En medio de una crisis de credibilidad y confianza, tratándose de expectativas en torno a los políticos, la ciudadanía no puede negarse a conservar muy en el fondo, la esperanza de que tal vez, en esta camada –la recién estrenada XXI legislatura de Baja California– venga algo bueno. Después de todo, el abuso del erario, la deficiencia legislativa y el manipuleo político que alcanzó una impunidad cínica con los integrantes del Congreso saliente, no les dejó difícil la tarea de mejorar lo hecho. Como el buen juez, pueden empezar por la casa. El estado necesita con urgencia representantes sociales que no se vendan, por lo tanto es de vital importancia que ya definidas la integración y presidencias de comisiones, que en el resto de sus intervenciones durante los proximos 3 años, no intercambien las posiciones y votos por bonos personales, apoyos económicos del poder ejecutivo para sus proyectos, o empleos para sus amigos y compadres. Asimismo, será básico, que al analizar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos pongan por delante las necesidades de los bajacalifornianos, y no secuestren estos temas para proteger los intereses de sus partidos o del Gobernador. Estas primeras decisiones definirán de qué están hechos. Dadas las condiciones económicas, están obligados a legislar, para reformar los cambios impuestos –por la mayoría priista y la convenenciera discapacidad panista– en la Ley Orgánica del Poder Legislativo que les permitieron a los diputados 2010-2013, inflar la nómina y convertir el Congreso local en una agencia de empleos con abusivos salarios, donde los jefes subastaron sus importantes votos al mejor postor. Reducir el injustificado y dispendioso presupuesto del Congreso, optimizar recursos y personal, constreñir los órganos de apoyo parlamentario, las direcciones, el número de puestos y la nómina, disminuir el número de secretarios, asesores, coordinadores de módulos, comprimir los sueldos de los trabajadores de confianza de primer nivel que no tienen fundamento en la realidad de la entidad. También bajarle a lo presupuestado en viajes, gastos de representación, propaganda y publicidad. Los 12 diputados de la coalición Unidos por Baja California (PAN, PEBC, PRD, PANAL) prometieron “transparencia y ejercicio responsable de los recursos” y deben cumplir, obtener el apoyo de los otros 14 legisladores no debería ser problema porque resultaría absurdo y hasta ilegal, que los 11 representantes de la Coalición Compromiso por Baja California (PRI, PES, PT, PVEM) y los dos del Movimiento Ciudadano estuvieran a favor del dispendio y la opacidad. En ese sentido tampoco les debe resultar complicado obtener los 17 votos que necesitan actualmente para anular la reforma con la que la XX legislatura pretende mantener en sus puestos al personal técnico y administrativo para ocultar los malos manejos de sus antecesores. Y previo análisis concienzudo, redefinir el papel que deben desempeñar las coaliciones y las mayorías absolutas y relativas en el contexto de un congreso donde ningún partido alcanza los votos mínimos para hacer avanzar Leyes y reformas. Debido al desaseo de quienes los antecedieron, deberán buscar y ejercer facultades para volver a revisar las cuentas públicas aprobadas y desaprobadas en medio del intercambio político de la campaña electoral 2013, para identificar y sancionar a los funcionarios corruptos y obligarlos a resarcir el daño al erario. No estaría de más, que se obligaran públicamente a no abandonar su trabajo legislativo por perseguir otra candidatura. Y como pueblo escaso de líderes con propósito social, resulta importante que a la brevedad enumeren ante la ciudadanía sus objetivos específicos en materia legislativa, para que los ciudadanos puedan medir hasta dónde cumplen. Si de legitimar decisiones trascendentales se trata, no pueden seguir ignorando a la ciudadanía, evadiendo las figuras del plebiscito, el referéndum, y la iniciativa ciudadana. Ya encaminados en las peticiones, resultará prudente que modifiquen la indigna tradición legislativa de convertir los nombramientos de magistrados, consejeros y procurador en botines de carroña política. Pero sobre todo se les exige que cumplan eficazmente con sus deberes principales: 1.- El de legislar con responsabilidad, evadir en lo posible la dispensa de trámite, que eviten solo “copiar y pegar” las reformas propuestas en otras latitudes, eludan legislar lo que ya está legislado, declinen hacer propuestas sin previo análisis, viabilidad financiera y estudios socioeconómicos. Duden y discutan de cara a sus gobernados, porque los temas que afectan a la ciudadanía requieren un análisis exhaustivo, y no tiene que darse en lo oscurito. 2.- La revisión responsable de las cuentas públicas. Se les solicita a los recién estrenados legisladores respeto a su investidura, honor y voluntad para invertir tiempo y toda su capacidad –más allá de la obligación– para buscar, encontrar, e implementar soluciones a los problemas de los bajacalifornianos. Y hacia afuera, podrían empezar por posicionarse y defender la postura bajalifoniana ante una inequitativa reforma fiscal federal.
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