversión, 120 millones de pesos. Mientras que el Alamar -que causó y sigue causando infinidad de conflictos sociales por los desalojos para la construcción de la obra-, es un ambicioso proyecto estatal. Fue proyectado como una nueva columna vertebral para Tijuana en materia de transporte, pero también para el desarrollo urbano y comercial de la zona: 10.5 kilómetros de concreto sobre el canal, lo avalan; inversión, 610 millones de pesos. En la capital del estado también se ejecutó poca obra, y la que se está realizando quedará inconclusa: Canal 4 de abril, ampliación de bulevar Gómez Morín, Garita 2 y el retén militar La Rumorosa. Seguridad: El sexenio más violento En el país de los ciegos el tuerto es rey. Baja California, específicamente Tijuana se convirtió en ejemplo de efectividad tratándose de la guerra emprendida contra el crimen organizado en México durante el sexenio que concluye, porque en este municipio fue en el único donde se aplicó la estrategia de trabajo conjunto entre autoridades de seguridad operativa, de los tres órdenes de gobierno, propuesta por el Presidente Felipe Calderón. Al final, los dos logros de esta maniobra fueron incrementar los decomisos –de armas, dinero, droga– entre un 200 y 500 por ciento dependiendo del año; y recuperar las calles, porque ante las capturas y presión policiaca, los miembros del crimen organizado dejaron de circular libremente portando armas largas en vehículos balizados por las vialidades de los cinco municipios del estado. También se incrementó la cifra de detenidos superando los 30 mil presuntos criminales capturados, pero un altísimo porcentaje fueron liberados, por falta de elementos o errores en el debido proceso. El gobernador José Guadalupe Osuna Millán optó por aceptar el modelo de Grupo Coordinación concentrando las fuerzas del ejército, policías estatales, municipales y de maneras incipiente y deficiente, las procuradurías. Considerando los altos índices de desconfianza en las autoridades locales, decidió y aceptó ceder la titularidad del Mando Único al Ejército.
El trabajo conjunto y la competencia entre corporaciones por la confianza ciudadana generó que finalmente, también las policías locales cumplieran con su obligación de atender denuncias y detener miembros del crimen organizado. Y la puesta en operación de los números de emergencia del estado el 089 y 060. En el sexenio se dio una depuración a medias. En el estado quedaron fuera más de 2 mil empleados de las áreas de seguridad pero menos del 10 por ciento fueron investigados por sus ligas al crimen organizado. Y de los detenidos, la mayoría obtuvo su libertad, aunque algunos han sido detenidos posteriormente participando activamente con las células del narcotráfico. El caso más emblemático en este rubro fue la captura de Jesús Quiñónez, enlace de la Procuraduría local con Estados Unidos en julio de 2010, a quien detuvo la DEA por sus relaciones con el CAF. Aunque dos generaciones de lugartenientes del Cártel Arellano Félix fueron detenidos en estos seis años, disminuyendo al CAF y empoderando al Cártel de Sinaloa, la policía estatal solo capturó a dos: Gilberto Sánchez Guerrero y Héctor Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho”, y a pesar de sus compromisos públicos, su Procuraduría solo judicializó a uno: Ángel Jácome Gamboa “El Kaibil”. El procurador Rommel Moreno aseguró que procesaría a Fernando Sánchez Arellano y Alfonso Arzate García, pero lo amenazaron y no concretó su compromiso con la sociedad. Los principales ejemplos de impunidad son los casos de ataques a funcionarios que no han sido resueltos ni investigados: el atentado contra Alberto Capella, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana en 2007; la amenaza de muerte a través de un video contra el Gobernador Osuna en 2008; mismo año en que intentaron matar al Director de la Policía en Rosarito Eduardo Montero; los intentos de asesinato contra el Secretario de Seguridad en Tijuana Julián Leyzaola en 2009; y las amenazas contra la vida del procurador Rommel Moreno en 2011. Además de las decenas de policías asesinados en este período. A la fecha el único expediente de funcionarios atacado con detenidos, es el del homicidio del regidor Arturo Castellanos, ocurrido en febrero de 2011, donde faltan por capturar un homicida material y los intelectuales. Las confiscaciones destacadas en que participó la PEP fue una de 134 toneladas en octubre de 2010 y otra de 84 kilos de cocaína en septiembre de 2013, sin embargo eso no redujo la incidencia delictiva en el principal problema del estado: los homicidios violentos. Mientras en el sexenio 1994 a 2001 (Héctor Terán-Alejandro González) se contabilizaron 2 mil 169 homicidios violentos, en la administración de Eugenio Elorduy de registraron 2 mil 543; con Osuna Millán se duplicaron, del 1 de enero de 2008 a diciembre de 2011 (no se contabilizan los dos últimos meses de 2007 y todo el 2013), según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se cometieron 5 mil 532 asesinatos en Baja California.
