En el tema de la Reforma Energética existe una sobredosis de información, alguna de calidad, pero distorsionada con términos demagógicos y tecnicismos. El gobierno bombardea a la sociedad con un alto porcentaje de publicidad oficial tendenciosa, “reportajes” vendidos, verdades a medias y mentiras completas. En esa marea de manipulaciones, para el público en general resulta un reto poder identificar esos datos reales que permitan hacer un análisis y tomar una posición consciente. Las suspicacias de la población ante el tema son justificadas e inevitables. Primero, la desconfianza que ha resultado de la experiencia. Ahí están los resultados del Barómetro de la Corrupción Global 2013, donde México resultó el segundo país más corrupto en Latinoamérica, para los mexicanos entre el 82 y el 87 por ciento de los funcionarios públicos son corruptos, desde legisladores hasta secretarios. Y el 55 por ciento de la prensa está comprada. Además, las desastrosas consecuencias de la privatización de la banca o el servicio telefónico, entre otras. Así, el Presidente Enrique Peña Nieto pretende que se apruebe la reforma constitucional, sin incluir en el paquete las reformas a las leyes complementarias que -de aprobarse- permitan establecer los límites, por ejemplo, de la participación y porcentajes de ganancias de esas empresas privadas, o los controles para evitar la asignación ilegal de contratos. Después, la discordancia entre los datos oficiales de la situación del petróleo en México: 1. Para el pueblo, el uso del miedo como mecanismo de convencimiento: Amenazan, Cantarell, nuestro principal campo petrolero se está agotando, estamos al punto del desabasto, las reservas están en aguas profundas que demandan capacidades de ejecución e inversión que “solo” se pueden alcanzar con la concurrencia de diversas empresas petroleras. Estados Unidos se volvió autosuficiente y nuestro otrora mejor cliente, ya no nos va a comprar petróleo. Sume Usted la persuasión dirigida a explotar las emociones y necesidades apremiantes de la ciudadanía, porque sin elementos que les permita avalarlo, los proponentes aseguran que la aprobación de la reforma garantiza “la reducción de precios de gas, electricidad, alimentos y fertilizantes, creación de medio millón de empleos, mayor inversión en programas sociales y mejorar calidad de vida de los mexicano”; claro que no dicen para cuándo, ni cómo ni de dónde. Además, como si fuera la solución para evitar la corrupción, garantizan a los mexicanos “el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio energético nacional”. Pero no dicen nada de juzgar a los administradores y líderes sindicales para obligarlos a regresar lo que se robaron, o de legislar para amarrarle las manos al sindicato. 2. La versión es distinta para los empresarios y posibles inversores, con ellos la estrategia política es vender un escenario triunfalista. Donde la situación de la petrolera mexicana es la mejor. Esta discordancia informativa fue dada a conocer en un video en internet por Andrés Manuel López Obrador, quien exhibió la exposición presentada por el gobierno, titulada Expo Foro PEMEX, donde se muestra entre otras cosas que: – PEMEX es el cuarto productor de crudo a nivel global, y la décimo primera compañía más grande de petróleo y gas en el mundo. – Por ingreso, ocupa el lugar 13 de las principales empresas más importantes en América y el mundo. – Las ganancias de PEMEX (antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y antes de que una desproporcional recaudación fiscal) son superiores a los de todas las empresas listadas en el Índice de Precios al Consumidor. Ejemplifican con América Móvil, Walmart, Femsa y CEMEX. Pero tampoco hablan de una reforma fiscal en el tema para dejarle más dinero a Petróleos Mexicanos para invertir. Después de estas dos versiones del gobierno, no podemos saber qué pasa con PEMEX, pero sí queda claro que el gabinete peñista está dispuesto hacer lo que sea para conseguir lo que quiere, y no es la modernización de PEMEX. Su misión llana es eliminar los subsidios y entregar un porcentaje de la empresa más lucrativa del país a la iniciativa privada, para que otros le hagan el trabajo y él funcionar como simple rentero. Además, va a resultar que mantendremos el enorme e intocable aparato gubernamental y sindical de PEMEX, solo para administrar las ganancias que otros generen. Y no se trata de nacionalismo esquizofrénico ni de oposición a la Porfirio Muñoz Ledo, de “pónganle como le pongan me opongo”, sino de la urgencia de claridad y transparencia, lo mínimo que puede exigir un mexicano tratándose de los recursos que aportan más del 50 por ciento del presupuesto del país. De entrada, y antes de que los diputados y senadores entreguen un cheque firmado en blanco con la Reforma Constitucional, valdría que ellos y los mexicanos tengamos claro en qué consistirán esos “Contratos de Utilidad Compartida”, si es de un tipo o de varios. Que delimiten específicamente las reglas de operación para búsqueda y explotación, qué medidas se tomarán para que no se inflen los gastos, en qué porcentaje se van a compartir los costos y las ganancias. Y si de verdad quieren usar al General Lázaro Cárdenas para otra cosa que no sea mera pantalla: establecer los mencionados contratos como títulos precarios revocables, cuya terminación no esté sujeta a controversias. Que eso de entregar PEMEX a la iniciativa privada no sea una obligación, ni se limite su función a la” regulación y distribución”, porque eso fue lo que planteó el ex Presidente en 1940, así se lee en el texto publicado el lunes 12 de agosto de 2013 en la página electrónica de la Presidencia.
Publicidad
