Estado y municipio desperdician recursos

Gobierno del estado y municipios pulverizan la inversión del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) y con ello evaden una realidad que, por no atenderse a tiempo y en la medida requerida, facilita la delincuencia entre sectores vulnerables como son los migrantes. Cada año, la atención a grupos de migrantes, adictos, adultos mayores, hombres, mujeres o niños que son víctimas de la violencia, el crimen organizado y específicamente del narcomenudeo quedan en manos de 980 organizaciones civiles que operan en los cinco municipios de Baja California. Ahí se reparten 90 millones de pesos de recursos públicos estatales y municipales. Con el PRONAPRED ambos gobiernos repiten la fórmula utilizada cuando de programas preventivos se trata: Asignar partidas mínimas a grupos de asistencia para delegar en ellos una responsabilidad que les corresponde asumir. Para colmo, los 99 millones de pesos destinados a Baja California en la primera edición del PRONAPRED no solo se fragmentaron en programas como entrega de lentes o reparación de calles y banquetas, o concursos de talento artístico, además la administración del recurso está en disputa. Y mientras el gobierno de Carlos Bustamante reclama el control de los 39.3 millones que debe ejercer del nuevo programa para poder adjudicar directamente obras que por su monto deben ser licitadas, poniendo así en riego de que el apoyo le sea cancelado, en Tijuana se cae el proyecto de construcción del Centro Integral de Apoyo a Repatriados (CIAR). Proyectos en trance De reciente creación, el PRONAPRED es el programa emblemático del gobierno de Enrique Peña Nieto; para su primer año de operación se designaron 21 municipios de todo el país para atacar en ellos las áreas más conflictivas, entre ellas la Zona Norte y El Pípila, en el caso de Tijuana. En total, la Federación destinó 2 mil 500 millones de pesos, de los cuales 99 millones se ejercen en Baja California, divididos de la siguiente manera: Gobierno del Estado, 39 millones a ejercerse en Tijuana y Mexicali; municipio de Mexicali alrededor de 20 millones; mientras el municipio de Tijuana cuenta con un presupuesto de 39.3 millones. Además de autorizar las partidas, el gobierno federal determinó los ejes y los polígonos en los cuales se aplicarían, que en el caso de Tijuana contemplaba únicamente El Pípila, pero el gobierno municipal solicitó se incluyera también la Zona Norte, tomando como base un proyecto de atención a deportados elaborado por el Instituto Nacional de Migración (INAMI). Fue así que el 33 por ciento del monto de PRONAPRED para Baja California, 39.3 millones de pesos, se aprobó para la Zona Norte de Tijuana. Echar andar el CIAR requería de una inversión de 40 millones de pesos, la obra prevista a erigirse en un terreno aledaño a la Garita de El Chaparral, congregaría en un solo punto las instancias de gobierno municipal, estatal y federal encargadas de brindar atención y servicios a los repatriados. Pero en su lugar, el municipio de Tijuana invirtió menos de la quinta parte del PRONAPRED en módulos dispersos en cuatro puntos distintos para que se les asista, dos de ellos a cargo de áreas de asistencia social, mientras que el resto del dinero lo contempla dedicará a acciones de rehabilitación de instalaciones deportivas y cultura popular, en beneficio de jóvenes y adultos. “Debido a los tiempos y a que el recurso llegó a mediados de junio tuvimos que reorientar el proyecto”, justificó Lot García, directora de Prevención al Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La división del recurso permitirá que solo una partida de 7 millones de pesos se destine a organismos que atienden tanto a migrantes, como a deportados y a personas en situación de calle. Tres de ellos operan en el polígono de acción (Desayunador del Padre Chava, Casa del Alfarero y Ejército de Salvación), mientras que la Dirección Municipal contra las Adicciones (DIMCA), paramunicipal que también absorberá parte de estos recursos, lo hace fuera del área autorizada, la cual comprende de la calle Segunda, hasta el Centro Educativo Agua Caliente; y de la colonia Libertad Parte Baja, hasta la Casa de la Cultura Altamira. “Con DIMCA se va trabajar en algo inédito, el primer Centro Municipal de Rehabilitación de Mujeres, el cual se ubicará donde era el pabellón psiquiátrico de la Estancia Municipal de Infractores (EMI), ahí se albergará y rehabilitará a 100 mujeres adictas e indigentes del Bordo y de la Zona Norte”, detalló Lot García. El resto del PRONAPRED, 32.3 millones de pesos se contemplan ejercer en la rehabilitación de un gimnasio urbano, fortalecimiento de la policía Juvenil, un kiosco de recepción y registro de migrantes en un terreno del Instituto Nacional