Conforme a los conteos de ZETA realizado antes de que la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California modificara los números de la página oficial, del 1 de noviembre de 2007 al 31 de agosto de 2013 se perpetraron 4 mil 703 muertes violentas, y de acuerdo a las estadísticas actualizadas y maquilladas de la SSPE fueron 4 mil 346 ejecuciones. Tras los motines –septiembre 2008– que resultaron en más de 30 presos asesinados en la Penitenciaría de La Mesa en Tijuana, la Secretaría de Seguridad del Estado con apoyo de la federación, incrementó substancialmente la inversión. Se construyeron nuevos espacios carcelarios, se optimizó el uso del CERESO de El Hongo (capacidad para 4 mil 600 espacios, se ocupan 4 mil) y se puso en operación El Hongo II (4 mil 608 espacios, se ocupan 800) y se construyeron otros 500 espacios en el Hongo III pero no se han puesto en operación por falta de personal. La información oficial reporta la creación de 7 mil 200 nuevos espacios carcelarios en seis años. En el tema se seguridad de cárceles, se construyó un sistema de pasillos y rejas para darle seguridad al penal de La Mesa en Tijuana, también instalaron sistemas de circuito cerrado, un sistema Integral de Control de Unidades de Abastecimiento, el pase de lista a través de huella dactilar, la creación de la Unidad de Investigación Penitenciaria, un Sistema de Cerraduras Magnéticas en el CERESO Tijuana y se implementaron los inhibidores telefónicos. Edificaron los Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando en los cinco municipios, el Centro de Evaluación Control y Confianza del Estado, se fortaleció la operación de la Academia de Seguridad Pública del Estado y se mejoró el sistema de reclutamiento y selección de aspirantes. Pero no se avanzó en la construcción del retén prometido en la zona de La Salada en Mexicali. En 2010, pusieron en operación el Nuevo Sistema de Justicia Pernal con los juicios orales y la Justicia Alternativa, y mientras algunos abogados responsabilizan a este sistema y a la falta de capacitación de los elementos policíacos del incremento de la incidencia delictiva y el aumento en el número de delincuentes liberados, el Gobernador Osuna lo presenta como uno de sus principales logros, una “superestructura jurídica que coloca a Baja california a la vanguardia”. Y finalmente, a partir del año pasado, le correspondió al estado, por decisión de la Federación, asumir la atención al narcomenudeo, tarea que les ha permitido tener mayor incidencia en el combate al crimen organizado de menor escala, e incrementar su efectividad en el tema de homicidios relacionados con la venta de droga, pero esta mejora corresponde solo al presente año. En homicidios, de enero a agosto de 2013 se cometieron 502, en el mismo período se capturaron a 130 presuntos responsables y se dieron 90 consignaciones. En narcomenudeo, de agosto 2012 a agosto 2013 el resultado fue: 8 mil 204 personas detenidas, 5 mil 234 fueron consignado, 3 mil 128 autos de formal prisión y dos mil 237 sentencias condenatorias.
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