Con la justificación de facilitar la construcción de la vía rápida Alamar, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementó acciones que califican como “administrativas” para desalojar a pobladores y demoler viviendas. Mientras los afectados afirman no haber sido notificados por la autoridad, Conagua sostiene lo contrario y asegura “actuó conforme a sus facultades”. La mañana del miércoles 11 de septiembre, personal de Conagua llegó a la zona de “El Vergel”, apenas a unos metros de donde pasa el corredor “Alamar”, con maquinaria pesada y elementos de la Brigada de Protección a la Infraestructura Hidráulica. Así, demolieron las casas de madera y otros materiales. A decir de los que ahí habitaban, fueron unas diez casas las derribadas, comentaron que no se les dio tiempo de sacar sus pertenencias, ya que no se les notificó y algunos otros ni siquiera se encontraban en sus viviendas. “Soy albañil, estaba en una obra en la 3 de Octubre y me tuve que venir para acá”, afirmó uno de ellos. Mientras caminaban en la zona donde solo quedaban escombros, alegaban también que personal de Conagua les robó algunas de sus pertenencias y que nadie les habló de una posible reubicación, por lo que en ese momento veían su futuro incierto. “No sabemos qué podemos hacer, no nos han dicho nada. Hay una mujer embarazada, gente con niños, aquí no les estorbamos”, explicó una mujer. Ernesto González, un abogado que se acercó para asesorar a las personas desalojadas, alega que dichos habitantes cuentan con levantamientos topográficos de hace 20 años, además que no pueden ser desalojados sin previo aviso. Por ello, buscará el amparo para estas personas contra las acciones de la Comisión Nacional del Agua. Por su parte, Ángel Lozano Aragón, director de Administración del Agua del organismo, informó que se trató de una diligencia de “carácter administrativo” que permitirá avanzar en la construcción de la vía lenta del Alamar. “Consiste precisamente en remover aquellos asentamientos que se encuentren ubicados en el cauce y en la zona federal del arroyo Alamar, con el objetivo de alojar las vialidades que faltan de la canalización del arroyo Alamar”. Explicó que las personas que ahí vivían no contaban con ningún documento que demuestre su legítima posesión, en todo caso, debía ser un título de concesión emitido por la Comisión Nacional del Agua. El documento presentado a los habitantes de la zona, tiene como el asunto “se ordena visita de inspección y/o verificación”, reza: “responsable, encargado y ocupantes del lugar objeto de la visita… está obligado a permitir inspectores autorizados… así como herramientas y equipo de trabajo necesarios para la realización de trabajos que se requieran”.
Publicidad