de Migración (INAMI), ubicado en El Chaparral, así como acciones de limpia y arte urbano en la parte de la canalización del Río Tijuana que corresponde al polígono a atender. Lot García no entiende por qué el estado no ha canalizado los recursos al municipio; sus superiores solo le indican que el dinero no llega porque el estado no quiere soltarlo porque no se ha licitado: “Pero si sólo 10 de las 27 acciones que tengo programadas rebasan el millón de pesos, ¿por qué no me entregan los recursos para las 17 restantes?”, cuestiona. Lo que Lot no sabe es que el municipio de Tijuana envió un paquete englobando 22 acciones, sin determinar que algunas de ellas se destinarían directamente a organizaciones civiles, rubro que está fuera de licitación. Todas las acciones programadas entran en el eje de acción previsto en el PRONAPRED, no así la forma en que se canalizarán los recursos, expone Manuel Aguilar Bojórquez. Como ejemplo, menciona el caso de los módulos en los que el municipio determina una inversión global de 8 millones de pesos, para migrantes siete, pero sin especificar que el dinero se dará a asociaciones civiles, cultura popular 2.4 millones, 2.2 millones para instalaciones deportivas, entre otras 20 acciones. Diez proyectos con inversiones que ameritan licitación pública y 10 más que no tienen expediente completo, en total 20 programas en riesgo de perderse. “Solo dos proyectos de un monto total de 450 mil pesos cuentan con expediente integrado, recursos que le serán proporcionados en los próximos días al municipio”, añadió. Siguiendo con el criterio del contrato, el XX Ayuntamiento podrá alcanzar cuando menos adjudicar en noviembre las obras y que sea la próxima administración la encargada de ejecutarla en diciembre y enero. “Ellos tendrían todo bien si inician con la licitación ya, porque el proceso se lleva un mes, no hay vuelta de hoja, tienen que licitar”, concluyó Aguilar Bojórquez. El estira y afloja de Bustamante A sabiendas de que había una normatividad definida que le impedía disponer los recursos de PRONAPRED a voluntad, el XX Ayuntamiento dejó pasar un mes antes de entregar el paquete de acciones en las que su administración trabajaría en materia de prevención social de la violencia y delincuencia de la Zona Norte. Le apostó al limitado tiempo que le queda a su gobierno y a que, por ser programas contra la delincuencia, los recursos los podría englobar en el área de seguridad, en el que usualmente otorga contratos de asignación directa con el pretexto de ser acciones de alto riesgo. Pero en este caso, por ser proyectos específicos de prevención del delito, “hay que ejercerlo y ejercerlo bien, si no se regresan los recursos”, advirtió Manuel Aguilar Bojórquez, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. A decir del funcionario estatal, la mecánica del manejo de los recursos se explicó desde el momento mismo de que se dio a conocer el programa y se signó un convenio entre Federación, estado y municipios beneficiados, en el mes de mayo, y se reafirmó en tres reuniones posteriores. Tanto para Mexicali como para Tijuana la Federación ya había previsto los polígonos dónde se ejercerían los recursos de PRONAPRED, pero los gobiernos locales pidieron una reprogramación de los mismos para ampliar el eje de acción hacia otras zonas conflictivas: “El gobierno de Tijuana propuso ejercer parte del presupuesto en la Zona Norte y no solo en El Pípila, como lo había contemplado de inicio la Federación”, precisó Aguilar Bojórquez. Dadas las características del Bordo de Tijuana y a la problemática de migrantes y delincuencia que ahí se asienta, no solo se avaló la propuesta, sino que del presupuesto de 58.7 millones de pesos destinado para este municipio se le asignó la mayor partida, 39.3 millones, mismos que serían aplicados por el gobierno de Carlos Bustamante. El 70 por ciento de los 99 millones de pesos correspondientes a Baja California los bajó la Federación a principios de agosto, mes en el cual el estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOE) y el municipio de Mexicali, aprobaron y documentaron las acciones en las que trabajarían. No así el XX Ayuntamiento de Tijuana. La propia SEDESOE opera en Tijuana el polígono de El Pípila en el que se registra un avance de más del 60 por ciento en un parque lineal que contempla una unidad deportiva, campo de beisbol, biblioteca pública y rehabilitación en calles y andadores peatonales aledaños. Una vez contratada la obra, ya por licitación, invitación restringida, o adjudicada directamente, dependiendo los montos a invertir, el estado fue entregándoles los recursos;  desde septiembre comenzaron a bajar a SEDESOE y al gobierno de Mexicali. Fue hasta entonces que el gobierno de Carlos Bustamante presentó su