Municipales fuera de control

Alejados de la “excelente coordinación” que presumen constantemente las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y quienes dirigen las corporaciones de seguridad en Baja California, un enfrentamiento entre agentes federales, estatales y municipales en Ensenada, el viernes 30 de agosto, mostró abusos, golpes, violaciones a protocolos y una absoluta falta de comunicación. “Presidente, te informo que ahí van para Ensenada más de 50 elementos de Mexicali, de Tijuana, a liberar a las 2 personas que tienes detenidas”, fueron las palabras que la noche del 30 de agosto le dijo al Alcalde Enrique Pelayo Torres el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California. Minutos después, tras la advertencia del funcionario de la PGR, el Alcalde dio la orden a la Policía municipal de liberar a esas 2 personas, que en realidad fueron 3, Francisco Valle Tetriz; Genaro López Castejón; y Víctor Manuel Flores López. Eran agentes federales que se encontraban en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en Calle 9na y Espinoza, tras haber sido perseguidos esa misma tarde por policías municipales y luego estatales. Los municipales los golpearon, y los llevaron a la comandancia de la Calle 9, bajo el argumento de haber violentado reglamentos de tránsito y no haber detenido la marcha del vehículo en el que se trasladaban, cuando los policías se lo solicitaron. Además, por haber provocado el choque de dos patrullas de la municipal. Los federales, de la misma forma en que operan los policías municipales en Ensenada, circulaban en un automóvil con vidrios polarizados, sin placas, y sin portar uniformes. Habían llegado a la Estación de Bomberos Obregón, ubicada en la zona centro de la ciudad, con la intención de arrestar a un sospechoso vendedor de drogas, que resultó ser el bombero Ulises Alonso Contreras, quien se encontraba en ese momento de guardia en el sitio. El Alcalde Pelayo Torres señaló que tras una reunión que sostuvo el lunes 2 de septiembre, en su oficina, al interior del Palacio Municipal con el delegado de la PGR, Rafael González Cervantes, el coordinador de la Policía Federal (PF) en el Estado, Antonio Gutiérrez Lugo, el comandante de Tijuana, Miguel Ángel Zamarripa Méndez, y el de Ensenada Armando Piña Daniel, éstos le informaron que el bombero Alonso Contreras era sospechoso de ser un vendedor de la droga conocida como “ice”.  Los agentes federales, que luego serían perseguidos por la Policía municipal, intentaban llevar a declarar a las oficinas de la PGR al bombero Alonso Contreras, tras ser acusado por un supuesto cómplice, a quien también lo trasladaban en el vehículo sin placas. Fue durante el traslado del presunto bombero narcomenudista y el otro sujeto, desde la Estación Obregón hacia las oficinas de la PGR, ubicadas sobre la Avenida Chapultepec, muy cerca de las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva (PEP), y del Ayuntamiento, que una llamada por la frecuencia policíaca alertó sobre un levantón del bombero, por gente desconocida y vestida de civil. Con esos datos y sin informar nada al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), que coordina y comunica a las corporaciones policíacas, los policías municipales comenzaron un operativo de búsqueda independiente. Aparentemente, habían sido los mismos bomberos quienes utilizando la frecuencia de radio con la que se comunican con los policías, les dijeron que habían “levantado” a Ulises Alonso. Con los datos del vehículo, los policías ubicaron a los sospechosos a la altura de la Calle Segunda y Miramar, esto es, a 3 cuadras de la Estación Obregón. Desde ahí, intentaron parar la marcha del automóvil, a lo que según su versión, se negaron los federales, y el asunto terminó al otro lado de la ciudad, sobre la Avenida Reforma. Sin comunicados formales, la Policía municipal aseguró que los federales no quisieron identificarse, y mantuvieron el vehículo en marcha. Fue hasta que los intervinieron