El 53 por ciento de los 17 mil 500 internos recluidos en las cárceles del estado aún no reciben una sentencia. Se trata de 9 mil 275 personas con procesos autoridad judiciales sin concluir, según cifras de Héctor Grijalva, subdirector del Sistema Penitenciario de Baja California. Incluso, sin tomar en consideración los más de 9 mil reos sin sentencia, de la población de 8 mil 225 que sí están cumpliendo una condena, para mil 925 de ellos, resultan insuficientes las instalaciones penitenciarias. Si bien, como lo expuso el funcionario, en los últimos 12 años se ha logrado pasar del 151 por ciento al 11 por ciento en el tema de sobrepoblación en las cuatro cárceles de Baja California. Con estas cifras, cierra prácticamente la actual gestión estatal. Grijalva aseguró que la percepción de un incremento en la población penitenciaria no es correcta, y que en todo caso puede deberse a que a los juzgados del fuero común se les ha pasado la responsabilidad –desde agosto 2012– de delitos como narcomenudeo. “Porque a los juzgados del fuero común se les está incrementando la agenda de trabajo, pero se les está disminuyendo a los juzgados del fuero federal. Ese tema (de las drogas) llega al mismo centro penitenciario, entonces no se ha incrementado la población, simplemente antes teníamos internos por delitos contra la salud, ahora son por narcomenudeo”, refirió Grijalva. Explicó también que quienes demuestran una intención por cambiar su conducta, son considerados casos de éxito. Pero quienes no dan señales de arrepentimiento ni de voluntad de cambio, deben ser separados del resto de la población, para evitar “contaminen” a sus compañeros en proceso de recuperación. Al igual, aquellos que purgan condenas más largas –algunos con hasta 180 años de pena– reciben un tratamiento diferente –ocupacional y psicológico– para ayudarles a aceptar y adaptarse a una vida de reclusión. El robo continúa siendo el principal delito por el cual se encarcelan a individuos, mientras la población femenina continúa siendo minoría, con 5 por ciento, que se traduce en menos de mil internas. Antes de finalizar su cargo, Grijalva mencionó que en Ensenada se instalarán inhibidores de señales de telefonía móvil. Es el único centro de reinserción social (Cereso) que no contaba con ellos. Mientras que en Mexicali, se innovó con la colocación de brazaletes electrónicos con monitoreo para vigilar a quienes gozan de libertad condicional o bien, aquellos imputados con el beneficio de una medida cautelar. Aceptó que otro de los temas pendientes, es el de la sensibilización y aceptación social de personas privadas de su libertad por cometer algún delito. “Que la sociedad acepte que esta persona ya cumplió, esa personas se equivocó, pagó, sale, y le dé una oportunidad de demostrar lo que aprendió. Que acepte al liberado como parte de la sociedad, y como parte productiva de la misma”. Durante su exposición, el subdirector del Sistema Penitenciario refirió que se han trabajado en diversos programas de rehabilitación y reinserción social con los presos. Algunos involucran la participación de sus familias, congregaciones religiosas o bien, su desempeño en oficios. Saúl Ramírez
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