“El punto de vista del gobierno sobre la economía se puede reducir a unas pocas frases cortas: Si semueve, ponle impuestos; si se sigue moviendo, regúlalo; y si se para de mover, subsídialo”.- Ronald Reagan Historia vieja y repetitiva que desde el Centro del país, el Gobierno Federal intente castigar a los mexicanos que viven en la frontera por haber logrado con trabajo, contribución responsable y participación social, estados productivos con ciertos niveles de bienestar. En la propuesta de Reforma Hacendaria, pretende incrementar el IVA del 11 al 16 por ciento en las franjas fronterizas -cuando en las entidades colindantes de Estados Unidos el impuesto al consumo va del 6.25 al 8.75- y cobrar el mencionado impuesto en las importaciones temporales -poniendo en riesgo más de 116 mil empleos-, recaudar el gravamen en la compra e hipoteca de casas, y en el pago de cuotas de escuelas privadas, las cuales existen por la incapacidad del gobierno de atender al 100 por ciento su responsabilidad educativa. La intentona es tan ordinaria, como el hecho de que el Estado federal evada su responsabilidad de ampliar responsablemente la base tributaria, mientras se castiga y sobre-fiscaliza a los contribuyentes cumplidos, al tiempo que se premia con ampliaciones de plazos, condonaciones y subsidios a los ciudadanos incumplidos o evasores. Tan común, como que el gobierno de los mexicanos sostenga oficialmente una doble nómina obesa en la que evade el pago de impuestos, separando el pago de salarios de compensaciones, que se niegue a reducir los injustificados sueldos de funcionarios, que no eficiente el control de gastos, que evite castigar a funcionarios ladrones y prescinda de recuperar los saldos robados al erario. El obligado autocontrol y eficiencia administrativa pretende nuevamente ser suplantado por políticas confiscatorias que no responden a los principios básicos de la regulación tributaria. Ni el de justicia, que se trata de saber decidir qué le corresponde a cada quien, ni la de equidad, tratar igual a los iguales y en forma desigual a los que no se encuentran en igualdad de circunstancia; ni al de proporcionalidad, la capacidad económica y capacidad contributiva, debe ser gravada en forma diferenciada, “para que el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino también en lo que se refiere al mayor o menor sacrificio”, el Artículo 31 constitucional. No es necesaria una mente superdotada para percatarse que las condiciones de las entidades fronterizas son distintas, de entrada por la obligada competencia comercial con los países vecinos y la inconveniente lejanía de la capital, donde se toman las decisiones y se concentran los recursos, que por cierto, generan en un importante porcentaje los estados de frontera. Las circunstancias positivas y negativas de la ubicación geográfica fronteriza afectan a los 9.2 millones de mexicanos que residen en la franjas limítrofes de México, bajo el IVA del 11%, los que ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende tratar como ciudadanos de segunda, estrangulando sus limitadas posibilidades de desarrollo, provocando la fuga de consumidores, la reducción del gasto del lado mexicano, menos recaudación, disminución de la capacidad económica de los ciudadanos, descenso actividad económica del estado y puesta en riesgo del sector productivo; así como la reducción de la competitividad y mayor contracción del desarrollo de la región. En una economía tan afectable, la riqueza disponible real y capacidad contributiva de los estados fronterizos estimada por el Gobierno Federal resulta ficticia. Sin embargo, el gabinete de Peña Nieto prefiere el camino fácil, sin medir el daño potencial para Baja California y el resto de los estados de frontera. Perjuicios que no les son desconocidos, porque gobernadores y empresarios fronterizos los han informado de manera permanente desde 1993, al intentar establecer zonas económicas estratégicas. Todavía más: Estas diferencias que los peñistas tienen la intención de ignorar ya fueron reconocidas mediante tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los magistrados refieren una “tasa diferencial ante condiciones diferentes” con relación al impuesto al consumo, mientras el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, prefiere- sin justificación sustentable- hablar el tema como si se tratara de un impuesto con un importe preferencial o privilegiado. Adicionalmente, su argumento de que el “…IVA-frontera no está beneficiando al consumidor de la frontera, está beneficiando a los intermediarios de las empresas que están tomando para sí esta ganancia”, tampoco se justifica a partir de que sus pretendidas reformas no están estableciendo las condiciones para que el incremento fiscal no sea transferido directamente al consumidor. Pese a los aspectos positivos de la Reforma Hacendaria -eliminación de IETU e IDE-, al final, en lo que se refiere a la frontera, su propuesta fiscal no cumplirá su función obligatoria de reducir la pobreza, incrementar la generación de empleos, o fomentar la competitividad económica, convirtiéndola en una ficción jurídica de potenciales efectos desastrosos. La función de una Ley es resolver problemas no provocarlos, así que los legisladores que han manifestado sus disposición a defender el tema, están en posibilidad de refutar la validez de esta propuesta, de exigir la equidad, justicia y proporcionalidad que la Federación está obligada a cumplir. Porque no se están pidiendo privilegios, se está exigiendo exclusivamente un trato justo.
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