por la fuerza, cuando descubrieron que eran agentes en activo, y que trasladaban a unos sospechosos, que luego fueron puestos a disposición de la PGR, de nuevo. No obstante, los 3 agentes que trasladaban a los sospechosos fueron golpeados durante la detención, uno de ellos severamente. Videos desde los celulares de testigos de la detención comenzaron a circular en Internet, a través de Youtube, y muestran a varios agentes estatales y municipales rodeando el automóvil de los agentes federales. Bajándolos a la fuerza y pateándolos en el suelo. Liberando, aunque solo por corto tiempo, a su compañero bombero. Todo esto ocurrió frente al estacionamiento de la tienda Smart & Final, sobre la Avenida Reforma, entre las calles Plinta y Las Palmas. Justamente la zona donde las 2 patrullas municipales chocaron, y por lo que los federales permanecían encarcelados. Una de las patrullas cruzó el camellón y terminó en el carril izquierdo de la Av. Reforma en dirección sur a norte. Pese al intenso tráfico en la zona, no se reportaron civiles o peatones heridos. La falta de comunicación y los hechos que ocurrirían después mostrarían un choque entre corporaciones policíacas, que según el Alcalde Pelayo, casi terminaba en balacera, pues en los altercados que seguirían entre policías federales y municipales, llegaron a cortar cartucho en sus armas y un municipal fue golpeado y pateado por los federales. Así lo narró ante la prensa local el Alcalde Pelayo: “Aquí el problema fue de que no se identificaron. No se identificaron ni cuando hicieron la detención del bombero este, aquí en la (Estación) Obregón, ni tampoco cuando los fueron persiguiendo”. — ¿Por qué las patadas?, se le preguntó. “Fíjate que me tocó ver el video, me lo llevó el delegado de la PGR a mi oficina, el lunes 11 de la mañana. Y ahí vimos que no fueron municipales. En el operativo también intervino la Policía Estatal Preventiva, y quienes se excedieron en ese momento fueron los policías estatales”, respondió el Alcalde. Sin embargo, uno de los videos en Internet muestra claramente a un policía municipal pateando a uno de los agentes federales. Y a otro sujeto con uniforme oscuro, que podría ser un agente de la PEP o un agente del SWAT municipal, haciendo lo mismo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no ha reconocido que uno de sus agentes haya agredido al agente federal. Solo se limitó a informar, que Asuntos Internos inició una investigación al respecto y serán ellos quienes confirmen si uno de sus policías golpeó al personal de la PGR, o no. “Lo que pasa es que no sabes con quién estás tratando. No sabes cómo te van a responder. El oficial, más bien el subcomandante de la policía municipal que intervino en el operativo, él inmovilizó al que iba manejando la unidad esta. Y al inmovilizarlo y cacharlo, le encontró un arma y le dijo ¿y esto?, entonces el agente federal le dijo, es que soy federal, cuando le ve el arma de la SEDENA. Entonces le dijo, bueno y ¿por qué no te identificaste?”, narró el Alcalde Pelayo. “El caso es que ha faltado comunicación entre los mandos”, agregó. “Yo le decía al delegado y a los comandantes de la federal que vinieron…aquí lo que pasa es de que la Policía municipal tiene la obligación de atender una llamada de auxilio, una emergencia. Y como puede ser un levantón real para cualquier ciudadano, tenemos la obligación de ir a ver lo que está pasando”, intentó explicar el Alcalde. — ¿Quién les reportó?, le preguntó ZETA.  “El C-4 parece ser que hasta después tuvo conocimiento. Ahí lo que pasó fue que los mismos compañeros de bomberos le hablaron a la municipal. Así fue”. Cuestionado por otros medios sobre el porqué de liberar a los 2 federales, dijo lo siguiente: “Dos unidades que fueron chocadas, que ahí lo que sigue es, el seguro va a pagar. La delegación de la PGR tendrá que pagar el deducible. No hay daño patrimonial al municipio. La realidad es de que, en un momento dado yo tomé la decisión y la asumo con responsabilidad, el viernes en la noche tomé la decisión de que los agentes federales quedaran en libertad. Uno estaba totalmente golpeado, lo sacaron de ahí de la policía municipal de la Calle 9, ahora sí que en vilo, cargándolo.  