La posesión de un edificio ubicado en pleno Centro Cívico de Mexicali. ha abierto la disputa entre la dueña del inmueble y un grupo de abogados que pretenden instalar una universidad privada, la Escuela Libre de Derecho de Occidente, que encabeza el ex magistrado poblano Gerardo Manuel Villar Borja. Se trata de un local ubicado en la confluencia de la calle de la Patria y la prolongación de Avenida de Los Héroes, una estratégica esquina que durante años albergó a Refacciones la Comercial, ubicada a una cuadra del edificio del Poder Judicial de Baja California, a cuadra y media del Poder Judicial Federal. Por un lado, la propietaria Silvia Acosta Valenzuela refiere que apenas se ponían de acuerdo y detectó una serie de irregularidades de la empresa, por lo que se negó a firmar el contrato de renta -por 4 mil dólares mensuales, más 23 mil dólares de renta adelantada por seis meses- y no rubricó el documento. Por parte de la institución educativa, uno de los encargados, Arturo Verdugo, asegura que ya se habían puesto de acuerdo de manera verbal con el representante de la dueña -Jesús Gastélum Vega, de Inmobiliaria ABC-, quien les entregó las llaves y recibió un depósito de 5 mil dólares en efectivo por el que, además, entregó recibo. La señora considera una irregularidad que su representante haya recibido ese dinero -asegura lo depositó en la cuenta de él-, y además, afirma que de entrada los representantes de la universidad privada se habían negado a entregar documentos relacionados con la institución, como el acta constitutiva y el permiso, aunque después resultó que su “representante” sí los tenía. El caso es que la Escuela Libre de Derecho de Occidente aún no inicia actividades en Mexicali y ya está metida en un lío legal. Son posesionarios del inmueble en el cual se realizan reparaciones y adecuaciones, además de que tuvieron que pagar por la instalación de una subestación eléctrica, cuyo costo entre equipo e instalación oscila en 140 mil pesos. “Calculo que le hemos invertido cerca de 500 mil pesos”, refiere el abogado Verdugo, quien asegura que tienen el tiempo encima, ya que está por iniciar el ciclo escolar e incluso, han publicitado el espacio universitario en la prensa local. Verdugo afirma que preparan un recurso legal para depositar la suma que les corresponde ante un Juzgado Civil. Por su parte, la propietaria del inmueble ya acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde a su vez, la remitieron al Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA). Ahí le agendaron una audiencia conciliatoria programada para el martes 20 de agosto a las 10:00 am. Ambas partes dicen estar dispuestas a negociar. Abogados En el local donde antes se ubicaba una refaccionaria, actualmente trabajadores remozan las instalaciones. En medio aparece un gran estacionamiento, y en la esquina sur, una oficina instalada sobre una casa móvil. Desde ahí Arturo Verdugo explica que el 14 lunes de junio de 2013 llegaron a un acuerdo de rentar el terreno con Jesús Gastélum, en representación de la señora Silvia Acosta Valenzuela. El acuerdo mensual fue por 4 mil dólares, pagaderos a seis meses de renta, más uno de garantía. A cambio recibirían tres meses y medio de gracia. Sumaban 28 mil dólares, y de adelanto entregaron a Gastélum 5 mil dólares para “amarrar” el trato; incluso éste entregó un recibo. Pero el lunes siguiente hicieron el depósito de la suma restante en la cuenta bancaria de la señora Acosta Valenzuela. “Me dijo que la señora no iba recibir el dinero, que lo hicieran por trasferencia”, lo que para ellos implicaba ir al banco y abrir una cuenta a nombre de la Escuela Libre de Derecho, y posteriormente, hacer la trasferencia. De acuerdo a Arturo Verdugo, eso hubiera implicado tener que esperar cerca de tres semanas, debido al trámite bancario. “Nosotros seguíamos trabajando, el problema surgió cuando nos dijo que firmáramos este contrato”, explica Verdugo y muestra una copia del documento, el cual, desde su punto de vista, ya no se apegaba al acuerdo previo. Como ejemplo, menciona el caso del servicio eléctrico -donde había la promesa de entregarlo funcionando-, pero después resultó que instalar la subestación significaba un monto aproximado a 116 mil pesos, más el contrato con la Comisión Federal de Electricidad, otros 50 mil. “Dijeron que no iban a hacer cargo”, acusa Verdugo. Aparte, el cableado eléctrico está vandalizado, deteriorado. Narra cómo han tenido al menos una conversación telefónica con la señora Acosta, en la que no llegaron a ningún acuerdo. “Quiera o no quiera la señora, hay un contrato verbal de renta, nos entregaron las llaves, le adelantamos cinco mil dólares”, asegura Arturo Verdugo, para agregar que están por iniciar un procedimiento ante un Juzgado Civil para depositar el dinero. Considera que la señora no ha querido recibir el efectivo, pues al depositarlo en el banco, tendrían que retenerle el 3 por ciento que marca la Ley. Aunado a que tampoco pudieron depositar directamente en la cuenta, pues las empresas solo pueden recibir depósitos de 5 mil dólares cada 30 días. “A la señora lo que le dije es que estaban abusando de la necesidad que tenemos del edificio”, refiere Verdugo. Arrendadora Por su parte, Silvia Acosta Valenzuela menciona que de entrada estuvo de acuerdo en las condiciones que le planteó Jesús Gastélum Vega, de Inmobiliaria ABC, quien era encargado de la contratación del inmueble. Vía telefónica, éste le dijo que habían llegado a un acuerdo previo, pero que luego los arrendatarios “cambiaron de parecer”, pese a que ya habían entregado 5 mil dólares y recibido las llaves. “Me dijo que ellos no querían factura, que nada apareciera a nombre de ellos”, explica la señora. Según Acosta Valenzuela, le aseguró a su representante que necesitaban firmar contrato, dar factura y realizar la transacción de manera legal. “Yo no quiero estar con problemas, no quiero, no debo y no es mi forma de trabajar”, dice la dueña del edificio, quien no estuvo de acuerdo en que su representante recibiera los 5 mil dólares. Luego, el mismo Gastélum manifestó a los arrendatarios: “No tienen permiso, ni acta constitutiva, y ahora pedían diez meses de gracia”. Antes, dice haber recibido una llamada de Arturo Verdugo solicitando la instalación del transformador eléctrico, conversación en la que no se pudieron de acuerdo. Desde ahí -afirma Acosta- decidió que no les rentaría, aunque luego les avisaron que les habían “invadido”; pero en la Procuraduría le comentaron que si habían entregado llaves, aceptado el dinero y entregado recibo, no era exactamente una invasión.
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