Caótico al extremo ha sido el inicio del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo Federal en la Ciudad de México. Las marchas y plantones que llevan tres semanas, los enfrentamientos entre civiles y granaderos con botellas, palos, piedras, petardos y bombas molotov, enmarcaron la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente. Ni la violencia, ni las calles amuralladas alrededor de los edificios del Poder Legislativo, permiten avizorar un mejor panorama para el análisis y aprobación del cúmulo de reformas estructurales necesarias y pendientes que mantienen estancado al país. De hecho, ante la ausencia de controles y la nula protección o implementación del Estado de Derecho, los contingentes opositores a las decisiones de los legisladores se incrementan al paso del tiempo. Más maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), llegan a la capital del país para sumarse a la resistencia, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), apoyado por Cuauhtémoc Cárdenas, también convocó -por lo pronto- a otra marcha, el domingo 8 de septiembre, ésta “en defensa del petróleo”, inconformes ante las propuestas del PAN y del PRI en materia de Reforma Energética. Falta sumar la participación comprometida de los 16 mil manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que no se han incorporado porque “no caben”, y los pequeños grupos de jóvenes a quienes han calificado de “anarquistas”. El panorama es complejo, pero el trabajo de los onerosos 500 diputados y 128 senadores, continúa siendo proponer, analizar y consensuar los cambios constitucionales y legales necesarios para generar inversión, crecimiento de la productividad y un desarrollo financiero que realmente beneficie a todos los mexicanos… tratándose de democracia, a la mayoría de los ciudadanos de este país. Además, ninguno de estos legisladores es nuevo en el tema, de una manera u otra han vivido o por lo menos convivido -si tienen mucho dinero- con la crisis económica que el país ha padecido de manera crónica desde antes de los ochentas, iniciando otro de sus periodos a partir de 2008. Lo terrible es que en septiembre de 2013, México sigue en picada mientras los precios de alimentos y servicios se proyectan por todo lo alto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó en julio de 2013 a México como el tercer país con la mayor inflación, con un 3.8 por ciento, mientras el resto de los 31 países monitoreados, apenas llegaron al 1.9 por ciento de inflación. En las condiciones actuales, el futuro de los bolsillos y las mesas de “la mayoría” de los mexicanos luce desastroso. Los cambios y las necesarias reformas de “hondo calado”, de las que tanto declaran los congresistas, tampoco son tema desconocido, lo arrastran desde el sexenio pasado. El Presidente Enrique Peña Nieto lo dijo el 2 de septiembre de 2013: les quedan 120 días -a partir de hoy, 116 días- para concretar los cambios necesarios a las leyes, conforme al compromiso firmado por las principales fuerzas políticas del país, en el Pacto por México el 2 de diciembre de 2012. Según el documento, para el segundo semestre de 2013 deberán presentarse y aprobarse 27 reformas, sean a la Constitución, a legislaciones o normas, así que el trabajo para un Congreso que usualmente tiene un desenvolvimiento casi comatoso, está definitivamente sobrecargada. Por sus implicaciones en la maltrecha economía y su relación con la definición de las leyes de Ingresos y Egresos, que también deben revisar y aprobar, destacan las reformas Energética y Fiscal, así que tampoco tendrán mucho que pensar si deben ser más selectivos en cuanto a los temas a reformar y los compromisos del pacto a cumplir. Sin embargo, las voces ciudadanas se han alzado, si los políticos quieren consensos verdaderos o mínimamente incrementar el apoyo de la sociedad también en las mencionadas reformas estructurales, es impostergable que legislen y establezcan controles más claros en materia de Eficiencia del Gasto Público, Rendición de Cuentas y Transparencia; Revisión Política de Subsidios y a los Regímenes Especiales; Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios, para controlar el exceso de endeudamiento. Si bien, los ciudadanos tienen claro que las leyes no son suficientes para abatir la corrupción reinante en el país, no es digno, moral ni posible que el gobierno siga haciendo reformas en las que exige más sacrificios a los ciudadanos comunes, mientras abiertamente solapa a líderes sindicales, políticos y funcionarios públicos ladrones, que desfalcan los erarios impunemente, sin ser castigados y sin regresar a las arcas públicas lo que se robaron. En lo económico, no se trata de aprobar por obligación y con un cheque en blanco las reformas liberales (eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas y venta a la Iniciativa Privada de los monopolios estatales) que los países desarrollados han tratado de imponer desde los años noventa, pero tampoco es cuestión de rechazar solo por filia o fobia partidista, la propuesta de disciplina presupuestaria o la eliminación de subsidios indiscriminado para reorientación de los recursos a servicios para los pobres, como educación, salud pública, que vienen también dentro del planteamiento neoliberal. Señores, su trabajo es analizar qué es lo mejor y qué es aplicable en la realidad del país, pero sin parches, ni reformas a medias como las laborales que hasta ahora solo ha tenido efectos negativos en las economías familiares. Los cambios urgen y están obligados hacer las cosas bien. Exigidos a que las modificaciones legislativas resulten en soluciones de fondo, capaces de generar crecimiento no solo a largo, también a corto plazo y los resultados, además de reflejarse en la macroeconomía, deben llegar ya, porque el número de pobres sigue creciendo y las familias están cansadas de estar esperando. Mientras la clase implicada sigue sin ser escuchada, ha de salir a la calle, a manifestarse en busca de ser tomada en cuenta.
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