Ese agente se fue para valorarlo a la Ciudad de México se lo llevaron, él tenía 2 meses de haber sido operado…¿Por qué tomé la decisión de decirle al director (de policía y tránsito) Rosales Green y al delegado, de que nos miráramos el lunes en mi oficina? Porque yo recibí la llamada del delegado de la PGR y me dijo ´Presidente te informo que ahí van para Ensenada más de 50 elementos de Mexicali, de Tijuana a liberar a las 2 personas que tienes detenidas´. Y efectivamente cuando yo fui a Seguridad Pública, no entré…estuve ahí afuera. Le dije a uno de mis escoltas, inviten a Rosales Green y al Subdelegado que vengan a platicar. Vinieron a platicar y les dije, saben qué, ya hablé con el delegado, el lunes vamos a arreglar esto, vamos a dejar las cosas como están. Los señores estaban detenidos por esos daños…que son menores, que tomé la decisión de hacerlo porque repito, ya estaban también ahí llegando los agentes federales. Y para evitar cualquier tragedia mi obligación es actuar con responsabilidad, que fue lo que hice”. “Llegaron ahí mismo. Uno de los agentes municipales fue golpeado ahí precisamente en Seguridad Pública por elementos federales. También pateado y también golpeado y hay toda una valoración también médica”, agregó Pelayo a lo que el viernes se convertía en un serio conflicto entre las 2 corporaciones. “Se cortaron cartuchos unos y otros. Cada quien a su lugar, y olvídense ya de esto. Así fue, entonces por eso tomé esa decisión”, remató. No obstante, Pelayo aseguró que existen “muy buenas relaciones” entre federales y municipales. “yo llevo magníficas relaciones con todos ellos”, dijo. ¿Incluso después de este incidente?, se le preguntó. “Claro que sí, claro que sí”, respondió. El Alcalde en oposición a lo que su misma corporación policiaca realiza, comentó que todas las corporaciones deberían traer placas en sus vehículos. Aunque ese mismo miércoles, el director de la Unidad Municipal de Transporte del Ayuntamiento, Raúl Carrillo Espinoza, circulaba en un pick up de reciente modelo y sin placas. Pelayo dijo que los oficiales, todos, deberían identificarse y avisar a los demás cuando realicen cualquier operativo. “Tienen que identificarse y tiene que decirle lo que anda haciendo a la municipal o la estatal. Porque la municipal y la estatal actuaron precisamente porque no se identificaron estas personas. E iban a exceso de velocidad pasándose altos, y todos. Entonces, también por eso los identificaron más fácilmente, porque se iban pasando todos los altos, justificó. Por otro lado, el mismo miércoles, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya, aseguró a ZETA que los agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) sí tuvieron buena comunicación en el incidente del viernes anterior. La reacción de sus agentes, y desde su perspectiva, fue muy distinta a la de la policía municipal. “En este caso sí hubo una adecuada comunicación, inmediatamente que se generó de quiénes se trataban. De que eran elementos de la PGR, bueno, inmediatamente agentes de la PEP ya no intervinieron en este sentido, porque era un trabajo de la propia corporación federal”, dijo De la Rosa. “Ahí lo que vemos es que hubo falta de comunicación entre la corporación municipal y la propia PGR, entonces ya este tipo de temas ya inclusive se trataron el día de ayer en la reunión de grupo de coordinación que se dio ahí en el cuartel ahí en Tijuana. Ya es un tema que no tiene que suceder. Han sido mínimos los incidentes, ustedes recordarán que eso era constante antes de 2008, hoy han sido mínimos pero por supuesto que hay que atender esa problemática que se generó pero fue un problema entre la municipal y la PGR”, advirtió el funcionario estatal. “Lo que podemos reiterar es que inmediatamente que a nosotros