paquete de acciones, englobadas en un 99 por ciento en rubros que fluctúan entre los 2.3 millones y hasta los 8 millones de pesos. Para colmo, pedía le fueran entregados los recursos para manejarlos a su arbitrio, sin presentar las licitaciones y contratos a los que hay lugar por tratarse de obras públicas. “El convenio señala que el administrador de los recursos es el estado y el ejecutor es el ayuntamiento; ellos realizan los proceso de aprobación, licitación de las obras, adjudicación y ejecución de las acciones, nosotros solo velamos por que se cumpla con las leyes y normatividades federales para hacerles entrega de los recursos”, subrayó Manuel Aguilar. El funcionario agregó: “Ni con Mexicali, ni con SEDESOE tuvimos problemas, no hubo confusiones, sólo Tijuana ha incumplido con las especificaciones técnicas requeridas para que se les entregue el dinero, que ahí está y de ninguna manera se les está negando, sólo se les pide apegarse a la normatividad, de lo contrario no les será proporcionado”, sentenció. Uno de los argumentos de la administración municipal es el limitado tiempo que le queda para ejercer los recursos; a punto de fenecer el XX Ayuntamiento exige el dinero para ejecutar las obras programadas, pero evade cumplir con los tecnicismos propios del régimen federal. “Están muy preocupados que porque los tiempos no le alcanzarán al término de su administración y por eso no se ha avanzado; no hemos podido ponernos de acuerdo, nosotros tenemos que cumplir con las reglas del convenio, normas y cláusulas, no les podemos dar el recurso”, reiteró. Paliativos, no soluciones Tanto la Zona Este como la Norte, en Tijuana, son consideradas áreas de alta incidencia delictiva y donde se ubican los grupos más vulnerables socialmente. En el caso de la Zona Este, los grupos de deportados, migrantes y adictos que habitan en la canalización del Río Tijuana y/o en un improvisado albergue instalado a modo de campamento en la Plaza Constitución, deriva un alza delictiva tanto en la Zona Centro, como Zona Río. “Particularmente son delitos menores que ni con más armas, ni más policías se va a resolver, ahí se requiere de estrategias de tipo social para paliar la pobreza y marginación, principales causantes de esas infracciones”, consideró Lot García, directora de Prevención al Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Es por ello que dijo que con el PRONAPRED se dará ayuda a cuatro centros que los atienden. Sin embargo, el apoyo que se les dotará les permitirá albergar a 400 personas más, cuando a diario son deportados un promedio de150 personas, y se estima que en el Bordo y Zona Norte deambulan alrededor de cuatro mil migrantes, que sin identificación y recursos, son presa fácil de la delincuencia y la drogadicción. También el gobierno del estado divide el recurso de PRONAPRED en El Pípila, asentamiento ubicado en la Zona Este de Tijuana, donde invertirá19.3 millones de pesos en acciones que van desde la entrega de lentes, hasta programas de rehabilitación de una línea deportiva, apoyo a jóvenes y mujeres, así como reparación de obra urbana como vialidades, banquetas y un andador peatonal. El estado se ocupará de ejecutar las obras, pero la atención directa a los grupos vulnerables las dejará en manos de las ONGs, reconoció Porfirio Vargas Santiago, director de inversión de SEDESOE. En Mexicali la dependencia estatal se encargará del polígono de Valle de Puebla, en el que se invertirán 18 millones de pesos; ahí trabajará en obras encaminadas a fortalecer el proyecto de la ruta de transporte urbano, principalmente en cinco acciones en las que se incluyen el mejoramiento de una unidad deportiva y tres parques públicos, así como un campo de futbol, además de un centro comunitario que será operado por organizaciones civiles. El municipio de Mexicali, por su parte, manejará 18 millones de pesos de PRONAPRED, mismos que ejercerá en obras de rehabilitación del Centro Histórico. Una partida adicional de 4.3 millones la ejercerán de manera conjunta gobierno del estado y ayuntamiento para un eje denominado multipolígono, en el que se promoverá el deporte por parte de OSCs. Tanto el Gobierno del Estado como el de Mexicali ya han ejercido más del 60 por ciento de los recursos autorizados, mientras que la administración de Carlos Bustamante tiene estancado el programa, empecinado en manejar a voluntad el dinero y no licitar obra pública de montos superiores al millón de pesos. Así, mientras la incidencia de delitos va en franco crecimiento en Tijuana, con un alza de hasta un 26 por ciento en asaltos, robos a casa habitación, comercios y de vehículos, el aún Alcalde pareciera más interesado en beneficiar a particulares con adjudicaciones directas, que a la población más vulnerable de la ciudad.