“En Michoacán el gobierno de la República está trabajando para regresar la paz y la tranquilidad a todos sus habitantes. Michoacán tiene y tendrá todo el respaldo del gobierno de la República para asegurar el estado de derecho en cada una de las regiones de esa entidad”, declaró el presidente de la República tras los ataques armados de narcotraficantes, ocurridos en ese estado entre el 22 y el 28 de julio de 2013. Balaceras que terminaron con los asesinatos de manifestantes civiles, policías federales, un marino y el comandante de la Octava Zona Naval Militar con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet. Pero en este como en todos los temas importantes para los mexicanos, el Presidente decidió ofrecer otro de sus discursos carentes de compromisos precisos. Doce días han pasado del inicio de la jornada de ataques y otros tantos de que expresó sus condolencias por los muertos, pero las familias de las víctimas, todos los michoacanos afectados y los mexicanos en general, seguimos sin saber: Qué instancias o secretarías serán o fueron enviadas a reforzar Michoacán, cuántos soldados, marinos, investigadores, ministerios públicos o funcionarios; cuál fue el equipo bélico y las armas que se les proporcionaron, si se amplió el presupuesto o si echó a andar un programa emergente, de igual manera desconocemos cuáles son los pueblos o zonas afectadas y cuál la atención que se les ha puesto. Enrique Peña Nieto discursa de apoyar a los michoacanos con todo, pero no dice con qué y ni siquiera se aparece en el estado a tomar su parte de responsabilidad por esos espacios “tomados por el crimen organizado” de los que habla. Posesiones y posiciones que evidentemente se fortalecieron dentro de su política de seguridad impuesta bajo su gobierno que de entrada –1 de diciembre 2012–, se fundamentó en lavarse las manos, dejar solos a los estados, y sacar al gobierno federal del combate a la criminalidad organizada en las entidades federativas. Y en el colmo, la parafernalia mediática comprada, e impuesta por medios nacionales que en evidente complicidad convenenciera y colaboradora, sin atender las zonas afectadas, sin hablar con las víctimas, le dan voz a los presupuestos asignados a publicidad y comunicación del gobierno federal con más palabrería hueca en titulares mentirosos como: “Recupera Policía Federal Michoacán”, “Se descarta ingobernabilidad”, “Rescate de Michoacán” o “Municipios de Tierra caliente en Paz”. Como si al igual que los cónsules mexicanos en el extranjero, la prensa “independiente” tuviera la obligación pagada de transmitir la certeza de que el Estado está por encima del crimen organizado, no importa que sea mentira. ¿Lo más grave y desalentador del caso michoacano?… Que no es más que otro de los ejemplos del modelo de accionar y hablar del licenciado Peña Nieto, que ha patentado la ausencia de claridad, definición y compromiso, como desalentadora firma del presente gobierno federal. Las muestras se pueden escuchar cada vez que el primer mandatario de la nación abre la boca. Para los incrédulos y crédulos, un breve recuento: Recordemos “El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” con cinco metas nacionales, las dos principales: Alcanzar un México en Paz y Lograr un México Incluyente. Del cómo, del cuánto, del cuándo y para concretar estos “buenos deseos”, nada se sabe. Qué tal la Cruzada Contra el Hambre presentada en enero de 2013 con sus ejes, líneas de acción, pilares y metas, páginas y páginas que no mencionan ningún compromiso específico que los mexicanos podamos comprobar, cuantificar o verificar. Las primeras metas: atención focalizada y corresponsabilidad de las dependencias y gobiernos. Baste decir que seis meses después las entidades siguen definiendo y modificando líneas de acción e inversión particulares y estableciendo responsabilidades. Hablemos del Programa para la formalización del empleo 2013, donde el Presidente nos advirtió la gravedad de que seis de cada diez trabajadores se encuentran en la informalidad más 28 millones de trabajadores en el desamparo legal y como dos de la acciones: impulsar las reformas Hacendaria y Laboral, planes sin novedad porque se trata de proyectos legislativos que se vienen arrastrando del sexenio anterior. En las mismas condiciones las dos primeras “prioridades” de la “nueva” Política Nacional de Salud: “El Estado debe asegurar los servicios de salud a toda la población, independientemente de su nivel socioeconómico o su condición laboral” y segunda “Calidad en el servicio”. Y cerremos con el “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” donde al final solo concluyó con la mención de cada una de las secretarías y sus atribuciones legales, por ejemplo “Secretaría de Gobernación. Vigilará la correcta instrumentación del Programa; Articulará las acciones preventivas al interior de la Comisión Intersecretarial y promoverá la participación ciudadana, así como una cultura social de legalidad y tolerancia”, como si no fueran ésas sus obligaciones por esencia en cada ramo de la administración pública. A nueve meses de gobierno, llegó el momento de que el licenciado Peña se comprometa realmente con sus gobernados, no más cruzadas, pactos o programas que no pasan de ser listados de buenas intenciones anunciados en pomposas presentaciones. Es tiempo que deje de hablar de cambios estructurales, tiene que proponerlos, explicarlos detalladamente para lograr la participación de la ciudadanía e implementarlos. El país no va a cambiar con palabrería y buenos deseos, y eso, es lo único que se ha vivido hasta el momento.
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