lo que nos reportaban era que había una privación de la libertad de personas vestidas de civil y armadas. Por eso la PEP se acerca, constata efectivamente que traen un mandamiento ahí de la detención de esa persona, y pues queda todo normal…no hubo un reporte a C-4 fue una cuestión de frecuencia de la municipal”, agregó. Durante los últimos meses, el comportamiento de la policía municipal en Ensenada ha sido duramente cuestionado por la sociedad civil. El caso más sonado, fue la agresiva represión de policías municipales contra manifestantes, la noche del 15 de septiembre de 2012, cuando detuvieron a una veintena de jóvenes en su mayoría, de movimientos civiles entre los que destacaban “#YoSoy132” y “Ciudadano Consciente Ensenada”, quienes expresaban de manera pacífica su inconformidad ante el gobierno en turno. Además de frecuentes denuncias en espacios de expresión y foros de Internet, existen denuncias formales interpuestas en contra de agentes municipales, por esas actitudes violentas. Por agresiones y detenciones arbitrarias. Esto en instancias como Sindicatura Municipal y la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California (PDHBC). Apenas la semana pasada, el lunes 2 de septiembre, la comisión disciplinaria en la SSPM, deliberaba sobre las posibles sanciones que recibirían los agentes que sometieron a los jóvenes la “noche del grito de Independencia de México”, en 2012. El lunes, durante una votación empatada al interior de esa comisión, el voto definitivo quedaba en manos del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Florencio Raúl Cuevas Salgado. Debía resolver si la SSPM acataría la opinión documentada y entregada por el Síndico Procurador, Carlos Fidel Escobar Hernández, quien sí había encontrado elementos suficientes para hacer responsables de la agresión, violación de derechos humanos, y actuación fuera de la norma y los protocolos, de 11 agentes de la Policía Municipal que participaron en el operativo de esa noche. El Síndico solicitaba desde sanciones administrativas, hasta el cese de algunos elementos. Sin embargo, el Secretario Cuevas inclinó la balanza hacia la negativa y los agentes quedaron completamente sin castigo. “Esto implica de fondo un mal precedente. Porque los demás policías municipales, que en un futuro se vean involucrados en este tipo de situaciones, al margen de la ley, o en actos violatorios de derechos humanos, pues saben que no va a haber sanciones”, aseguró a ZETA el Subprocurador de Derechos Humanos de la PDHBC en Ensenada, Arturo Ruiz Contreras. “Se sienta un precedente de impunidad”, advirtió en torno a la decisión de Cuevas. “En lo que va del año 2013, de enero a agosto, en materia de seguridad pública, tenemos un total de 157 quejas. De las cuales, nuevamente los agentes de la Policía Municipal son los que se llevan la mayor cantidad de quejas recibidas, con 90”, apuntó Ruiz. 31 quejas están dirigidas en contra de policías de la estatal preventiva. 31 en contra personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y 5 están dirigidas contra agentes federales, que pueden ser de la marina, ejército, o PGR. En el mismo periodo enero-agosto en 2012, el total de quejas en la PDHBC en Ensenada había sido de 84. De las que registraron 34 contra policías municipales, 41 contra estatales, y 9 contra federales. “Entonces, volvemos a insistir que el mayor violador de derechos humanos de manera rutinaria para Ensenada, son agentes de la SSPM”, agregó el subprocurador. — ¿Qué opina sobre lo que pasó el viernes con los agente de la PGR?, se le preguntó. “Es un hecho grave además porque en esa grabación se ve cómo actúan contra otros ciudadanos. Es decir hay brutalidad, hay uso excesivo de la fuerza. Esto se logró grabar y se da a conocer por la gravedad de la situación de que son 2 corporaciones policiacas implicadas. Pero esto es un hecho que cotidianamente a nosotros nos lo vienen a denunciar los ciudadanos que son detenidos por los agentes”, respondió.